Durante años, gran parte de la izquierda internacional —y también de la izquierda vernácula— ha intentado presentar a regímenes como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela, entre otros, bajo el eufemismo de “democracias diferentes” —algo así como “avanzadas”, desde su particular óptica—, pero el tiempo se ha encargado de desmentir este eufemismo ideológico: se trata de la imposición, por la fuerza, de dictaduras de izquierda que han conculcado durante décadas los derechos humanos que pregonan, sojuzgando a los pueblos que dicen defender. Según ese relato, no se trataba de dictaduras sino de modelos alternativos de participación popular, supuestamente más representativos que las democracias liberales occidentales.
Sin embargo, la realidad ha ido desmontando esa construcción discursiva. La concentración del poder, la persecución de la oposición, la censura a la prensa, la falta de elecciones libres y competitivas y las reiteradas denuncias de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos han dejado cada vez menos espacio para sostener dicha presunción.
Y lamentablemente para ellos, uno de sus admirados regímenes, el de Nicaragua, a través de su “copresidente” Daniel Ortega, ha proclamado lisa y llanamente que se ha terminado la época del eufemismo y que no habrá nunca más “democracia” en su país. El propio Ortega se encargó de disipar cualquier duda que pudiera quedar.
Las agencias internacionales dan cuenta de que Daniel Ortega, junto con su esposa y copresidenta Rosario Murillo, anunció durante un acto para conmemorar el 47° aniversario de la Revolución Nicaragüense, celebrado el 19 de julio en Managua, un “muro” de leyes en la Asamblea Nacional “para que los golpistas, los vendepatrias, no puedan volver al gobierno”. Y qué mejor para ello que autoproclamarse dictador absoluto.
En efecto, en el acto celebrado en la Plaza de la Fe, el exgerrillero sandinista proclamó que no volverá a haber elecciones en su país. “Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo el mandatario de 80 años, quien está en el poder de manera ininterrumpida desde 2007 y que desde febrero de 2025 comparte el cargo con su esposa.
Anunció también que “vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes para hacer las leyes, para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que, por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al gobierno, de acuerdo con lo informado por el diario nicaragüense Confidencial y cuyo video se viralizó en las redes sociales.
Los últimos procesos electorales en el país centroamericano estuvieron marcados por la alta abstención de los ciudadanos: tanto en 2016, cuando Ortega volvió a reelegirse con Rosario Murillo como vicepresidenta, como en las elecciones de 2021, en las que se proclamó ganador con más del 75% de los votos, después de haber ilegalizado a los partidos opositores y encarcelado a todos los precandidatos de la oposición.
En 2025, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, el período presidencial se amplió de cinco a seis años. Según la nueva carta magna, llamada popularmente en Nicaragua “Chamuca” —en referencia al sobrenombre de Murillo—, las elecciones deberían realizarse en noviembre de 2027.
Lo ocurrido en Nicaragua representa, además, el desenlace lógico de un proceso de concentración de poder que lleva años. Las elecciones anteriores ya habían estado marcadas por la ilegalización de partidos opositores, el encarcelamiento de precandidatos presidenciales y una participación cuestionada por amplios sectores de la comunidad internacional. La reciente reforma constitucional no hizo más que consolidar ese modelo.
Paradójicamente, estos regímenes suelen reivindicar la participación popular mediante actos multitudinarios y asambleas organizadas por el propio aparato estatal. Pero cuando la asistencia está condicionada por la dependencia del empleo público, por el control político o por el temor a represalias, difícilmente pueda hablarse de una expresión espontánea de la voluntad ciudadana. La movilización organizada desde el poder no sustituye el voto libre ni el pluralismo político.
Tampoco puede ignorarse otro dato de la realidad. Países que durante décadas prometieron igualdad, prosperidad y justicia social exhiben hoy economías profundamente deterioradas, con altos niveles de pobreza, emigración masiva y una creciente dependencia de subsidios estatales. Millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses han optado por abandonar sus países en busca de oportunidades que sus gobiernos no pudieron —o no quisieron— garantizar.
El argumento de que todas esas dificultades obedecen exclusivamente a factores externos tampoco alcanza para explicar décadas de estancamiento, restricciones a las libertades y concentración absoluta del poder. Allí donde no existe alternancia política, donde el oficialismo controla las instituciones y donde disentir puede tener consecuencias personales, el problema deja de ser simplemente económico: es político.
Las palabras de Ortega tienen, además, un valor simbólico. Derriban definitivamente la ficción de la “democracia diferente”. Si un gobernante declara que nunca más habrá elecciones competitivas, ya no estamos ante una democracia con características particulares; estamos ante la admisión pública de un régimen autoritario.
Quizás sea momento de abandonar definitivamente los eufemismos. Las dictaduras no dejan de ser dictaduras porque se proclamen populares, revolucionarias o socialistas. Tampoco porque convoquen concentraciones masivas o invoquen permanentemente al pueblo. La verdadera legitimidad democrática no se mide por la cantidad de banderas en una plaza ni por los aplausos organizados desde el poder. Se mide por el respeto a las libertades, por la existencia de elecciones libres, por la posibilidad de la alternancia y por el derecho de cada ciudadano a expresarse sin miedo.
Cuando esas condiciones desaparecen, ya no queda lugar para hablar de “democracias diferentes”. Queda, simplemente, una dictadura, como es el caso del régimen instalado y entronizado por la fuerza en Nicaragua.
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