El intercambio registrado en las últimas horas en la Cámara de Diputados entre el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez y la diputada frenteamplista Margarita Libschitz podría parecer, a primera vista, una discusión menor. Mientras el país enfrenta problemas económicos, sociales y de seguridad que preocupan diariamente a la ciudadanía, debatir si corresponde decir “presidente” o “presidenta” podría parecer casi anecdótico.
Sin embargo, el episodio trasciende la elección de una palabra. Lo ocurrido en el Parlamento puso sobre la mesa una cuestión mucho más profunda: hasta qué punto determinadas corrientes ideológicas pretenden condicionar la forma en que los ciudadanos hablan y escriben.
La controversia comenzó cuando la diputada que presidía la sesión corrigió a quienes se dirigían a ella como “presidente”, reclamando el uso de “presidenta”. Rodríguez respondió con una fundamentación gramatical, recordando que “presidente” es un participio activo cuya forma no depende del sexo de quien desempeña el cargo. Aunque reconoció que la Real Academia Española admite también la forma “presidenta”, dejó en claro que continuará utilizando el término que considere adecuado y rechazó cualquier intento de imponerle una manera de expresarse.
Ese es el verdadero núcleo del debate.
Desde el punto de vista lingüístico, la cuestión resulta bastante menos polémica de lo que algunos pretenden. La Real Academia Española reconoce como correctas tanto las formas “presidente” como “presidenta” para referirse a una mujer que ocupa ese cargo. Ninguna de las dos es incorrecta.
Como toda lengua viva, el español evoluciona. Así se han consolidado femeninos como “jueza”, “médica”, “ingeniera” o “ministra”, plenamente aceptados por la norma académica. Esa evolución surge del uso de los hablantes y de la propia dinámica del idioma.
Muy distinto es cuando organizaciones o sectores políticos intentan convertir sus preferencias lingüísticas en obligaciones morales o institucionales.
En los últimos años, bajo el paraguas de la denominada ideología de género, se ha promovido una transformación del lenguaje que va más allá de la evolución natural del español. El uso sistemático de desdoblamientos —”ciudadanos y ciudadanas”, “alumnos y alumnas”—, así como de expresiones como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@”, no responde a un proceso espontáneo de la lengua, sino a una construcción deliberada orientada a respaldar una determinada concepción de la sociedad.
No se trata únicamente de una preferencia estilística. Muchos de sus impulsores sostienen expresamente que modificar el lenguaje constituye un instrumento para transformar la realidad social, sobre la base de que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres o a quienes no se identifican con el esquema binario de sexo.
El problema surge cuando esa visión deja de ser una opción personal para convertirse en una exigencia institucional.
La historia demuestra que numerosos proyectos políticos e ideológicos que aspiraron a moldear el pensamiento comenzaron intentando moldear el lenguaje. Las palabras dejan entonces de ser herramientas de comunicación para convertirse en instrumentos de ingeniería cultural.
No es casual que el denominado lenguaje inclusivo haya encontrado especial receptividad en organismos públicos, particularmente en ámbitos vinculados con la educación y la administración estatal. En muchos casos se procura instalar una terminología específica en documentos oficiales, materiales educativos y discursos institucionales, generando la percepción de que esa forma de expresión constituye una obligación más que una elección.
Frente a ello, las academias de la lengua mantienen una posición clara. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española no incorporan formas como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@” al sistema gramatical del español y desaconsejan su utilización en documentos oficiales, académicos y educativos.
Nada de esto implica cuestionar a quien prefiera decir “presidenta”, “ministra” o “ingeniera”, formas plenamente admitidas por la norma, ni desconocer que el idioma evoluciona de manera constante.
Lo que sí corresponde rechazar es cualquier intento de convertir una preferencia lingüística en una obligación para todos.
Las lenguas cambian cuando los hablantes las transforman libremente, no cuando los gobiernos, las burocracias o los movimientos políticos pretenden dirigir esa evolución desde el poder.
En definitiva, el episodio parlamentario deja una enseñanza que trasciende la discusión entre “presidente” y “presidenta”. Ambas formas son válidas. Lo verdaderamente importante es preservar un principio esencial de toda sociedad democrática: que ninguna ideología, cualquiera sea su signo, tenga derecho a imponer a los demás cómo deben hablar, escribir o, en última instancia, pensar.
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