Mes: mayo 2026

El eventual ingreso del Uruguay al Acuerdo Transpacífico –hoy conocido como CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)– constituye una de las discusiones estratégicas más importantes para la inserción internacional del país. Se trata de un acuerdo comercial de nueva generación que reúne economías de Asia y América con un fuerte peso en el comercio mundial. Para un país pequeño y abierto como Uruguay, la posibilidad de acceder preferencialmente a esos mercados presenta oportunidades relevantes, pero también riesgos que deben ser administrados con inteligencia política y económica.

Uno de los principales beneficios para Uruguay sería la ampliación del acceso a mercados, teniendo en cuenta que depende fuertemente de sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales, especialmente carne, soja, arroz, lácteos y celulosa. Muchos de los miembros del CPTPP –como Japón, Vietnam, Malasia, Canadá o México– aplican aranceles relativamente altos a productos en los que Uruguay es competitivo. Ingresar al acuerdo permitiría reducir o eliminar esas barreras, mejorando la posición de los exportadores uruguayos frente a competidores que ya forman parte del bloque, como Australia o Nueva Zelanda. En términos macroeconómicos, esto podría traducirse en un aumento de las exportaciones, mayores inversiones extranjeras y una diversificación de destinos comerciales. Uruguay ha sufrido históricamente la dependencia de pocos mercados, particularmente Brasil, China y Argentina. El CPTPP permitiría disminuir esa concentración y reducir vulnerabilidades geopolíticas o comerciales. En un mundo cada vez más complejo, competitivo pero también con brotes proteccionistas, la diversificación aparece como una necesidad estratégica de pura lógica.

Para el consumidor uruguayo también existirían ventajas importantes. La apertura comercial suele aumentar la competencia y reducir precios de bienes importados, especialmente en sectores donde Uruguay tiene costos elevados. Productos tecnológicos, maquinaria, insumos industriales, medicamentos, ropa o ciertos alimentos podrían abaratarse. Además, una mayor competencia normalmente impulsa mejoras en calidad y variedad. Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, el ingreso al CPTPP probablemente tendría efectos positivos, particularmente sobre la clase media y los sectores de menores ingresos, que son los más afectados por precios altos en economías pequeñas y relativamente protegidas.
Sin embargo, los riesgos y perjuicios potenciales también son significativos. El más importante es el impacto sobre determinados sectores productivos y, sobre todo, el empleo. Uruguay posee industrias pequeñas y medianas que sobreviven gracias a ciertos niveles de protección arancelaria dentro del Mercosur. Si el país abre abruptamente su economía a productos manufacturados provenientes de economías mucho más competitivas, algunas empresas podrían desaparecer o reducir significativamente su actividad.

Sectores como el textil, el calzado, parte de la industria plástica, algunas ramas metalúrgicas y ciertas manufacturas livianas podrían enfrentar dificultades severas. El problema no sería solamente empresarial, sino social: pérdida de puestos de trabajo, caída salarial y aumento de desigualdades territoriales, especialmente en ciudades del Interior dependientes de pequeñas industrias. El empleo constituye el núcleo más delicado del debate. La apertura comercial genera ganadores y perdedores. Mientras los sectores exportadores probablemente expandirían actividad y empleo, otros sectores quedarían expuestos a una competencia difícil de enfrentar. Además, los nuevos empleos creados no necesariamente absorberían rápidamente a los trabajadores desplazados.

Por eso, el principal desafío para Uruguay no es simplemente entrar o no entrar al CPTTP, sino cómo hacerlo. La experiencia internacional demuestra que los países que mejor aprovechan los acuerdos comerciales son aquellos que acompañan la apertura con políticas activas de reconversión productiva y protección social.

