Hay iniciativas que, sin dudas, merecen ser tomadas en serio por la importancia del problema que intentan abordar. La creación del Foro de Referentes Industriales, promovido por la Cámara de Industrias y el Pit Cnt, con participación académica y apoyo de Inefop, puede ser una de ellas. Reunir en torno a una misma mesa a empresarios, trabajadores y académicos para discutir el futuro industrial del país no es un asunto menor y puede constituir una oportunidad para abordar esta problemática con la seriedad que requiere.
Pero hay una condición: que la mesa no termine siendo simplemente otra instancia de diálogo destinada a producir diagnósticos, documentos y buenas intenciones mientras la realidad continúa avanzando por otro camino.
Porque el problema industrial uruguayo no es nuevo ni misterioso. Nuestro país tiene una economía pequeña, un mercado interno reducido, costos internos elevados, problemas de escala, dificultades de inserción internacional y una estructura de costos que muchas veces hace difícil, cuando no imposible, competir tanto dentro como fuera del país. A ello se suman los costos energéticos, laborales, logísticos, tributarios y regulatorios que pesan sobre quien decide producir localmente.
Existe, además, un problema cultural que quizá sea más difícil de resolver que cualquiera de los anteriores: la tendencia a discutir la distribución de lo que existe antes que las condiciones necesarias para generar aquello que todavía no existe. Es un defecto de raíces ideológicas sesentistas que la central sindical vuelve a poner sobre la mesa una y otra vez.
Durante mucho, demasiado tiempo, buena parte de la discusión económica uruguaya se ha desarrollado como una disputa entre intereses sectoriales. Empresarios defendiendo rentabilidad y condiciones de competencia; trabajadores defendiendo salarios, empleo y derechos; consumidores reclamando precios más bajos, y el Estado intentando arbitrar entre todos ellos, pero procurando al mismo tiempo preservar su propia tajada. El problema aparece cuando algún sector consigue trasladar sus costos al resto de la sociedad y nadie se pregunta quién termina pagando la cuenta.
La industria, mientras tanto, necesita algo simple, al menos en apariencia: poder producir, vender, invertir y competir.
En ese sentido, resulta llamativo que el debate sobre competitividad aparezca muchas veces fragmentado. Se discute la apertura de las importaciones, pero no necesariamente la estructura de costos que enfrenta el productor nacional. Se discuten salarios, pero no siempre la productividad, un aspecto que suele quedar soslayado en el debate sindical. Se discute el empleo, pero no la inversión que hace posible sostenerlo. Se discuten beneficios para determinados sectores, pero no siempre las condiciones generales que permitirían que nuevas empresas aparezcan y compitan.
Y, en tren de regulaciones y medidas que se presentan como soluciones, recientemente se ha incorporado a la agenda el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, cuyo artículo 140 aparece como un buen ejemplo de esta contradicción.
La simplificación para que nuevos importadores puedan comercializar productos que ya fueron registrados y evaluados tiene una lógica evidente: evitar duplicaciones innecesarias, facilitar la competencia y, eventualmente, reducir precios. No parece razonable exigir que cada nuevo importador vuelva a recorrer íntegramente un procedimiento técnico que ya fue cumplido respecto de un determinado producto.
Pero una política de competencia tampoco debería confundirse con una política de desprotección de la producción nacional.
La pregunta relevante no es si Uruguay debe proteger a empresas ineficientes de la competencia. La pregunta es otra: ¿por qué producir en Uruguay resulta tan caro y qué estamos dispuestos a cambiar para que las empresas eficientes puedan competir?
Si la respuesta consiste únicamente en abrir más el mercado importador, sin reducir los costos estructurales que soporta quien produce localmente, existe el riesgo de que la competencia se produzca sobre una cancha flechada.
Aquí surge una discusión que debería estar en el centro del nuevo foro industrial: competir en igualdad de condiciones no significa proteger monopolios ni prebendas. Significa eliminar privilegios y distorsiones, tanto para quienes producen como para quienes importan. Si un registro, una licencia o una regulación se convierte, de hecho, en una barrera de entrada que permite a un actor apropiarse indefinidamente de una posición privilegiada, corresponde revisarlo. Pero tampoco resulta razonable que quien asumió los costos iniciales de desarrollar un producto, obtener certificaciones, construir una red comercial y abrir un mercado quede automáticamente expuesto a que otro se apropie de ese esfuerzo sin asumir riesgos equivalentes.
La solución no debería consistir en elegir entre proteccionismo y apertura. Debería ser construir reglas de competencia transparentes, generales y previsibles.
Pero eso nos lleva al asunto más difícil de afrontar: los costos. Uruguay no puede aspirar indefinidamente a tener una industria competitiva si cada reforma se concentra en el precio final de los bienes sin atacar los costos de producirlos. Energía, combustibles, logística, infraestructura, servicios públicos, carga tributaria, regulación, financiamiento y relaciones laborales forman parte de una misma ecuación.
A la vez, está de por medio el tema de la productividad. Es legítimo que los trabajadores aspiren a mejores salarios y condiciones laborales. Pero una economía no puede aumentar indefinidamente el costo del trabajo sin tener en cuenta cuánto valor genera ese trabajo. Del mismo modo, es legítimo que las empresas reclamen mejores condiciones de competitividad, pero tampoco pueden pretender que toda ineficiencia privada sea socializada y termine siendo pagada por todos.
Por eso, el capítulo de las relaciones laborales no puede quedar fuera de una verdadera reconversión industrial del país, como tampoco puede quedar al margen la logística portuaria y los problemas evidentes derivados de la incidencia de los sindicatos en el funcionamiento del puerto de Montevideo.
Cuando un conflicto en un nodo crítico de la economía afecta cadenas enteras de producción, exportaciones e importaciones, el problema deja de ser exclusivamente entre una empresa y sus trabajadores. Pasa a tener una dimensión económica nacional, y su debate exige responsabilidad de todos los actores. Un país pequeño, dependiente del comercio exterior y con una sola gran puerta marítima, no puede darse el lujo de tratar su infraestructura estratégica como si fuera un escenario más de la disputa sectorial. La libertad sindical y la negociación colectiva deben coexistir con mecanismos que reduzcan el impacto de los conflictos sobre terceros que nada tienen que ver con la controversia original.
La reconversión industrial no consiste en subsidiar indefinidamente empresas que no son competitivas. Tampoco consiste en abrir indiscriminadamente las puertas a cualquier producto extranjero y esperar que el mercado resuelva mágicamente el problema.
Y todo lo que se haga terminará siendo inútil si no se revisa —y se hace algo serio al respecto— el tamaño y la eficiencia del Estado, una cuestión que está en la raíz de buena parte de los problemas que enfrenta el país. Un Estado que recauda mucho, pero presta servicios caros o deficientes, termina convirtiéndose en un costo adicional para quienes producen. Un Estado eficiente, en cambio, puede constituir una infraestructura fundamental para la actividad privada.
Estos elementos, apenas esbozados, dan una idea de la seriedad del problema y de las dificultades para que de un foro como el que se anuncia surjan diagnósticos y propuestas capaces de traducirse en acciones concretas, si es que realmente se quiere hacer algo en serio. Sobre todo, si tenemos en cuenta que cada gobierno suele querer hacer las cosas a su manera y dejar su impronta, pero no necesariamente está dispuesto a asumir los costos políticos de hacer aquello que el país necesita.
