Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sus dispositivos brindaron asistencia a más de 13.000 personas sin hogar y, con respecto al año 2024, supone un incremento del 20%.
Unas 1.500 personas accedieron por primera vez al sistema de alojamiento que registró un total de 8.266 plazas o un aumento del 50%.
Estas cifras se ubican en un nivel bastante más elevado en comparación al panorama que mostraba el último censo correspondiente a 2023, cuando se apuntaba a una población que oscilaba entre 1.300 y 2.700 personas. El problema, históricamente concentrado en la capital del país, se extiende por todo el territorio y cerca de 1.000 están fuera de Montevideo.
Las redes sociales y los medios de comunicación viralizan cada vez más esta situación que, además, es motivo de cruces dentro de la propia fuerza política en el gobierno, así como desde la oposición.
La consultora Cifra mostró que el 62% de los votantes frenteamplistas evalúa positivamente el operativo encabezado por el Ministerio del Interior y el 74% del total de los consultados se manifestó de acuerdo con el traslado de las personas aún contra su voluntad.
Las opiniones son contundentes: ocho de cada diez votantes de la oposición, pero también siete de cada diez votantes del Frente Amplio se manifestaron de acuerdo con la internación compulsiva.
Esta presión hacia el gobierno se agudizará en los próximos meses ante el descenso de la temperatura y la necesidad de resolver acorde a las circunstancias para evitar el antecedente del año pasado, con el fallecimiento de al menos siete personas. La intensidad de los reclamos obligó a alinear fuerzas detrás del Mides junto al Ministerio del Interior, entre otros organismos, y establecer un programa intensivo con la declaración de alerta roja para esta población en calle.
En estos días, el gobierno anunciará un plan de contención ya resuelto en el último Consejo de Ministros celebrado antes de la semana de turismo. Con la mira puesta en un abordaje “integral”, el ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que aplicará una “estrategia de abordaje” junto a otras herramientas sociales.
Este plan se elaboró a raíz de 40 encuentros nacionales realizados en el país –la mitad en el Interior– con unas 2.000 personas entre técnicos, ciudadanos y personas afectadas.
Pero el problema son los desbordes públicos que visibilizan aún más esta problemática. Al incremento de personas en calle, se suman las situaciones de convivencia, hurtos y vandalización que cruzan a la opinión pública.
Lo hablan en el comité, entre los legisladores oficialistas y distintos dirigentes, que no encuentran respuestas a un problema que crece. Algunos lo escriben en sus redes sociales, otros lo señalan públicamente y una mayoría lo comenta con micrófonos apagados. No es fácil ni rápido de resolver, porque eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. El problema de la calle no se quita sólo con voluntad política para tomar la decisión y la convocatoria de la fuerza pública para que levante los campamentos.
Resulta una imagen cotidiana que ocupen espacios públicos y veredas en condiciones paupérrimas, provocadas por el consumo problemático de sustancias. Entonces, la solución no es únicamente una vivienda para salir de la intemperie.
Por un lado, se ve públicamente la pérdida de la dignidad humana. Pero también se observa nítidamente el hartazgo de la sociedad. Las comunidades se encuentran divididas entre quienes opinan sobre la necesidad de un enfoque basado en derechos, y aquellos que reclaman medidas más duras con la obligatoriedad de tratamientos contra las adicciones que prioricen la convivencia.
Porque la sociedad en su conjunto ya ha manifestado de manera reiterada, que la creciente inseguridad impacta en los barrios y la presencia de personas que pernoctan en cualquier espacio propicia el desorden y la percepción de la normalización de la falta de reglas de convivencia. No es momento para defender al gobierno a toda costa o sentarse a tirar piedras mientras el fenómeno crece en el mundo entero. En Uruguay, aún se habla del enfoque comunitario de la salud mental, pero la comunidad no está preparada para ese enfoque. La extrema exclusión empeora con el consumo de drogas duras y alcohol, además de sus vinculaciones con el delito.
La sostenibilidad de los programas de atención a la salud mental deberán tener una continuidad y seguimiento sostenido en el tiempo. Y no hay suficientes recursos económicos –en primer lugar– para contratar técnicos, establecer una logística y organizar un lugar de alojamiento para el abordaje del consumo crónico de los usuarios. Después, para evitar el retorno a lo que ya conocen en la calle, deberán ser incluidos en planes de viviendas y de vinculación laboral.
Cada cinco años la ciudadanía invierte proporciones importantes de sus impuestos en programas sociales enfocados a distintas políticas presupuestales. Hace años que escuchamos hablar de salud mental, pobreza, infancia y adolescencia. Los diagnósticos están superados por la realidad.
No hacen falta más estudios ni consultas específicas sobre el tema porque la voz ciudadana se encarga de avisarle a los gobiernos de turno que el problema sigue allí.
Fallaron varias administraciones y también el enfoque de las políticas educativas y de trabajo. El Estado se fue retirando de algunos barrios, el narcotráfico ganó espacio con el paso del tiempo y el abuso de sustancias se instaló en una población vulnerable que nada tenía que perder. El sistema represivo y el panorama carcelario agravó aún más el problema, porque salen sin nada y a la calle nuevamente.
Este fenómeno que dejaron que se extendiera en el tiempo, ahora es mucho más complejo, tiene varios orígenes y no converge en la “revolución de las cosas simples”.
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