Desde el ámbito sindical precisamente se han replanteado reparos respecto a las eventuales consecuencias del ingreso de nuestro país al acuerdo Transpacífico, según da cuenta El País. Esa así que la Confederación de Sindicatos Industriales salió al paso para que se revisen capítulos que, según dice, van en contra de algunos rubros de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Danilo Dárdano, presidente de la confederación, en rueda de prensa luego de la conversación que mantuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Cancillería, afirmó que “lo que nos preocupa de la adhesión al (Tratado) Transpacífico es que no se mejoran las salvaguardas y, por ejemplo, si no hay un blindaje de compras públicas, vamos a tener perjuicios muy importantes”.

“Los perjuicios los veremos en especial en unos sectores, que no nombraré porque no queremos ser los sepultureros, donde podríamos tener cientos de puestos de trabajo perdidos cuando el acuerdo se implemente”, agregó sin dejar de mencionar algunos ejemplos, como familias del Interior que trabajan “a façon” (a destajo) para algunas fábricas. “A nuestro entender, con el Transpacífico, fábricas van a ir cerrando paulatinamente y se acabarán trabajos directos y también los fasoneros”, advirtió.

Un planteo sectorial y de interés general muy atendible, para un país donde precisamente no abundan las fuentes de trabajo y que por el contrario, sufre frecuentes cierres de empresas que no tienen rentabilidad y no encuentran salida en las actuales condiciones de trabajo. Ergo, las opciones para el Uruguay deberían encaminarse por un lado a negociar plazos de desgravación largos y diferenciados para los sectores más sensibles, eventualmente con períodos de transición de diez, quince o incluso más años para industrias vulnerables, permitiendo adaptación gradual y evitando shocks bruscos sobre el empleo.
Paralelamente, deberían implementarse políticas de reconversión laboral, mediante capacitación, programas de formación técnica y apoyo a trabajadores desplazados, así como apostar decididamente a sectores donde tiene ventajas comparativas dinámicas y no solamente tradicionales. Además de la agroexportación, existen oportunidades en software, servicios globales, logística, biotecnología, energías renovables y economía del conocimiento, al contar el país con capital humano relativamente calificado y estabilidad institucional, elementos valiosos para atraer inversiones de calidad.

Desde una perspectiva más amplia, existe desde hace décadas un problema estructural del Uruguay que condiciona la inserción en la economía global sin sacrificar cohesión social. La apertura comercial puede aumentar la eficiencia económica general, pero con consecuencias disímiles entre los actores del tramado socioeconómico, por cuanto habría grupos de actividad beneficiados pero también perjuicios sobre trabajadores e industrias vulnerables.La clave estaría por lo tanto en diseñar una estrategia nacional inteligente, negociando condiciones graduales, proteger sectores vulnerables durante la transición, e invertir fuertemente en capacitación laboral, sobre todo apuntando a un mayor valor agregado, que es el talón de Aquiles de nuestro país debido a sus gravosos costos. El verdadero desafío en acuerdos de este tipo es no solo comerciar más, sino lograr que la inserción internacional contribuya efectivamente al desarrollo, al empleo de calidad y al bienestar general.

Las distintas profesiones liberales, tienen en los diferentes países su día. En el caso de los abogados, durante muchos años, ese día fue en el mes de diciembre, y en los hechos algunos abogados son saludados por “su día”, en el mes de diciembre y algunos Colegios de Abogados del Interior del país, también lo celebran este mes.
Tratándose de abogados, es importante ir a las fuentes y a las normas, y así la ley 19.743 del 9 de abril de 2019, declara el 9 de mayo de cada año como el “Día del Abogado”, conmemorando la fundación del Colegio de Abogados del Uruguay, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1929.

El primer presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, fue el Dr. José Irureta Goyena, siendo ejercido posteriormente dicho rol por muy destacados colegas, que acompañados por los distintos integrantes del Directorio, miembros del Tribunal de Honor y de la Comisión Fiscal junto con los funcionarios de la Institución, han realizado un gran trabajo.

Tiene entre algunos de sus objetivos, estimular el espíritu de unión y solidaridad gremiales, mantener vivo el culto a la Justicia; propiciar el perfeccionamiento del orden jurídico, velar por el estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone, defender los derechos e intereses de la profesión de abogados, asistir y orientar a los abogados recién egresados en todos los problemas que plantee el ejercicio profesional dictando, por ejemplo, cursos o conferencias para posgraduados.

