La Intendencia de Paysandú respondió el pedido de acceso a la información pública presentado por Federico Álvarez Petraglia respecto a la licitación para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y confirmó que la iniciativa privada de Teyma fue presentada el 9 de diciembre de 2025, que posteriormente fue considerada viable por técnicos municipales y que se estima un presupuesto de $ 12 millones, IVA incluido, para la contratación. Asimismo, sostuvo que el procedimiento no implica una concesión de un servicio público y que, por esa razón, no requiere anuencia de la Junta Departamental. La licitación fue abierta el 24 de agosto y actualmente está a estudio, considerando todas las propuestas recibidas.
Álvarez Petraglia había solicitado información al amparo de la Ley 18.381 sobre la licitación pública 25/2026, denominada “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Departamento de Paysandú”, luego de que en el llamado se mencionara que el procedimiento tenía como antecedente una iniciativa privada presentada por Teyma S.A. Entre otras interrogantes, pidió conocer cuándo había sido presentada, si la Intendencia realizó estudios de viabilidad, si correspondía solicitar anuencia a la Junta Departamental, cuál sería el costo de una eventual adjudicación y qué ocurriría con los funcionarios municipales actualmente afectados a la recolección.
En su contestación, la administración departamental indicó que la iniciativa privada ingresó el 9 de diciembre de 2025 y que se realizaron estudios para analizar su viabilidad. Entre la documentación entregada figura un informe fechado el 27 de enero de este año, elaborado por la Unidad de Gestión Ambiental y Cambio Climático, en el que se analiza desde el punto de vista operativo y ambiental la denominada “Modernización del Sistema de Gestión de Residuos de Paysandú”.
El informe técnico concluyó que, desde el punto de vista operativo, la propuesta podía considerarse viable. Entre los aspectos mencionados señaló que favorecería el cierre de vertederos municipales o áreas destinadas a ese fin en el interior, mediante la centralización de residuos y estaciones de transferencia, además de incentivar la clasificación y valorización de residuos y ampliar la capacidad de los contenedores utilizados en la ciudad.
Uno de los puntos centrales del planteo de Álvarez Petraglia fue si, tratándose de un servicio público municipal, correspondía solicitar anuencia a la Junta Departamental, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La respuesta de la Asesoría Jurídica Notarial fue negativa.
Según el informe jurídico, la situación planteada “no configura una concesión de servicio público” y, por lo tanto, “no resulta exigible” la anuencia de la Junta Departamental. La Intendencia entiende que se trata de la contratación de un servicio determinado, sujeto a condiciones, obligaciones y controles establecidos por la propia administración.
La respuesta agrega que la gestión de residuos domiciliarios constituye una competencia de los gobiernos departamentales y sostiene que la normativa habilita a la administración a adoptar medidas y modalidades de gestión para el cumplimiento de ese cometido. Asimismo, señala que la recolección de residuos domiciliarios constituye un servicio público esencial y que el Tocaf habilita al intendente a licitar y contratar este tipo de prestaciones.
Respecto al costo, la Intendencia informó que “el presupuesto que se estima es de $ 12.000.000 (doce millones de pesos uruguayos) IVA incluido”. También señaló que el gasto se encuentra contemplado en el crédito presupuestal correspondiente al programa 4.030, rubro 529.900. La documentación entregada no especifica en esa respuesta el período al que corresponde el monto estimado.
Álvarez Petraglia también preguntó si las iniciativas previstas para el interior departamental habían sido discutidas con los respectivos concejos municipales. La Intendencia respondió que su consideración previa “no resulta jurídicamente exigible”, al entender que la gestión de residuos se encuentra dentro de las competencias propias del gobierno departamental y de las atribuciones legalmente asignadas al intendente.
En cuanto a esas actuaciones en el interior, la administración informó que forman parte del Plan de Gestión de Residuos Departamental presentado ante el Ministerio de Ambiente y que se procura desarrollar estrategias zonales para la gestión de residuos domiciliarios mediante estaciones de transferencia vinculadas a ejes de movilidad.
La contestación resulta menos precisa respecto a otras dos interrogantes. Ante la consulta sobre si la Intendencia concesionará la recolección de residuos de la denominada Zona C, se limitó a señalar que los subservicios correspondientes se encuentran numerados del 1 al 6 en el pliego de condiciones. Y respecto al destino de los funcionarios municipales que actualmente desempeñan tareas de recolección, remitió a un memorando del Departamento de Servicios firmado por su director, Carlos Batista.
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