“Si la Policía detiene cada vez más delincuentes, la Justicia los procesa y aumenta día a día la población carcelaria, ¿por qué siguen apareciendo cada vez más delincuentes que generan un clima de inseguridad?”, preguntó en 2013 el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante un desayuno de trabajo organizado por “Somos Uruguay”.
Por aquellos días, el exsecretario de Estado hacía una fuerte referencia a la crisis de 2002 y a los cambios sociales que provocó la profunda debacle económica rioplatense, con un incremento de la pobreza y el desempleo.
Sin embargo, 24 años después, con la estructura de un sistema financiero sólido, una reducción de la pobreza y el desempleo, un aumento de las transferencias del Estado y sucesivos informes oficiales que destacan esas mejoras, cabe preguntarse: ¿cuál es la explicación para el aumento de la violencia asociada a la delincuencia y su profundización en las zonas más vulnerables de las ciudades?
Lo cierto es que no existe un correlato directo entre el crecimiento económico y la reducción del delito. Durante la década de 2010, el auge de los precios de las materias primas (commodities) impulsó con fuerza las exportaciones uruguayas, especialmente de productos clave como la soja, la carne y los lácteos.
Pocos recuerdan que en 2010 la economía uruguaya creció cerca de un 8% —para 2026 se estima una expansión de apenas 1,6%—, acompañado de un incremento histórico del consumo de los hogares. Después, la historia fue conocida: la economía se desaceleró y, durante los cinco años siguientes, se redujeron significativamente los ingresos por exportaciones. Al mismo tiempo, el delito avanzaba y la inseguridad ciudadana comenzaba a escalar hasta convertirse, desde 2009, en la principal preocupación reflejada por las encuestas, lugar que mantiene hasta hoy.
En los años siguientes, el país logró adaptarse a los vaivenes de la economía internacional, favorecido en distintos momentos por factores globales, como conflictos bélicos que impulsaron nuevamente algunos precios de exportación. Sin embargo, los indicadores sociales continuaron deteriorándose. Los índices delictivos crecían, la inseguridad dominaba los discursos de campaña, se impulsaban consultas populares para modificar la legislación penal y el miedo dejaba de ser una simple “sensación térmica”.
En la actualidad, el panorama es aún más complejo. La desaceleración económica pone en evidencia las dificultades para reducir vulnerabilidades sociales de carácter multidimensional, como la pobreza y la violencia, mientras las brechas se profundizan entre niños y adolescentes.
Con el paso de las distintas administraciones, la persistente desigualdad territorial marcó otro punto de inflexión. Las inversiones se concentraron en las zonas cercanas a los principales centros de consumo y con mejores condiciones logísticas. Al mismo tiempo, las fuentes tradicionales de empleo comenzaron a disminuir y la irrupción de las nuevas tecnologías encontró a una parte importante de la población con enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Así, el norte del país, históricamente más alejado de los principales polos de desarrollo, profundizó sus niveles de informalidad y bajos salarios. Sin embargo, la zona metropolitana, pese a exhibir mejores indicadores de desarrollo humano, concentra buena parte de la precariedad habitacional y mantiene elevados índices de homicidios y rapiñas.
El crecimiento económico que proyectan los consultores privados e incluso el propio gobierno difícilmente alcance para reducir esas brechas estructurales, aun considerando los incrementos de las transferencias monetarias destinados a los sectores más vulnerables. Ese es un desafío de largo plazo, porque se trata de poblaciones que seguirán viviendo en los mismos territorios donde se reproducen las desigualdades. En las periferias urbanas, el componente territorial también se ha convertido en un factor cultural de enorme peso.
La reducción del delito no es automática ni depende exclusivamente de la evolución de la economía. La clase política lo sabe, aunque con frecuencia continúe midiendo el éxito o el fracaso de las administraciones a partir de las estadísticas de criminalidad. En las últimas décadas se consolidó una subcultura que erosionó valores esenciales como la tolerancia, la convivencia, el respeto por la vida y la cultura del trabajo. Para muchos, esa lógica terminó convirtiéndose en una forma de vida que se expande y se profesionaliza.
El crimen organizado y la violencia ejercen una presión permanente sobre numerosos barrios y obligan a desplegar operativos policiales pocas veces vistos. Un ejemplo reciente fue el operativo realizado en el barrio Peñarol, donde se dispuso la intervención de 60 efectivos y un helicóptero para enfrentar un poder de fuego que luego quedó demostrado con la incautación de cargadores tipo caracol y un arsenal que evidenciaba una planificación considerable.
A ese episodio pueden sumarse otros ocurridos en los últimos días, que dejaron varios policías gravemente heridos. Se trata de una delincuencia que incrementa su poder de fuego, mejora su logística y perfecciona sus mecanismos de inteligencia.
Frente a este escenario, resulta evidente que el problema no se resolverá únicamente insistiendo en la reducción de la desigualdad social o de la exclusión, aunque ambas continúen siendo objetivos indispensables. Los desafíos aparecen cuando esas políticas deben traducirse en resultados concretos. La ciudadanía, como reflejan de manera reiterada las encuestas, se inclina cada vez más por respuestas rápidas y punitivas.
Esa demanda social suele traducirse en propuestas más coercitivas, similares a las impulsadas históricamente por gobiernos de perfil más conservador y cuestionadas durante años por el progresismo uruguayo.
Hoy, sin embargo, también ese espacio político enfrenta la necesidad de contener el avance del crimen organizado, reconocer que algunos territorios presentan niveles de complejidad muy superiores a otros y revisar sus propias tensiones internas frente a un fenómeno que ya no admite simplificaciones.
En la calle, en la academia y en los distintos ámbitos de debate existe un amplio consenso sobre un punto: la inseguridad constituye un problema real, más allá de cualquier interpretación ideológica. Las respuestas también deben ser reales.
Requieren planificación estratégica, políticas de Estado sostenidas en el tiempo y un equilibrio entre prevención social y una represión eficaz del delito. Y, sobre todo, necesitan menos discusiones estériles y más capacidad de ejecución, porque buena parte del diagnóstico ya está hecho.
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