La presidencia pro tempore que Uruguay asume en el Mercosur comienza con una prueba decisiva: resolver la distribución de las cuotas de exportación previstas en el acuerdo con la Unión Europea. Tras 26 años de negociaciones, el mayor desafío ya no consiste en la firma del tratado, sino en su aplicación efectiva. La falta de consenso entre los socios del bloque para asignar los cupos de productos como miel, arroz y carne amenaza con empañar uno de los avances comerciales más importantes de las últimas décadas.
La discusión trasciende el reparto de toneladas. Lo que está en juego es la capacidad del Mercosur para actuar como un bloque integrado y ofrecer reglas previsibles a un acuerdo que involucra a más de 750 millones de personas y cerca del 20 % del producto bruto interno mundial. Antes de setiembre, los países deberán comunicar a la Unión Europea cómo distribuirán esas cuotas, un plazo que ha acelerado las negociaciones y dejado al descubierto las diferencias entre los socios.
No por casualidad comenzó a instalarse la expresión “ley de la selva” para describir la competencia entre los miembros del Mercosur por acceder a los beneficios del acuerdo. Mientras algunos sectores ya comenzaron a aprovechar la rebaja de aranceles —como la pesca—, el verdadero examen de la presidencia uruguaya será conducir una negociación capaz de transformar intereses contrapuestos en un consenso duradero.
A ese desafío se suman otros asuntos relevantes, como el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el impulso de nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, ninguno pondrá tan rápidamente a prueba la capacidad de liderazgo y negociación de Uruguay como la resolución de las cuotas de exportación.
Los primeros antecedentes no resultan alentadores. La distribución de la cuota de miel, que se asigna trimestralmente, derivó en una fuerte controversia: las 1.250 toneladas disponibles quedaron íntegramente en manos de Argentina. Los países esperan que, a partir del 1.º de julio, se habilite un nuevo trimestre, aunque los productores uruguayos accederán a menos de la mitad del volumen disponible para lo que resta del año.
En el caso del arroz, ya se habilitó la cuota correspondiente a 2026, superior a las 6.600 toneladas, de las cuales Uruguay obtuvo el 63 %. Desde junio también rige la cuota para la carne vacuna. Sin embargo, será la Unión Europea la que licitará las licencias de exportación. El acuerdo prevé una cuota anual de 99.000 toneladas con aranceles reducidos de hasta un 20 %, distribuidas en colocaciones trimestrales.
Precisamente la carne concentra las mayores expectativas y también las principales diferencias entre los socios del Mercosur. El volumen habilitado para el período inicial resultó insuficiente y las posiciones nacionales continúan alejadas, pese a tratarse de un sector en el que todos podrían obtener beneficios.
Si este diferendo logra destrabarse, es probable que el resto de los productos encuentre un camino de consenso. Hasta ahora, sin embargo, el Mercosur vuelve a exhibir una dificultad que arrastra desde hace más de tres décadas: transformar intereses nacionales en decisiones comunes.
Los negociadores saben que la discusión es mucho más política que técnica. Cada país procura maximizar sus beneficios, mientras Uruguay intentará aprovechar su presidencia para consolidar el buen desempeño exportador y conducir una negociación especialmente compleja.
El otro frente de debate se centra en el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). Brasil cuestiona mantener su actual nivel de aportes y propone sustituir parte de ese financiamiento por proyectos de infraestructura fronteriza.
En ese contexto, Uruguay ocupa una posición poco frecuente. Además de ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur, encabeza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el G77+China. Esa acumulación de responsabilidades representa una oportunidad para proyectar liderazgo diplomático, pero también una exigencia adicional en un escenario internacional cada vez más fragmentado.
Las asimetrías económicas vuelven a quedar de manifiesto en la discusión sobre las cuotas. Uruguay y Argentina proponen distribuirlas de acuerdo con el promedio de las exportaciones de cada socio hacia la Unión Europea. Paraguay reclama un reparto igualitario del 25 % para cada país, mientras que Brasil sostiene que el criterio debe basarse en la participación de cada economía en el comercio mundial.
Hasta ahora, Uruguay, Brasil y Argentina alcanzaron un principio de acuerdo para distribuir la cuota de carne vacuna correspondiente a las 99.000 toneladas previstas en el tratado, aunque todavía carece de un instrumento jurídico vinculante. La ausencia de Paraguay en ese entendimiento anticipa que este será uno de los principales focos de tensión durante la cumbre.
Uruguay propone avanzar en dos etapas: una solución transitoria para distribuir las cuotas hasta diciembre y, posteriormente, un acuerdo definitivo de largo plazo. Esa fórmula permitiría corregir un proceso que comenzó con evidentes desprolijidades y otorgaría previsibilidad mientras se negocia una solución permanente.
La posición de Uruguay, al frente de más de un organismo regional, le brinda una oportunidad singular para ejercer influencia diplomática más allá de su tamaño económico. Sin embargo, ese liderazgo dependerá menos de los cargos que ocupa que de su capacidad para construir consensos.
Montevideo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la política regional. La visita del presidente chileno José Antonio Kast, en el marco de su primera gira internacional, refuerza el protagonismo que Uruguay buscará ejercer durante este semestre.
La gestión uruguaya será evaluada, sobre todo, por su capacidad para encauzar la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La resolución de las cuotas constituirá el primer indicador concreto de ese desempeño. Pero detrás de esa discusión comercial también subyacen diferencias culturales y estratégicas entre quienes negocian desde Bruselas y quienes lo hacen desde el Cono Sur.
La lógica, muchas veces cortoplacista, que predomina en América del Sur contrasta con la visión de largo plazo que demandan inversores, industriales y productores europeos. La consolidación de cadenas productivas competitivas requiere previsibilidad y reglas estables. Solo así el acuerdo podrá desplegar todo su potencial. De lo contrario, Europa buscará otros mercados y otras alianzas. En un escenario internacional cada vez más competitivo, las oportunidades rara vez esperan a quienes demoran en alcanzar consensos.
Sé el primero en comentar