El Colegio siempre estuvo “vivo” y tuvo su importancia, estuvo ubicado durante muchos años en 18 de julio 1006, 4.º piso en Montevideo, pero me animo a decir que enclavado en su nueva sede de Julio Herrera y Obes 1418 de la capital, muy moderna y funcional, la institución que hoy preside el Dr. Florencio Macedo (representante de la lista 1), acompañado en el Directorio por representantes de dicha agrupación y de las listas 11 y 33 (lista que tiene como uno de sus representantes en el Directorio, a la abogada sanducera Virginia Gilardi y como uno de sus fundadores y activo integrante al también sanducero Dr. Rodrigo De León), tiene mayor trascendencia y visibilidad que en el pasado. Cabe agregar, que el Dr. Américo Graciano Cabillón Chaldain, desaparecido físicamente, fue un muy destacado abogado sanducero, presidente del Colegio de Abogados de Paysandú y el primer Director del Colegio de Abogados del Uruguay perteneciente al departamento, en este caso en representación de la lista 1. Otros colegas de Paysandú participan hoy y lo hicieron en el pasado de agrupaciones y/o actividades vinculadas al mismo.

Funcionan en su órbita, más de 20 Comisiones, de las más diversas disciplinas del Derecho y cualquier asociado puede participar.
La cuota mensual del Colegio de Abogados del Uruguay no supera los 500 pesos mensuales, los abogados recién recibidos durante el primer año, pagan una cuota de 100 pesos y al segundo año, la mitad de la misma. Desde el comienzo, pueden formar parte de la Bolsa de Trabajo que administra el Colegio y adjudicársele casos.
El socio puede tener acceso a la Biblioteca del Colegio y utilizar la sala de reuniones de la Institución, participar de los cursos y obtener importantes descuentos, compras de diversos productos y contratación de servicios.

En la actualidad, se debate en nuestro país la creación o no de un Ministerio de Justicia, la inserción internacional, la inteligencia artificial, el ciberdelito, la materia migratoria y tantos otros temas, donde los abogados cumplen y cumplirán un rol fundamental.

En lo que respecta a la IA, vale mencionar que pueden ser suplidas las tareas de tipo operativo que desarrollamos los letrados, pero la dimensión humana, la ética y lo vinculado a la responsabilidad profesional, nunca podrá ser sustituido.

Tenemos un Colegio pujante y lo puede ser aún más y para ello también es muy importante el relacionamiento con las distintas Facultades de Derecho, el convencimiento de los letrados que a través de su Colegio, pueden ser aún mejores e incidir en el mismo y en los distintos aspectos del quehacer nacional, asociándose, participando en las Comisiones y en algunas de las tres listas existentes, buscando honrar la profesión y teniendo en cuenta que ese señor o esa señora que concurre a un abogado, merece recibir un servicio de calidad tanto en lo técnico como en lo humano.
En este 2026, el CAU celebró el día del abogado en su sede, evento que tuvo lugar el pasado 13 de mayo, instancia en que fueron homenajeados los letrados que cumplieron 25 y 50 años de recibidos respectivamente.

Dr. Luis de la Fuente Abdala, abogado, socio e integrante de las comisiones de Cultura y Derecho Agrario del CAU

Las reformas que propone el Poder Ejecutivo son correctas en términos generales, pero son decorativas, no van al centro del problema que plantea el proceso penal hoy, aunque abre un espacio de discusión que esperemos sea productivo.
Los problemas más urgentes a solucionar son de modelo, y se centran en la función de los sujetos del proceso, sobre todo del rol del juez de garantías. En el punto de las funciones del juez de garantías, parece claro que no es posible seguir con un proceso donde la prisión preventiva del imputado se base exclusivamente en una discusión oral sin que el juez pueda valorar por sí las evidencias recogidas, sin tener el más mínimo contacto con ellas.

