Redes de pesca

Con uñas y dientes se defienden en el Tribunal Federal de Oakland, California, los abogados de la empresa Meta de las acusaciones de haber procurado “enganchar” (en el sentido de generar adicción) deliberadamente a menores de edad en los servicios de Facebook e Instagram, de su propiedad. Las acusaciones proceden de 29 estados, que señalan a la firma de haber intentado, conscientemente, ocasionar una dependencia entre usuarios menores de edad, lo que podría haber ocasionado conductas adictivas, provocado daños emocionales y físicos, e incluso, en casos más graves, hasta la muerte. También se la acusa de infringir leyes federales al recopilar y utilizar datos personales de los menores de forma indebida.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, citado en un artículo de la agencia de noticias española EFE, discrepó rotundamente con estas acusaciones y pidió al jurado “mantener la mente abierta”. Destacó, a la vez, los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años y señaló que en los últimos tres meses fueron 600.000 las cuentas eliminadas que habían sido creadas por usuarios no permitidos.

La fiscal general adjunta, Megan O’Neill, aseguró que la tecnológica “ocultó la verdad” y que “cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios”. Uno de los testigos, Arturo Bejar, exempleado de Meta, aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre “los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado Instagram” y que estos se podían evitar.

Pero mientras esto acontece en Estados Unidos, en la cuna de esta empresa y de las redes sociales en general, en el resto del mundo la discusión solo es seguida de cerca por muy pocas personas conscientes de lo que está en juego, porque una decisión adversa a la empresa podría ocasionar una reacción en cadena que erosione su prestigio, por más que no es la primera vez que enfrenta una situación análoga y que ha sido anteriormente hallada responsable de actividades empresariales cuestionables. Sin ir más lejos, este mismo mes de agosto de 2026, un juzgado del distrito de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, que además deberá crear. Se consideró en esa corte que la forma de operar de la empresa perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En simultáneo a esta discusión en el norte del mundo, acá en nuestro país ingresó al Parlamento un proyecto de ley que busca establecer responsabilidades de estas empresas y proteger “a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos derivados de los servicios de redes sociales”. Así se titula la iniciativa presentada por el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani.
Por comentar algunos de los aspectos salientes del proyecto, el artículo 5.° establece que “los proveedores de servicios de redes sociales” que ofrezcan sus servicios a habitantes del país deberán adoptar medidas “razonables, proporcionadas, eficaces y auditables” para evitar que las personas menores de quince años “creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas personales”. El artículo siguiente responsabiliza a los proveedores por el cumplimiento de la disposición, y el posterior a ese exime de responsabilidad a los menores de edad y a sus familias: “las sanciones previstas recaerán exclusivamente sobre los proveedores y demás sujetos obligados”.

El articulado prevé una serie de garantías de privacidad que restringen la utilización y la recopilación de datos, así como se prohíben las bases de datos centralizadas que operen a partir de los datos proporcionados en el proceso de verificación de la edad.
Luego, además, contiene algunas previsiones con respecto a los usuarios de 15 a 17 años, para los que estipula una “protección reforzada”, estableciendo por defecto el máximo nivel de privacidad. Del mismo modo, estos usuarios tendrán impedido intercambiar mensajes con adultos desconocidos, no podrán tener una geolocalización pública, etcétera.
En los artículos posteriores hay regulaciones sobre la utilización comercial de los datos y la publicidad orientada en base al perfil del usuario, lo que se conoce como segmentación. Se prohíbe “la utilización de datos sensibles o inferencias sobre estado emocional para recomendar anuncios”, así como la publicidad “de apuestas, alcohol, tabaco, productos de nicotina, pornografía, armas u otros productos perjudiciales”.

No es posible, por razones de practicidad y de espacio, resumir en esta sección el contenido total del proyecto. Viene al caso, sin embargo, referir que prevé una serie de multas en caso de infracciones, así como mecanismos para hacer cumplir lo dispuesto en la misma norma.
También estipula que el Estado llevará adelante “programas permanentes sobre bienestar digital, privacidad, algoritmos, ciberacoso, grooming, sextorsión, desinformación, inteligencia artificial, sueño, utilización responsable del tiempo y recursos de orientación y denuncia”, y que el Ministerio de Salud Pública “incorporará orientaciones sobre salud digital en los programas de atención pediátrica y adolescente, incluyendo detección de uso problemático, alteraciones del sueño, ciberacoso, exposición a contenidos dañinos y pautas de acompañamiento familiar”.

Más allá de que queda claro que los juicios contra Meta están enfocados en las secuelas ocasionadas entre los usuarios menores de edad, así como lo hace la normativa propuesta por Schipani, todo esto debería dar lugar además a la apertura de un debate sobre los efectos del uso de redes y de la exposición al mundo digital entre las personas mayores de edad, un debate que considere, por supuesto, la libertad de las personas a exponerse a riesgos. Claro, una cosa es exponerse a riesgos a sabiendas de su existencia, y otra muy distinta es hacerlo pensando que eso no tiene ningún tipo de efecto sobre la salud de las personas.
Sobre la salud mental, justamente, uno de los grandes dolores de cabeza históricos de un país que hace punta —y hasta se ha escapado— en las estadísticas de autoeliminaciones del continente.