La reciente prórroga acordada entre el gobierno y la multinacional HIF Global para avanzar en el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú responde, en lo esencial, a la complejidad técnica y comercial de la negociación energética con UTE, un aspecto que la propia empresa considera central para la viabilidad de la inversión.
Se estableció ahora que el vencimiento sea el 30 de junio para acordar una cifra. El plazo inicial regía hasta el 31 de marzo; la firma reclama desde 2023 que el precio se establezca en 40 dólares por megavatio hora, mientras que el Poder Ejecutivo pretende un valor más elevado.
Fuentes de la compañía señalaron a EL TELEGRAFO que el eje de la discusión no se limita a un precio lineal de suministro eléctrico, sino a un esquema de intercambio que combina compraventa de energía en condiciones diferenciadas. Según explicaron, el modelo en análisis implica que la empresa no únicamente compre energía a UTE, sino que también le venda parte de la que genere, bajo contratos de largo plazo y con condiciones específicas.
“Lo que se está negociando son los valores de intercambio de la energía”, indicaron desde la empresa.
La referencia a un suministro estabilizado apunta a una de las necesidades clave del proyecto, que requiere energía constante y predecible para sostener los procesos industriales vinculados a la producción de combustibles sintéticos. En ese marco, el acuerdo debe contemplar tanto la generación como la capacidad de respaldo y la gestión de la variabilidad de las fuentes renovables.
Desde la compañía subrayaron que este esquema carece de antecedentes directos, lo que añade dificultad a la negociación. “No es que se compra la energía que UTE produce a los costos que UTE la produce”, explicaron, en relación a que el contrato deberá contemplar múltiples variables técnicas, financieras y regulatorias. El modelo planteado, insisten, incluye compromisos de largo plazo.
A esto se suma la discusión sobre la infraestructura necesaria para viabilizar el proyecto, en particular las líneas de transmisión que la empresa prevé construir y financiar. La titularidad y operación de esas redes es otro de los puntos en análisis entre las partes.
En este contexto, la extensión de los plazos aparece como una consecuencia esperable del proceso. “La postergación es parte de la negociación previsible. No hay ninguna novedad”, señalaron las fuentes. El memorando firmado en 2025 había establecido un período inicial de 90 días para avanzar hacia la decisión de inversión, pero ese lapso resultó insuficiente.
Variable del precio
El Poder Ejecutivo y HIF Global acordaron extender hasta fines de junio el plazo para alcanzar un entendimiento, con la expectativa de resolver antes de esa fecha el rol de UTE en el suministro energético. La variable del precio continúa siendo el principal punto de diferencia, en un componente que representa alrededor del 70% del costo total del proyecto.
La iniciativa prevé una inversión de unos 5.385 millones de dólares y la construcción de un complejo industrial para producir e-combustibles a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. En caso de concretarse, se trataría de la mayor inversión en la historia del país, con impacto directo en el empleo durante la etapa de obra y en la operación posterior. Además, se estima el involucramiento de unos 1.400 empleados durante la etapa de construcción y a otras 300 personas a tiempo completo en forma permanente en la etapa de operación.
Desde la empresa mantienen como horizonte cerrar los acuerdos hacia fines de este año. “Sigue vigente la preocupación de HIF de tener esto cerrado a fines de año”, indicaron, en referencia a los tiempos necesarios para asegurar financiamiento y avanzar en la decisión final de inversión.
El proyecto prevé la construcción y operación de una planta de e-combustibles basada en el uso de energía renovable, hidrógeno verde y dióxido de carbono de origen biogénico, con una producción estimada en torno a 880.000 toneladas anuales. De concretarse, la empresa proyecta realizar los primeros envíos hacia finales de 2029.
La iniciativa impulsada por HIF contempla además el desarrollo de un parque eólico y una planta de energía solar, con una capacidad de generación cercana a los 2,3 gigavatios, equivalente al consumo del país en momentos de mayor demanda. Este esquema requiere un acuerdo con UTE por diversas razones. En una primera etapa, el suministro energético provendría de la empresa pública; posteriormente, será necesario asegurar la estabilidad del sistema.
En materia ambiental, la firma presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), un paso considerado clave para la obtención de la autorización correspondiente a nivel ministerial.
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