Mucho más que un conflicto portuario

Hay conflictos laborales irracionales que terminan convirtiéndose en un problema para todo un país. Lo que ocurre desde hace semanas en el puerto de Montevideo pertenece claramente a esa categoría. Se trata del sexto episodio de conflictividad sindical en apenas un año, un conflicto que hace tiempo dejó de ser una discusión entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario. Hoy constituye una seria amenaza para la competitividad del Uruguay, su comercio exterior y la credibilidad internacional de su principal puerto.
Lo más preocupante es que, desde el gobierno, nadie parece dispuesto a asumir la verdadera dimensión del problema. Mientras el sindicato endurece sus posiciones y el Poder Ejecutivo se limita a expresar preocupación, la economía continúa pagando una factura que crece día tras día. El puerto opera en un clima de incertidumbre permanente; las navieras revisan sus escalas, los exportadores pierden mercados y los operadores logísticos acumulan pérdidas. Entretanto, el gobierno sigue apostando a que una negociación que lleva meses empantanada produzca, por sí sola, un milagro.
Toda negociación colectiva supone concesiones recíprocas. Pero cuando una de las partes condiciona el simple retorno al diálogo al pago de un bono mensual extraordinario de 50.000 pesos líquidos para todos los trabajadores o, alternativamente, a garantizar 25 jornales mensuales exista o no trabajo, la negociación deja de ser un ámbito de construcción de acuerdos para transformarse, lisa y llanamente, en un ejercicio de presión o de extorsión. Difícilmente pueda calificarse de otro modo una exigencia que pretende imponer beneficios extraordinarios antes siquiera de volver a sentarse a conversar.
El reclamo sindical ya no parece orientado únicamente a preservar derechos laborales. Apunta, en los hechos, a mantener un conjunto de garantías y privilegios construidos durante años al amparo de una posición de fuerza excepcional. Porque esa es la verdadera particularidad del conflicto portuario: quienes paralizan la actividad saben perfectamente que tienen la capacidad de afectar una parte sustancial de la economía nacional. Y utilizan esa ventaja como herramienta de negociación.
Nadie discute el derecho de huelga. Forma parte del sistema democrático y constituye una conquista histórica del movimiento sindical. Lo que sí resulta cuestionable es el abuso de ese derecho cuando termina convirtiéndose en un mecanismo de extorsión sobre el conjunto de la sociedad. Porque los perjudicados ya no son únicamente la empresa empleadora. Son cientos de exportadores, importadores, transportistas, agencias marítimas, depósitos fiscales, despachantes de aduana, trabajadores independientes y pequeñas empresas que nada tienen que ver con el diferendo, pero que soportan íntegramente sus consecuencias.
La situación adquiere una gravedad aún mayor si se considera el funcionamiento específico del puerto de Montevideo. Más del 90 % del movimiento de contenedores del país depende de una terminal cuya operativa lleva semanas sometida a paros parciales, interrupciones sorpresivas y modalidades de protesta que hacen imposible cualquier planificación logística seria. Ningún cliente internacional acepta indefinidamente semejante grado de incertidumbre, mucho menos en un mercado donde abundan puertos competidores dispuestos a captar ese tráfico.
Ese es el verdadero daño que muchas veces no aparece reflejado en las estadísticas diarias. Las pérdidas millonarias provocadas por cada jornada de paralización son importantes, pero pueden recuperarse con el tiempo. La pérdida de reputación, en cambio, demanda años. En el negocio marítimo, un puerto deja de ser atractivo mucho antes de quedar vacío. Basta con que sea considerado poco confiable para que las navieras comiencen a buscar alternativas permanentes.
Eso es, precisamente, lo que ya está ocurriendo. Los desvíos hacia Buenos Aires, Santos, Río Grande o Itajaí dejaron de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Algunas de las principales líneas navieras del mundo ya modificaron servicios, cancelaron escalas o trasladaron operaciones hacia otros puertos de la región. Recuperar esas rutas será extremadamente difícil. La logística internacional se organiza sobre la base de la previsibilidad, no de la esperanza de que el próximo conflicto dure menos que el anterior.
Los propios datos oficiales muestran una caída significativa en el movimiento de contenedores. Pensar que semejante retroceso responde exclusivamente a factores coyunturales sería un ejercicio de ingenuidad. La competencia regional avanza mientras Uruguay transmite exactamente el mensaje contrario al que debería proyectar: incertidumbre, conflictividad permanente y ausencia de respuestas.
Pero si la conducta sindical merece cuestionamientos, la actitud del gobierno resulta todavía más desconcertante. Hasta ahora, la respuesta oficial ha consistido, esencialmente, en manifestar preocupación y promover instancias de diálogo. Ambas cosas son necesarias, pero claramente insuficientes. Cuando un conflicto privado comienza a comprometer el interés general, el Estado tiene la obligación de actuar con mayor firmeza.
No se trata de intervenir en favor de una empresa ni de desconocer derechos sindicales. Se trata de proteger un servicio estratégico para el país. El interés general no puede quedar subordinado indefinidamente a una negociación que no encuentra salida porque una de las partes continúa elevando sus exigencias mientras mantiene paralizada buena parte de la actividad.
Existen herramientas legales para enfrentar situaciones excepcionales. Los protocolos de contingencia y, llegado el caso, la declaración de servicios esenciales no constituyen una agresión contra los trabajadores. Son mecanismos previstos precisamente para impedir que la paralización de determinados servicios termine lesionando los derechos de millones de personas que permanecen completamente ajenas al conflicto.
Sorprende, por ello, la resistencia del gobierno siquiera a considerar esas alternativas. La imagen que transmite es la de un Poder Ejecutivo más preocupado por no incomodar a un actor sindical que por preservar la competitividad de una infraestructura crítica para el desarrollo nacional. Esa actitud no fortalece el diálogo; simplemente prolonga un conflicto cuyos costos recaen sobre toda la sociedad.
Ha llegado el momento de que el gobierno comprenda que la neutralidad también tiene consecuencias.
Defender el derecho de negociación colectiva no implica tolerar indefinidamente que un sector estratégico del país permanezca sometido a una lógica de bloqueo permanente. Cuando el ejercicio de un derecho comienza a comprometer el bienestar general, corresponde al Estado restablecer los equilibrios.
Porque, en definitiva, el puerto no pertenece ni a la empresa ni al sindicato. Pertenece al país. Y ese país no puede quedar sometido al talante de un poder sindical que actúa como si estuviera por encima del interés general.