(El País)
El gobierno de Yamandú Orsi presentó ayer la demanda contra el astillero Cardama tras la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV). La causa recaerá en el juez letrado en lo Civil de Noveno Turno, Alejandro Recarey.
En la demanda de casi 200 páginas, el Poder Ejecutivo hace un pormenorizado relato de las irregularidades por parte de Cardama y enumera los rubros millonarios con los que busca resarcirse tras la frustrada entrega de los buques.
Hasta el momento de la rescisión, el Estado uruguayo había pagado a la empresa española 28.794.500 euros y el reclamo asciende a U$S 35 millones.
En detalle, el gobierno sostiene en la acción civil que los documentos presentados por la demandada no constituían garantías válidas. En ese sentido, señala que la garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce --que, según indica, no era una entidad bancaria, como exigía el contrato, no tenía actividad económica declarada y presentaba otras irregularidades comprobadas-- era falsa y, además, no fue renovada dentro del plazo estipulado.
Asimismo, la administración de Yamandú Orsi afirma que la garantía de reembolso emitida por Redbridge no constituía una póliza de seguro o de anticipo financiero.
Sobre esta última, además, se incorpora nueva información según la cual un informe presuntamente independiente presentado ante el Ministerio de Defensa y elaborado por un corredor de seguros uruguayo adolecía de un “evidente conflicto de intereses no declarado”. Según la demanda, quien suscribió el informe y certificó la capacidad de Redbridge para actuar como aseguradora era, al mismo tiempo, el corredor comercial de esa empresa en Uruguay.
“Fue la propia demandada quien seleccionó a las entidades intervinientes, gestionó directa o indirectamente la obtención de las garantías, presentó la documentación correspondiente ante el Estado uruguayo y procuró acreditar posteriormente su renovación. Es flagrante el incumplimiento del contrato, haya estado o no involucrada en las conductas ilícitas que derivaron en la falsedad de la garantía”, acusa la demanda, que añade que hubo un “incumplimiento grave” por parte de Cardama al momento de la constitución de los avales que hacían entrar en vigor el contrato firmado en diciembre de 2023.
El gobierno uruguayo afirma que el incumplimiento de la obligación de renovar una de las garantías “resultó ser la punta de un iceberg de falsedades y múltiples irregularidades que constituyeron incumplimientos graves” que ameritaron la recisión del contrato.
Como novedad, la demanda incorpora como elemento probatorio de la presunta “configuración de un fraude perpetrado en perjuicio del Estado uruguayo” la intervención de dos empresas intermediarias presuntamente contratadas por Cardama que, según el escrito, habrían sido “aparentemente vehículos del fraude”.
“Más allá de la novedad de este planteo, en lo que parece ser un intento por alejarse de su participación directa en el fraude, solo confirma la existencia de un esquema de engaño contra el Estado uruguayo, de principio a fin”, se afirma.
Se menciona, en esta dirección, la intervención de dos sociedades intermediarias hasta entonces desconocidas: Forum Europe y Star Alliance Consulting.
Según la demanda, la primera celebró dos contratos con Cardama actuando como intermediaria en la emisión de las supuestas garantías: uno el 17 de diciembre de 2023 y otro el 15 de octubre de 2024.
“Como consecuencia, todo hace presumir que, desde el primer día del contrato, Cardama ya tenía contratado al intermediario que le consiguió una garantía falsa”, se apunta.
CONVERSACIONES CON EE. UU. SOBRE CIUDADANOS DEPORTADOS
(SUBRAYADO)
El presidente Orsi aseguró este viernes que con Estados Unidos “se está conversando hace muchos meses, muchos meses”, sobre la posibilidad de enviar a Uruguay ciudadanos deportados por la política migratoria de Donald Trump.
“Son conversaciones, en diplomacia se habla mucho, pero se juega callado”, agregó Orsi en conferencia de prensa este viernes.
“La propuesta de Estados Unidos está afinándose. Son miles y miles de retornados a distintos países”, comentó el presidente, y concluyó: “Uruguay no llegó todavía a ningún acuerdo”.
La propuesta del gobierno de Trump ya generó rechazos dentro del Frente Amplio, y tiene la opinión contraria del asesor de Orsi en temas internacionales Álvaro Padrón, quien dijo que “no están dadas las condiciones políticas” para concretar esa operación.
El canciller Mario Lubetkin ha dicho que no hay ninguna propuesta concreta del gobierno de Estados Unidos, pero Búsqueda informó el jueves que el 24 de julio llegó a la Cancillería una propuesta escrita.
ODDONE: “PROPUESTAS DE CABILDO SON CONTEMPLABLES FUERA DE LA LEY PRESUPUESTAL”
(TELEMUNDO)
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y habló a la salida del proyecto de Rendición de Cuentas que se está tratando en esa cámara. “Creo que la discusión que acabamos de tener fue muy buena. Se hicieron preguntas muy pertinentes y comentarios muy sugerentes. Creo que respondimos y también tomamos en cuenta muchas de las cosas que se dijeron acá. Eso no sugiere una oposición que no vaya a votar nada, porque el nivel de discusión, de análisis y de profundización demuestra que estudiaron seriamente el proyecto”, dijo en relación a que la Coalición Republicana anunció que no votará el proyecto en general.
“Le restaría mucha potencia al proyecto no poder tener una discusión artículo por artículo con capacidad de incidencia por parte de la oposición. Voy a trabajar hasta el último día para lograr que la oposición abra la discusión y permita ese debate, porque cuanta más gente discuta el articulado, mejor va a salir la ley para la población”, agregó. A su vez habló sobre las propuestas de Cabildo Abierto, que anunció Guido Manini Ríos tras una reunión con el presidente Yamandú Orsi. “Todas las iniciativas propuestas por Cabildo Abierto son contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida y no existe mensaje complementario en una Rendición de Cuentas. Por lo tanto, cualquier iniciativa de esas características debería tramitarse mediante una ley aparte”, marcó.
Las propuestas de Manini fueron que el sistema financiero devuelva el 5% de sus ganancias, otra es una “exigencia” para que los niños reciban transferencias monetarias y una campaña de bien público para la concientización del cannabis.
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