En el punto, se vulnera un derecho constitucional del imputado que requiere para su prisión que se haya reunido semiplena prueba a su respecto, y cuando hablamos de reunir semiplena implica diligenciamiento de prueba y valoración para llegar al estándar de que la misma alcanza la semiplena. Estos extremos son ignorados por el Código del Proceso Penal (CPP) vigente, y las reformas planteadas pretenden seguir ignorando tal deficiencia.
Esto va de la mano del auto de formalización, auto que la jurisprudencia hasta ahora sostiene que hace las veces del humo del buen derecho a los efectos de adoptar medidas privativas de libertad, cuando es evidente que la formalización hoy día no es más que una mera comunicación de cargos, que solo puede echarse abajo si un homicidio es calificado como si fuera un hurto, es decir, ante circunstancias de tipicidad aberrantes.
Entonces, tenemos que el juez de garantía no controla la formalización más allá de lo que las partes dicen verbalmente, que se la asimila en cuanto a los efectos al viejo auto de procesamiento, y en función de esa formalización se da por bueno el supuesto material de la medida cautelar, reitero, sin haber valorado una sola prueba, solo por lo que dice oralmente la Fiscalía y la Defensa.

Esto que se relata, no se da siquiera en los procesos civiles donde se discuten aspectos meramente económicos, donde el juez requiere para adoptar una cautela que se diligencie sumariamente prueba, ya sea documental, testimonia, etcétera, y donde el juez por sí, valorando él lo que se le ofrece, decide si procede o no dictar una sentencia. Esto es otra cuestión que no cuadra con las garantías mínimas, las sentencias de formalización son de un párrafo, se formaliza por tal delito y punto, pero no existe una valoración de hechos ni jurídica, cero motivación en los términos mínimos que se pueden esperar. A eso hay que sumar los riesgos procesales que se argumentan para disponer una medida cautelar, también en este caso, el juez de garantía es un mero espectador de lo que dicen oralmente las partes, sin visualizar evidencia o prueba que le permita por sí decidir.

¿Cómo solucionar estos problemas? Pues bien, se estima que sin dejar de lado el proceso acusatorio no vemos impedimentos para que la fiscalía tenga que acreditar sumariamente sus pretensiones, acreditar con diligenciamiento de prueba, no con oralidad argumentativa, y en ese contexto acompañar a sus pretensiones justamente las evidencias que ha recogido en el investigación preparatoria, para que el juez valore si son o no suficientes para dar inicio a un sumario y eventualmente disponer una medida cautelar.
¿Qué norma, qué principio del proceso acusatorio se vulnera con esto? Ninguna, solo se pide que el actor transparente judicialmente ante el juez de garantía los resultados de su investigación, y que haya una valoración judicial de la misma, pues ya que le pido al juez de garantía que decida sobre tal o cual cuestión, este debe ver por sí los motivos para dictar una sentencia.

Parece que decir esto es tan de perogrullo, pero hay que decirlo porque esto no se da en nuestro proceso penal de hoy día. Con este tipo de soluciones tampoco involucramos o rompemos la imparcialidad ni involucramos al juez en la recolección de la prueba, lo primero no se da porque este juez no es el juez de juicio oral, a lo que se suma que si el juez de las medidas cautelares en el civil no compromete su imparcialidad cuando las decide, no vemos porque se vería comprometida aquí, a lo que se suma que el juez sigue sin meterse en la recolección de la prueba, no tiene iniciativa, no impide que el fiscal haga lo que tenga que hacer, pero justamente cumple con su función elemental, se instruye y dicta resoluciones según las evidencias que se le traen, que ve por sí mismo sin un lazarillo que le dice que es lo que hay o no hay.
Por eso un juez de garantías diferentes implica una restructuración del modelo de funcionamiento del proceso, más que nada de los controles iniciales que esa figura debe cumplir. En próximas entregas iremos abordando otros tópicos que hacen al modelo y no a lo accesorio, que eso era lo que esperábamos de un proyecto integral de reformas del proceso penal.

Federico Álvarez Petraglia