Como pocos países de la región, Uruguay ha orientado en los últimos años su discurso político hacia la infancia que nace en hogares pobres. El gobierno asegura que el año pasado se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en sus discursos del pasado 1.º de mayo, el plenario departamental del Pit Cnt sostuvo que esas oportunidades laborales no se reflejaron en Paysandú.
Mientras a nivel nacional descienden las cifras de desempleo —aunque aumentan en el litoral y el noreste del país—, empeora la calidad del empleo. A nivel global, en tanto, surgen nuevas dinámicas en las relaciones laborales y se incrementa la digitalización de los procesos. En Uruguay, en cambio, las formas de negociación han quedado anquilosadas.
Las resoluciones que extienden beneficios a trabajadores de distintas ramas —tradicionales, de producción y zafrales— requieren múltiples idas y vueltas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Los adultos a cargo de hogares con niños enfrentan barreras para insertarse en el mercado laboral, perciben salarios bajos y encuentran dificultades para conciliar el trabajo con los cuidados o con oportunidades de estudio. Quienes no acceden a mejores condiciones de vivienda, alimentación o educación reconocen que padecen esta problemática desde hace décadas, pese a los cambios de gobierno.
Sin embargo, cerca de dos de cada tres uruguayos creen posible reducir drásticamente la pobreza en cinco años. Aunque algunos indicadores han mejorado de forma sustancial, persiste un núcleo duro que permanece inamovible desde hace décadas. Hoy, uno de cada cuatro niños y adolescentes es pobre, y ese estancamiento lleva más de diez años.
Al menos en Uruguay, no parece faltar voluntad política para abordar el problema. En el presupuesto aprobado a fines del año pasado, el gobierno hizo hincapié en esta prioridad. Sin embargo, el escaso espacio fiscal es un argumento recurrente de las distintas administraciones. A su vez, la inestabilidad política global presiona sobre la economía y limita la posibilidad de incrementar la recaudación en el corto plazo.
Mientras tanto, se eterniza el pase de facturas entre gobiernos, lo que agobia a la ciudadanía, que ya percibe que los problemas trascienden las ideologías. Así lo indican los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística: uno de cada seis uruguayos no logra cubrir el costo de una canasta básica, y la mayoría de las personas pobres son niños menores de seis años.
El panorama permanece incambiado en parte porque esta población carece de poder de presión. Esto también evidencia el fracaso de la teoría del derrame. Se trata de víctimas funcionales a discursos que priorizan temas urgentes y de impacto inmediato, en lugar de abordar una problemática estructural que compromete el futuro del país.
Junto a esta realidad, avanzan otras que se miden en porcentajes: el aumento de las personas en situación de calle, las altas tasas de prisionización y la persistencia de la pobreza infantil.
El problema es que los sucesivos gobiernos miden y diagnostican estas situaciones a través de conversatorios, presentaciones o lanzamientos de estrategias que no logran resolverlas.
Allí donde la cohesión social parece frágil, la pobreza se arrastra por décadas y atraviesa generaciones de niños, sin importar quién gobierne.
Mientras en el país faltan recursos, las sucesivas administraciones expanden el Estado, algo que se repite en cada aprobación presupuestal. Se superponen programas y organismos con estructuras administrativas similares. Y cuando deben dar respuestas, terminan destinando recursos a consultorías que poco aportan a lo ya conocido.
Es el mismo Estado que declara falta de recursos, pero sostiene empresas deficitarias, eventos oficiales y una burocracia creciente que recae sobre quienes buscan respuestas en las ventanillas públicas.
Se trata de una población cuya situación no cambia, tanto en períodos de crecimiento como de estancamiento económico. Por lo tanto, la pobreza infantil no se explica exclusivamente por los ciclos económicos, sino también por la ineficiencia de políticas públicas en un país habituado a gestionar crisis y defender diagnósticos.
A lo largo de los años se han implementado nuevas estrategias y planes integrales sin evaluaciones posteriores. A pesar de la sensibilidad expresada en torno a la infancia vulnerable, incluso en contextos de violencia, parece no haber responsables claros.
Se priorizan gastos en programas y cargos que pasan al costado del problema, mientras la salud mental, el acompañamiento familiar y la nutrición adecuada siguen relegados.
En tiempos de énfasis en los derechos humanos, aceptar el desempleo y la pobreza como problemas estructurales y crónicos implica, al menos, una contradicción con ese concepto.
El impacto es inmediato, pero también de largo plazo: la pobreza se perpetúa de generación en generación, como ya ocurrió en el pasado.
Lo cierto es que, tanto por ingresos como por condiciones de vida, hay 600.000 personas que no logran mejorar su entorno. Es un dato de la realidad, difícil de relativizar o comparar. En algún momento, será necesario ordenar un Estado que desvía recursos mientras superpone esfuerzos para explicar lo que, en los hechos, invisibiliza.
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