Como cada 25 de julio, hoy es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Por supuesto que celebrar esta fecha a esta altura del año tiene lógica para el hemisferio norte, donde están transitando el verano. Sin embargo, ello no quiere decir que nada esté pasando por estas latitudes en este tema, a pesar de que el frío no invite a adentrarse en aguas abiertas. Sin ir más lejos, tenemos en esta región varios centros termales que son el eje de la propuesta turística, para los que este tema es crucial. Lo otro que está pasando es que en la Cámara de Representantes se aprobó la semana pasada un proyecto de ley de regulación de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos, que pasará a ser abordado por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. De la agilidad que se le dé al tratamiento de este proyecto dependerá que el próximo verano se puedan comenzar a instrumentar algunas de las disposiciones allí contenidas.
No es la primera vez que abordamos la temática de la prevención de ahogamientos desde este espacio, reclamando una política nacional en la materia. Los números lo justifican plenamente.
A nivel mundial, los ahogamientos se cobran más de 300.000 vidas al año —30 decesos cada hora— y casi una cuarta parte de las víctimas son menores de cinco años. Se trata, de hecho, de una de las diez principales causas de muerte en niños de entre 5 y 14 años. Más del 90% de las muertes por ahogamiento en el mundo ocurren en ríos, lagos, pozos, depósitos de almacenamiento de agua doméstica y piscinas en los países de ingreso bajo y mediano, y afectan de forma desproporcionada a los niños y adolescentes de zonas rurales.
Expresa la exposición de motivos del proyecto aprobado en la Cámara baja que “a diferencia de otras causas de mortalidad prevenible que han sido objeto de políticas públicas específicas y sostenidas, Uruguay aún no contaba —no cuenta— con una estrategia nacional integral orientada a la prevención de estos eventos”. Agrega una serie de datos que reflejan la dimensión del problema en el país. “Los datos disponibles son tan contundentes como preocupantes”, afirman los legisladores. “En los últimos cinco años fallecieron en Uruguay 189 personas por ahogamiento. Detrás de cada una de esas cifras existe una historia truncada, una familia devastada y una tragedia que, en la enorme mayoría de los casos, pudo haberse evitado”. Sin embargo, otros datos revelan un problema aún mayor. “El Ministerio de Salud Pública estima que por cada persona fallecida al menos cuatro personas requieren atención en un centro de salud luego de sufrir un episodio de inmersión o sumersión. Ello permite estimar que, además de las 189 personas fallecidas, aproximadamente 756 personas sobrevivieron tras requerir asistencia sanitaria, algunas de ellas con secuelas físicas”. Expresan que, además, estamos ante “una problemática de salud pública que genera discapacidad, dependencia, sufrimiento familiar, costos sanitarios y pérdidas sociales que impactan sobre toda la comunidad”.
En su artículo 1.°, el proyecto prevé la declaración de interés general para la prevención del ahogamiento, así como “su reconocimiento como problema de salud pública y la promoción de acciones coordinadas para reducir la morbilidad, la mortalidad y los eventos adversos relacionados con la inmersión o sumersión en cuerpos de agua naturales o artificiales en todo el territorio nacional”. El eje del proyecto es la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, coordinado por el Ministerio de Salud Pública con el Sistema Nacional de Emergencias, la Secretaría Nacional del Deporte y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, que deberá actualizarse cada cinco años. El Plan deberá establecer metas cuantificadas de reducción de ahogamientos, implementar medidas de prevención, diseñar políticas diferenciadas para niños, adolescentes y jóvenes, incorporar medidas para todos los entornos acuáticos urbanos y rurales, e incluir programas nacionales de educación, comunicación de riesgos y capacitación, entre otros mandatos.
También se establece —artículo 6.°— una serie de disposiciones referidas a la habilitación de piscinas públicas y privadas de uso público, con regulaciones en materias como sistemas de drenaje y desagüe, señalización de profundidad, normas de uso y riesgos.
Asimismo se dispone el registro y reporte obligatorio al Sistema Nacional de Registro de Incidentes y Eventos Adversos, que también se crearía de aprobarse esta norma, al igual que el Fondo Nacional de Seguridad Acuática, destinado a financiar programas nacionales de educación y prevención, equipamiento de seguridad acuática para intendencias y servicios de guardavidas, infraestructura de seguridad en playas, ríos y piscinas, entre otros destinos. Este fondo se financiará tanto con aportes gubernamentales como con donaciones, legados, cooperación internacional y lo obtenido por multas y sanciones derivadas de la aplicación de la ley.
El lema del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos 2026 es “Unámonos para revertir la situación”, y la Estrategia Mundial de Prevención de los Ahogamientos, aprobada el año pasado, hizo un llamamiento a todos los sectores y niveles de la sociedad para lograr el objetivo de reducir los ahogamientos en un 35% de aquí a 2035.
Quizás en un país con las características del nuestro sea posible implementar estas normativas con una meta aún más ambiciosa. No será tarea fácil, por supuesto, pero ya de por sí poner el tema en relieve y lograr que efectivamente —y no solo en el papel— se le considere un asunto de interés general es un buen punto de partida para hacer frente al desafío.
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