El preacuerdo alcanzado entre el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales del sector fue recibido por la organización sindical como un acontecimiento histórico. Y, desde la perspectiva estrictamente laboral, es comprensible que así sea. La reducción progresiva de la jornada de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial, constituye una mejora para los trabajadores alcanzados por el convenio. A ello se agregan ajustes salariales, beneficios sociales, partidas vinculadas a la salud mental, prevención, primera infancia, ropa de trabajo y protocolos ante temperaturas extremas.
Por cierto, el trabajador de la construcción realiza una tarea particularmente exigente, muchas veces a la intemperie, expuesto a riesgos físicos, trabajos en altura, cargas pesadas y condiciones climáticas que pueden ser severas. Además, la construcción no es una actividad cualquiera: moviliza una extensa cadena de proveedores y trabajadores indirectos, desde barracas y fabricantes de materiales hasta herrerías, carpinterías, metalúrgicas, empresas eléctricas, transporte y extracción de materias primas. Su dinamismo repercute sobre una parte importante de la economía.
Pero precisamente porque la construcción es tan importante, el acuerdo no debería ser analizado solamente desde el punto de vista de quienes lo celebran. También corresponde preguntarse qué efecto tendrá sobre el resto de la sociedad.
Y allí aparece una cuestión que el debate público uruguayo suele esquivar: reducir el tiempo trabajado manteniendo intacta la remuneración no es gratis. Puede ser una excelente decisión si la productividad aumenta lo suficiente como para compensar la menor cantidad de horas. Pero si no aumenta la productividad, el costo de cada hora efectivamente trabajada sube. Y cuando aumenta el costo de producir una vivienda, una carretera, un edificio o cualquier otra obra, alguien termina pagando la diferencia. No hay misterio en esto. No existen almuerzos gratis. Y eso, en un país que ya de por sí es caro, ineficiente y que por ello ya no es competitivo en el ámbito internacional, sólo puede hacer una cosa: agravar la situación y hacernos menos competitivos aún.
Según lo previsto en el preacuerdo, la reducción será gradual: una hora menos por semana desde agosto de 2027 y nuevas reducciones sucesivas hasta llegar a las 40 horas en 2030. El salario, mientras tanto, no se reduce. La cuenta económica es sencilla: si se paga prácticamente lo mismo por cuatro horas semanales menos, el costo laboral por hora aumenta. El propio presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, Alfredo Kaplan, señaló que el acuerdo representa para los desarrolladores un aumento significativo de costos y estimó que, al cabo del proceso, el impacto específico de pasar de 44 a 40 horas manteniendo la remuneración equivale aproximadamente a un 10% por ese concepto.
La discusión, entonces, no debería ser si cuatro horas menos de trabajo son buenas o malas para un trabajador. Naturalmente, para quien recibe el mismo salario y dispone de más tiempo libre, son buenas. La discusión relevante es otra: ¿puede una economía que ya tiene elevados costos darse el lujo de aumentar todavía más el precio de producir sin que ello tenga consecuencias sobre el conjunto?
Uruguay tiene un problema previo que hace especialmente delicada esta cuestión: es un país caro medido en dólares. Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), basado en información de precios del Banco Mundial, encontró que Uruguay era en promedio 27% más caro que un conjunto de 43 economías desarrolladas y emergentes. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la diferencia llegaba al 55%, y en productos de limpieza e higiene personal al 58%.
Los datos más recientes del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial muestran, además, que Uruguay registró en 2021 el nivel de precios más alto de América Latina en el índice general de precios del PBI, con un valor de 102 frente a un promedio mundial de 100. Es decir, incluso con las diferencias metodológicas que deben tenerse en cuenta, la evidencia internacional confirma algo que cualquier uruguayo comprueba al viajar: el país no es barato.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando se incorpora la productividad a la ecuación.
Una economía puede pagar salarios altos y trabajar menos horas. De hecho, las economías más desarrolladas del mundo suelen combinar ingresos elevados con jornadas relativamente menores. Pero existe una condición indispensable: la producción por hora debe ser suficientemente alta.
La secuencia correcta es productividad, inversión, crecimiento, mejores salarios y, eventualmente, más tiempo libre. Si se pretende comenzar por el final —menos horas y salarios que no bajan— sin que previamente haya aumentado la cantidad de bienes y servicios producidos por hora, el resultado inevitable es un incremento del costo unitario. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Uruguay necesita. El país necesita abaratarse, no encarecerse. Necesita atraer inversión, no hacerla más difícil. Necesita producir más con los mismos recursos, no producir menos con los mismos costos. Necesita mejorar su competitividad para vender al mundo y, al mismo tiempo, hacer que las viviendas, los servicios y los bienes sean más accesibles para los uruguayos.
Y surge como un contrasentido que una economía que necesita inversión adopte como señal de progreso un mecanismo que aumenta los costos si no está acompañado por un salto equivalente en productividad.
Precisamente en la construcción se pueden observar con claridad las consecuencias. En una obra pública, el mayor costo puede terminar trasladándose al Estado. Pero el Estado no produce dinero: utiliza recursos que provienen de los ciudadanos que pagan impuestos, del endeudamiento o de la reasignación de partidas. Si una carretera cuesta más, con el mismo presupuesto se pueden construir menos carreteras. Si construir una vivienda social cuesta más, con los mismos recursos se pueden construir menos viviendas.
El empresario Kaplan, en declaraciones al suplemento Economía y Mercado del diario El País, advirtió precisamente sobre este punto: el encarecimiento de la mano de obra también alcanza a las obras públicas y a los programas habitacionales. El problema no es teórico. Si el presupuesto destinado a infraestructura permanece igual mientras aumenta el costo de cada obra, la cantidad física de obras que puede realizarse disminuye.
En el sector privado el mecanismo es todavía más directo. Un desarrollador no puede construir indefinidamente por encima del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Si los costos suben, necesita vender más caro para mantener la rentabilidad y justificar la inversión. Si el mercado no acepta ese precio, el proyecto deja de ser viable.
El resultado puede ser una paradoja: una medida destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores puede terminar dificultando el acceso a la vivienda de otros trabajadores, y a la vez reduciendo el campo laboral para quienes se benefician de la reducción del horario laboral.
Menor oferta, precios más altos y menos inversión forman una combinación particularmente peligrosa para un país que pretende solucionar su déficit habitacional y atraer capital privado.
Por lo tanto, que el costo pueda trasladarse no significa que el aumento sea inocuo. Significa simplemente que alguien lo paga. Lo paga el comprador de la vivienda. Lo paga el contribuyente cuando se trata de obra pública. Lo paga el inquilino si el mayor costo termina afectando el valor de los inmuebles o de su mantenimiento. Lo paga el consumidor cuando el mayor costo de infraestructura se incorpora a otros bienes. Y lo paga, finalmente, la economía cuando proyectos que antes eran rentables dejan de serlo. En definitiva, el costo puede cambiar de bolsillo, pero no desaparece.
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