La sostenida disminución de la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi en la opinión pública uruguaya, según reflejan diversas mediciones estadísticas, constituye un fenómeno que no resulta inédito en el escenario político nacional. Este proceso suele manifestarse tras el agotamiento de la denominada “luna de miel” con el electorado, etapa caracterizada por la persistencia de expectativas favorables derivadas del respaldo electoral que posibilitó el acceso al poder de la fuerza política gobernante.
Precisamente, este período inicial suele considerarse el más propicio para la implementación de medidas estructurales orientadas a consolidar la futura gestión gubernamental. Ello implica dotarse de instrumentos políticos, económicos y administrativos que permitan materializar el programa de gobierno y, al mismo tiempo, aplicar ajustes que, aunque inicialmente puedan resultar impopulares, son concebidos como necesarios para generar condiciones de estabilidad que hagan viable el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.
No obstante, uno de los rasgos más señalados del primer año de la administración Orsi ha sido la ausencia de iniciativas de este tipo. En lugar de ello, el gobierno ha transitado un proceso gradual y cauteloso, orientado principalmente a definir mecanismos de implementación de los lineamientos anunciados en campaña, muchos de los cuales fueron formulados en términos generales o mediante consignas asociadas a postulados tradicionales de la izquierda. Hasta el momento, las acciones desarrolladas no parecen haber satisfecho plenamente ni siquiera a sectores de su propio electorado, más allá de las críticas provenientes de quienes optaron por otras alternativas políticas. Las encuestas de opinión pública coinciden en reflejar este escenario de creciente insatisfacción.
En consecuencia, tras este primer año de gestión, el gobierno parece haber asumido el desafío que implica dicha caída en los niveles de aprobación y procura impulsar una suerte de relanzamiento mediante nuevas iniciativas y programas. Si bien las contingencias internacionales han incidido negativamente sobre la coyuntura nacional, resulta pertinente señalar que ninguno de estos factores alcanza la magnitud del impacto ocasionado por la pandemia de Covid-19 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, acontecimiento que alteró profundamente todas las áreas de la economía y la vida social.
En el contexto actual, los factores externos se vinculan principalmente a fenómenos económicos internacionales, entre ellos el incremento del precio de los combustibles, situación que repercute directamente sobre el poder adquisitivo de la población. A ello se suma el agravamiento de los problemas de inseguridad pública, un área históricamente compleja para los gobiernos de izquierda, que en ocasiones han interpretado el fenómeno delictivo solo como consecuencia de factores asociados a la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, se ha registrado un fuerte incremento de las personas en situación de calle en el último año.
De acuerdo con datos difundidos por la consultora Factum, la disminución de la aprobación resulta particularmente perceptible entre quienes votaron por Orsi. Aunque la evaluación general continúa siendo relativamente positiva dentro de ese segmento, se observa un deterioro significativo respecto de mediciones anteriores.
En términos concretos, la desaprobación de la gestión presidencial entre votantes del Frente Amplio habría aumentado quince puntos en apenas dos meses. Con un nivel de desaprobación cercano al 46%, el rechazo se concentra especialmente entre jóvenes de entre 18 y 33 años y en residentes del interior del país. Paralelamente, un 29% mantiene una valoración positiva, mientras que un 24% expresa posiciones neutras. La consultora sostuvo además que el clima de opinión pública atraviesa “un proceso de caída de la aprobación y aumento sistemático de la desaprobación”, indicando asimismo que la aprobación presidencial descendió ocho puntos porcentuales entre el primer y el segundo bimestre de 2026.
Según el mismo informe, la reducción del respaldo se explica tanto por la pérdida de apoyo entre votantes de los partidos integrantes de la Coalición Republicana como, más recientemente, entre sectores que respaldaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024.
El estudio también evidencia diferencias territoriales significativas entre Montevideo y el interior del país. En la capital, la aprobación hacia Orsi es superior en ocho puntos porcentuales, mientras que en el interior la desaprobación supera en diez puntos a la registrada en Montevideo. Este fenómeno no resulta particularmente novedoso si se considera que históricamente la capital ha constituido el principal bastión electoral de la izquierda uruguaya.
Lo que sí aparece como un elemento atípico es la velocidad con la que se ha deteriorado la aprobación gubernamental. Este fenómeno difícilmente pueda atribuirse a una única causa, sino que parece vincularse directamente con las expectativas generadas entre amplios sectores ciudadanos durante el proceso electoral. Muchos votantes esperaban transformaciones perceptibles desde los primeros meses de gestión y confiaban en que la alternancia política produciría mejoras sustanciales en salarios, pasividades, empleo y políticas sociales vinculadas a vivienda, salud y educación.
Sin embargo, el “baño de realidad” en primer año de administración, agravado por factores externos, pero también por indefiniciones internas, errores de gestión y tensiones dentro de la propia coalición gobernante –especialmente debido a presiones de sectores que demandan políticas más radicalizadas hacia la izquierda– habría contribuido al desencanto de parte del electorado que esperaba respuestas más inmediatas y de carácter expansivo.
Desde una perspectiva económica, diversos analistas sostienen que el desarrollo sostenible requiere la generación de condiciones favorables para la inversión, la mejora de la rentabilidad empresarial y la consolidación de un clima de negocios que incentive la creación de empleo. En este sentido, advierten sobre los efectos negativos que podrían derivarse de la persistencia de conflictos sindicales, cierres empresariales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región que priorizan la generación de riqueza como condición previa para su posterior distribución.
En este marco, la apuesta gubernamental al denominado “diálogo social” ha generado cuestionamientos, sobre todo porque los grupos participantes –mayoritariamente vinculados al Pit Cnt y a sectores de izquierda– impulsan propuestas que contradicen el resultado del plebiscito de 2023 relativo a la reforma de la seguridad social. Entre dichas propuestas se menciona la reducción de la edad jubilatoria sin una fuente clara de financiamiento, lo que implicaría un aumento significativo del gasto público.
Asimismo, el Presupuesto Quinquenal fue elaborado sobre proyecciones de crecimiento económico que no se han concretado en la magnitud esperada, limitando así la disponibilidad de recursos para atender las prioridades definidas. No obstante, desde ciertos ámbitos del diálogo social continúan planteándose demandas de ampliación del gasto orientadas a responder a necesidades sociales legítimas, pero sin respaldo financiero suficiente, lo que podría traducirse en un incremento del déficit fiscal y en compromisos difíciles de sostener en el mediano plazo.
En definitiva, desde esta perspectiva crítica, la profundización de políticas de corte populista no constituye una solución sostenible para los problemas estructurales del país. Por el contrario, podría derivar en mayores niveles de desequilibrio económico y deterioro social, agravando dificultades ya existentes y comprometiendo la estabilidad futura.
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