“Crear riqueza económica para poder redistribuirla con equidad” es uno de los ejes de la arenga que volcó el “presidente” cubano Miguel Díaz-Canel en el reciente Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el que planteó reformas estructurales en procura de contener la gravísima crisis económica que enfrenta el régimen.
Si no fuera tan dramático este escenario, podría catalogarse como tragicómico que parece que recién ahora se da cuenta, luego de 67 años de “Revolución”, de la importancia de generar riqueza para poder distribuirla, y cuánto atraso conceptual, ético y político-ideológico ha tenido la consecuencia de llevar a millones de cubanos a emigrar de la isla buscando poder vivir dignamente y en libertad, expresar opiniones e ideas sin el castigo del régimen a quien osa decir que piensa distinto a la diatriba oficial de todos los días.
Por décadas, el discurso oficial cubano ha atribuido las dificultades económicas del país principalmente al embargo estadounidense, las sanciones internacionales y las adversas condiciones externas. Sin embargo, el más reciente Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) dejó una admisión poco habitual: buena parte de los problemas que enfrenta la isla tienen origen interno y son consecuencia de decisiones que el propio régimen postergó durante años. La declaración de Miguel Díaz-Canel representa uno de los reconocimientos más explícitos realizados por la dirigencia cubana desde el inicio de la crisis económica actual. Al admitir que reformas discutidas y aprobadas anteriormente nunca fueron implementadas, el mandatario reconoció que el modelo económico vigente ha sido víctima de sus propias resistencias burocráticas y políticas.
Pero las cosas no terminan ahí: la paradoja central del anuncio es que las medidas presentadas como un “nuevo” camino para salvar la economía no tienen nada de nuevas. Según el propio Díaz-Canel, muchas fueron debatidas y aprobadas hace años, pero quedaron atrapadas entre la cautela ideológica, la burocracia estatal y el temor a perder control sobre sectores estratégicos de la economía, a la vez de quedar expuestos ideológicamente ante los fanáticos del régimen cubano y de su doctrina que aún quedan en el mundo, porque siempre hay reductos de delirantes y crédulos que se niegan a aceptar la realidad que les rompe los ojos.
Entre las principales reformas propuestas se destaca la flexibilización del comercio exterior, la apertura de espacios para la inversión extranjera en pequeñas y medianas empresas privadas, la eliminación de límites para la contratación de trabajadores y una mayor autonomía para empresas estatales y gobiernos locales. En términos económicos, estas medidas se asemejan más a mecanismos de mercado que a los principios tradicionales de una economía centralmente planificada, como la del socialismo real. De hecho, según los analistas, recuerdan algunas de las transformaciones que China inició a finales de los años setenta y que Vietnam implementó desde mediados de los ochenta bajo sus respectivos procesos de reforma socialista, que implicaron dar marcha atrás en mucho de lo que habían hecho y proclamado como verdad absoluta.
Pero, mientras China y Vietnam introdujeron cambios cuando todavía conservaban márgenes de maniobra económica —porque entendieron que con ese rumbo seguían yendo hacia el despeñadero—, el régimen cubano dice que intenta hacerlo ahora, en medio de una crisis muy profunda que condiciona seriamente su posibilidad de recuperación. Volviendo al discurso del mandamás de turno, uno de los aspectos más relevantes fue la admisión del fracaso de ciertas políticas recientes. Díaz-Canel reconoció que los controles de precios no lograron contener la inflación y que, por el contrario, incentivaron el desabastecimiento y el crecimiento de mercados informales.
Esta afirmación tiene una enorme significación y carga política, porque da por tierra con años y años de defensa oficial de mecanismos de control estatal que numerosos economistas habían cuestionado desde su implementación. Incluso en Uruguay este tema aparece cada vez que algún precio se dispara por motivos exógenos.
También la aceptación de errores económicos revela una creciente presión sobre las autoridades del régimen, cada vez más encerradas y cuestionadas por la inflación persistente, los apagones frecuentes, la escasez de combustible, la caída de la producción agrícola y una emigración masiva de ciudadanos. Les resulta cada vez más difícil sostener “explicaciones” exclusivamente externas para justificar el deterioro económico, y ponerse siempre en el papel de víctimas del imperialismo norteamericano como única causa de sus desventuras y décadas de fracasos acumulados. Ahora bien, la principal interrogante es si estas reformas son suficiente y llegan a tiempo y si es posible, además, ante la magnitud de la crisis, resolver los graves problemas estructurales y el rezago que padece la isla y, sobre todo, pedir al pueblo cubano más sacrificios tras admitir que todos los dramas que han atravesado en más de medio siglo han sido en vano, y que el camino era el contrario de lo que siempre le impusieron los líderes de la revolución.
El país enfrenta además una severa crisis energética agravada por la reducción de los envíos de petróleo venezolano, uno de los pilares que durante años sostuvo parte de la estructura económica cubana. Pero si bien la crisis se agravó por el bloqueo de EE.UU. hay que recordar que Cuba ya estaba al borde del colapso energético desde mucho antes, casi sin centrales operativas por falta de actualizaciones y de mantenimiento, sin energías alternativas de apoyo y con una producción propia de petróleo –que por cierto, tienen pozos—muy mermada.
El régimen espera que esta tardía apertura a la inversión extranjera y a los cubanos residentes en el exterior pueda convertirse en una fuente importante de recursos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la existencia de garantías jurídicas, estabilidad regulatoria y confianza de los potenciales inversionistas, aspectos que históricamente han generado enormes dudas dentro y fuera de la isla. Paralelamente, y no menos importante, las reformas plantean un desafío político-ideológico para el régimen. El crecimiento del sector privado, la flexibilización económica y la llegada de capital externo tienen la contrapartida de que posiblemente generen mayores demandas de autonomía económica y social.
El ejemplo de China y Vietnam en este sentido es relativo, porque estos países en buena medida lograron combinar apertura económica con control político centralizado, pero lo hicieron mediante procesos graduales, sostenidos y acompañados de importantes incentivos para la producción y la inversión, lo que no es el caso de Cuba, que atraviesa circunstancias mucho más complejas y con recursos significativamente más limitados. Además, esos países surgieron desde la pobreza histórica, mientras que Cuba no siempre fue pobre; en realidad fue “fundida” y arrastrada hasta la miseria por el comunismo.
Por ello, el verdadero problema no es al fin de cuentas aprobar las reformas, sino llevarlas a cabo, porque como dijera Raúl Castro durante el plenario, el problema histórico de Cuba no ha sido la falta de diagnósticos ni de planes, sino la incapacidad para transformar decisiones políticas en cambios efectivos sobre la economía real.
Aunque, sin dudas, la lección más importante que surge de este proceso de aggiornamento no solo es que se ha repetido una mentira durante décadas, ahora reconocida por sus propios autores, sino que hay que empezar todo prácticamente desde cero. Y encima con el régimen aún vivo y activo, con su burocracia y su autoritarismo explícito, lo que hace aún más cuesta arriba tamaño desafío.
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