El contador y consultor tributario Santiago Orellano Abal impulsa la creación de una Defensoría del Contribuyente en Uruguay, señalando una asimetría estructural en el sistema tributario: "Hay una barrera entre el que puede pagar abogado y el que no".
Desde su trabajo como perito judicial y asesor independiente, relata situaciones concretas: "Me ha pasado de acompañar a personas al BPS con la ley, el reglamento y el código tributario, y tenés que lidiar con explicarle a personas que a veces no están capacitadas. A veces es un muro infranqueable".
El debate no es nuevo en Uruguay. Desde los aportes del jurista Ramón Valdés Costa en los ‘90, pasando por las Primeras Jornadas Tributarias de la DGI en 2008, hasta el Estatuto del Contribuyente archivado en 2024, el país ha discutido sin resolver cómo equilibrar la relación entre el fisco y los contribuyentes.
Orellano cita como referencia los modelos de Chile y México, con organismos autónomos de defensa del contribuyente: "Son organismos con autonomía que funcionan".
Para el contador, el problema no es solo normativo: "A veces el Estado tiene grandes cantidades de cuentas para cobrar, pero no las llega a cobrar por complejidades del propio sistema. Falta ponerle un poco de sentido común".
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