Tras el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió un conjunto de medidas para fortalecer las políticas institucionales ante la violencia de género. Con motivo de continuar con las acciones de reflexión, cuidados y reorganización institucional se resolvió suspender las clases y actividades académicas no indispensables hasta el 8 de setiembre inclusive.
El comunicado dice que ante la extrema gravedad del hecho, la profunda conmoción que produjo en toda la comunidad universitaria y la movilización de los distintos colectivos, muy particularmente del orden estudiantil y en reclamo de una universidad libre de violencias de género dar prioridad a la prevención, lo que incluye la notificación, capacitación, comunicación, monitoreo y atención que incluye la consulta y el procedimiento alternativo de resolución de conflictos y la denuncia.
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió también reconocer las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género y renovar su disposición al desarrollo y fortalecimiento de acciones de sus políticas de género para con la comunidad universitaria.
También se resolvió encomendar a la Comisión Abierta de Equidad y Género, con participación de los diversos espacios de género de la UdelaR y el asesoramiento de la Dirección General Jurídica, la revisión de la política institucional de violencia, acoso y discriminación (VAD), valorando la pertinencia de incluir el extender la obligatoriedad de la capacitación en la temática de violencia, acoso y discriminación con perspectiva de derechos humanos, violencia basada en género e interseccionalidad a toda la comunidad universitaria.
Otro foco en el que se puso especial énfasis fue el de los mecanismos de detección temprana de situaciones de riesgo de violencia basada en género, estrategias de acompañamiento a quienes tiene percepción de riesgo y realización de acciones preventivas con abordajes comunitarios.
En lo que refiere a la acción luego de que el acoso o la violencia no pudo ser evitado se habló de los mecanismos de acompañamiento y reparatorios de las víctimas y de fortalecer las estrategias de comunicación para la prevención de la violencia y la promoción de ambientes dignos de habitar. A su vez se encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género, con participación de Rectorado, de los diversos espacios de género de la UdelaR y de referentes en el tema, la elaboración en un plazo de 60 días de un Plan de acciones concretas, en base a la Política de Violencia, Acoso y Discriminación vigente.
Pensando en la concreción de las medidas, se solicitará a todos los servicios y comisiones sectoriales que den tratamiento a las propuestas contenidas así como la elaboración de informes, así como espacios y mecanismos destinados a la detección de situaciones de violencia basada en género, y la inversión presupuestal anual que se destina a este efecto.
Para llevar un control estricto, en todos los casos, se solicitará a los servicios y comisiones que relaten en forma detallada cuáles de estas estrategias consideran que han sido exitosas y cuáles no, los obstáculos que han encontrado para desarrollarlas, y cuáles de ellos han podido sortear y cómo.
Adelantándose a los problemas de presupuesto que podrían presentarse para el desarrollo de todos estos proyectos también encomiendan al Rectorado, con apoyo de la Dirección General de Planeamiento (Dgplan) y la Dirección General de Administración Financiera (DGAF) la búsqueda de alternativas para la financiación de las acciones que lo requieran.
El comunicado expresa también que la Universidad de la República se encuentra a total disposición de la Fiscalía Letrada de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género y Juzgado Letrado de Familia Especializada, para proporcionar la información o documentación que sea necesaria en el marco de la investigación que lleva adelante.
De esta manera y con motivo de continuar con las acciones de reflexión, cuidados y reorganización institucional, se decidió suspender las clases y la realización de actividades académicas no indispensables en toda la Universidad hasta el día martes 8 de setiembre de 2026 inclusive, día en que se reanudará esta sesión del Consejo Directivo Central, para evaluar la situación y los próximos pasos a seguir.
URUGUAY CERRÓ ARBITRAJE CON MONTECON Y NO PAGARÁ COMPENSACIONES
(PRESIDENCIA)
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que Uruguay y Neltume Ports S.A. acordaron poner fin al arbitraje internacional promovido por la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que se reclamaba al Estado uruguayo un monto estimado en 600 millones de dólares.
Díaz calificó el acuerdo como “un triunfo de Uruguay a nivel internacional” y destacó que consolida la tradición jurídica del país como un Estado donde se cumplen los contratos y existe seguridad jurídica.
La controversia se inició en abril de 2024, cuando Neltume Ports S.A., por derecho propio y en representación de Montecon S.A., presentó una solicitud de arbitraje contra Uruguay al amparo del Acuerdo de Inversión entre Uruguay y Chile.
En el marco del acuerdo alcanzado, la empresa renuncia de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones presentadas contra el Estado uruguayo.
Díaz informó, además, que Neltume, Montecon y sus empresas vinculadas se comprometieron a no iniciar en el futuro ningún juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje.
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