El otro Niño

Un informe de la agencia calificadora Moody’s advirtió sobre el efecto que la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento podría ocasionar en la economía uruguaya.
Un artículo al respecto publicado por Ámbito, firmado por el colega Alejandro Iglesias, recoge que Moody’s advirtió sobre el panorama de menor crecimiento previsto por el gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas, cuyo efecto sería el incremento “de la dependencia de la consolidación fiscal en medio de una trayectoria alcista de la deuda”.
El informe de la calificadora enfoca en “la rigidez del gasto que deja menor margen de maniobra ante eventuales shocks”, a la vez que anticipa la posibilidad de mayores riesgos de desvío fiscal el año que viene.
Destaca el artículo que, del mismo modo, se valoró de forma positiva el fortalecimiento del régimen de metas de inflación y la trayectoria del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como la estrategia de desdolarización que lleva adelante el Banco Central del Uruguay (BCU), que busca fortalecer los mecanismos de control de que dispone el gobierno.
Moody’s refleja en su informe la rebaja que se presenta en las proyecciones de crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la vez que suma “las restricciones del escenario externo para este año”. De la pandemia a esta parte prácticamente no ha habido respiro entre conflictos bélicos, guerra comercial e inestabilidad de precios en los mercados. La amenaza de un escenario más complejo permanece latente y la recomendación es fortalecer las reservas. Lo que plantea la calificadora es que, en lugar de ello, Uruguay elige comprometer más gasto, incrementando la dependencia de la emisión de deuda.
Plantea Moody’s —de acuerdo con el artículo de Ámbito— que el Ejecutivo “mantuvo la trayectoria del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales”. Aunque estos movimientos son insuficientes para estabilizar la deuda bruta del gobierno, que proyecta superará el 65% del PBI hacia 2030, con un incremento de más de seis puntos desde el 59,8% de 2025. El informe valora que esa senda es consistente con la regla fiscal del gobierno, aunque “la rígida estructura del gasto” —que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones, que en conjunto representan el 86% del gasto primario— “deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”. En otras palabras, hay menos espalda para hacer frente a un eventual temporal de la economía mundial.
La observación de Moody’s radica en la proyección de una reducción de ingresos a 27,4% respecto del PBI, un recorte de cinco décimas respecto a lo estimado en la Ley de Presupuesto. Aunque señalan un mayor riesgo de desviación fiscal para 2027, “cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PBI”.
Siempre en función del artículo basado en el informe de Moody’s, aunque el incremento previsto para el año próximo se apoya en una serie de mejoras administrativas, así como en el aumento de la recaudación por cambios tributarios como el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico (IMCD) y la tributación de dividendos de no residentes, lo esperable es un impacto progresivo y no inmediato, en tanto “su rendimiento y calendario de implementación dependen de la coordinación fiscal internacional”.
También alude la calificadora a la reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, de la que considera que “aporta apoyo adicional”. Y si bien estimó que el enfoque en las medidas administrativas “ayuda a preservar la competitividad”, como contrapartida “aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva”, con lo que la consolidación de mediano plazo queda supeditada a una disciplina sostenida del gasto.
El artículo de Ámbito destaca que las valoraciones más positivas refirieron al financiamiento: por un lado, el crecimiento del porcentaje de la deuda nominada en pesos uruguayos —del 44% en 2019 al 56% en 2025—, lo que reduce el riesgo cambiario; y por otro, el crecimiento de las emisiones en moneda local a tasa fija no indexada, “alejándose de la deuda a tasa variable indexada al IPC o a los salarios”. El efecto de esta modalidad es que se reduce el traspaso de la inflación y de la dinámica salarial a los costos del servicio de la deuda.
Otro de los aspectos en los que puso atención la agencia calificadora fue el régimen previsional, en plena fase de revisión tras el Diálogo Social convocado por el gobierno. De ese proceso han surgido iniciativas como un mecanismo que habilite la jubilación anticipada a los 60 años y la modificación de la gestión de las AFAP, sobre la que todavía poco se conoce, pero que ya ha causado preocupación tanto en el ámbito doméstico como en esferas internacionales, por la incertidumbre que genera.
A esto se suman otras señales preocupantes: los permanentes conflictos sindicales en la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo y lo cuestionable de la oportunidad para abrir un debate sobre la reducción de la jornada laboral, con el impacto que esto podría tener sobre la captación de inversiones. Todo ello en un contexto de ya notoria falta de competitividad del país —tanto que ameritó el envío al Parlamento de un proyecto de ley para mejorar este aspecto—, por lo elevado de los costos salariales, energéticos y de logística. La impresión es que se está configurando una tormenta de dimensiones considerables.
Así como al presidente le cuesta redondear y cerrar temas cuando hace declaraciones, da la impresión de que a su gobierno le cuesta poner coto a las pretensiones de sectores con los que asumió compromisos sin tener presente el contexto de inestabilidad actual. De otra forma no se entiende que se siga hablando y reclamando un impuesto del 1%, por solo poner un ejemplo.