El proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados que busca resolver la inequidad en la atención de especialistas en el interior del país fue planteado por el diputado Juan Gorosterrazú en el Congreso de Intendentes efectuado en Salto y cuenta con el apoyo de los gobiernos departamentales.
Un grupo de más de 50 jerarcas y profesionales, entre los que se encuentran intendentes departamentales, ya firmó una carta en respaldo a dicha propuesta parlamentaria.
Principios constitucionales
“En Uruguay el acceso a la atención médica especializada sigue dependiendo en gran medida del lugar en el cual la persona vive”, señala la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria que propone que los médicos recién recibidos trabajen obligatoriamente y por un período acotado en el sector público en el interior del país. El legislador destacó “la necesidad de defender la obligatoriedad a quien ejerce una responsabilidad de interés, sobre todo con el argumento más sólido que combina el interés general, la razonabilidad de la medida y los antecedentes jurídicos”.
Explicó que la Constitución admite limitaciones a derechos individuales cuando existe un interés general. “El derecho al trabajo y a la libertad profesional no son absolutos y pueden reglamentarse por una ley. Hay claros precedentes con la educación obligatoria, que tiene exigencias profesionales reguladas y en ese sentido creemos que es una expresión de una herramienta ya reconocida por el ordenamiento jurídico”, dijo a EL TELEGRAFO.
El derecho a la salud, “cuenta con una jerarquía constitucional explícita y esto refuerza las normas legales de la Ley 18.211 que garantiza un sistema bajo principios de universalidad”.El equipo de asesores de la bancada frenteamplista elaboró un informe jurídico que aporta elementos en el sentido de la obligatoriedad que se instrumentará para garantizar derechos. “Lo otro es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Hay varias razones: porque es transitoria, por dos años, es proporcional con una carga horaria acotada de 4 a 16 horas con un fin legítimo de garantizar el derecho a la salud”, agregó.
Aclaró que “no configura un trabajo forzoso porque, obviamente, es remunerado y las condiciones son reguladas de acuerdo al servicio profesional transitorio. Por otro lado, la formación es financiada por el Estado y es otro elemento por el fuerte apoyo estatal en la formación de especialistas”. El proyecto fue transmitido al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, y a los demás jefes de gobierno departamentales. “Esperamos una nueva instancia en el congreso para desarrollar con mayor detalle este proyecto de ley”, concluyó.
Sé el primero en comentar