Año: 2026

A través de su presidenta, Silvia Leal, el Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay (Cceau) expresó su preocupación por el impacto que tendrá en los profesionales los cambios previstos para el cálculo del Fonasa.
Sobre todo, la gremial refiere a los cambios anunciados en la metodología de cálculo del Fonasa y sus consecuencias sobre los profesionales en ciencias económicas, en particular aquellos que ejercen su actividad mediante empresas unipersonales de servicios.
Silvia Leal señaló que “cuando se detectan errores metodológicos, corresponde corregirlos”. En ese marco, afirmó que la “institución comprende la necesidad de revisar los supuestos técnicos utilizados para determinar el Costo Promedio Equivalente (CPE) y no se opone a ajustes que apunten a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

No obstante, advierte que la nueva metodología anunciada incrementa de forma significativa la carga contributiva de este colectivo, sin que ello se traduzca en una mejora directa de las prestaciones recibidas”.
Asimismo, la titular de la gremial valoró que el “Ministerio de Economía y Finanzas haya manifestado su intención de promover un cambio legal para evitar impactos en el aporte mínimo y que, mientras tanto, el Banco de Previsión Social mantenga el criterio vigente”, pero a la vez subrayó que “cualquier modificación debe procesarse con diálogo, previsibilidad y una adecuada evaluación de impacto, garantizando la equidad y la seguridad jurídica”.

La presidenta del Cceau enfatizó desde el punto de vista técnico la necesidad de “asegurar transparencia, divulgación y verificabilidad en el nuevo cálculo. En particular, se reclama el acceso claro y público a los criterios utilizados para determinar las cápitas, las curvas de supervivencia y los supuestos adoptados en el cálculo del CPE, de modo que los profesionales y la ciudadanía puedan comprender cómo se determinan los aportes y evaluar su impacto real”.

La gremial asimismo reiteró su disposición a colaborar técnicamente con las autoridades para alcanzar “soluciones equilibradas que fortalezcan la confianza, la previsibilidad y la calidad del sistema, resguardando la sostenibilidad del Fonasa sin afectar injustamente el ejercicio profesional independiente”.

Como se había informado días atrás, el juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León condenó a nueve militares por delitos de privación de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra detenidos y dispuso penas de entre 11 y 15 años de prisión. Se trata de la causa vinculada al asesinato de Vladimir Roslik.

Siete de estos militares cumplían prisión domiciliaria, pero el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la prisión efectiva, algo en que el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno estuvo de acuerdo ya que revocó la prisión domiciliaria.
La fiscalía fundamentó su pedido ya que los hechos plantedos quedaron “por demás probados” y que “eso es una pauta de que va a haber certeza jurídica de que las personas cometieron los crímenes referidos y que van a ser sancionadas con una pena muy alta”.
También recordó la fiscalía que durante la investigación se solicitó la prisión preventiva para los siete militares y no fue concedida. Pero no se recurrió a esa decisión “en el entendido que las personas tienen derecho a esperar el juicio en libertad”.

“Hoy en día, ha quedado clara la responsabilidad de las personas, y que se ha modificado su condición procesal pues hoy se encuentran condenados. El principio de inocencia se ha visto resquebrajado, y la sentencia es contundente. Es muy probable que sea confirmada por el Tribunal”, señaló Perciballe, según consta en la resolución, y añadió que “si aquí hay razones de salud, se planteará y se resolverá cada una de ellas”. “Las víctimas están esperando justicia hace 40 años”, concluyó.

Crítica de Manini Ríos

Luego de las condenas y su posterior revocación el excandidato y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó con dureza a la Justicia.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Manini sostuvo que la decisión judicial constituye un nuevo acto de persecución y habló de una “caricatura de la Justicia”. “¡La venganza continúa! Un 31 de diciembre, en plena feria judicial, el Tribunal de Apelaciones dispone la cárcel de varios militares por hechos ocurridos hace más de 40 años que ya habían sido juzgados por la Justicia competente”, escribió.
El excomandante en jefe del Ejército también cuestionó el argumento del riesgo de fuga, uno de los elementos considerados por el tribunal para modificar las medidas cautelares. “Parece que había riesgo de fuga de quienes durante décadas no se movieron del país ni cometieron falta alguna…”, agregó, antes de calificar el fallo como “cada vez más bochornoso”.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), brindó resultados del informe sobre Facilitadores de los Centros María Espínola del país. Este estudio analiza el diseño, implementación y los aportes de esta figura clave en el acompañamiento a los centros educativos y en la consolidación de una gestión con foco en el liderazgo pedagógico. El documento caracteriza el rol del facilitador, sus principales tareas y la modalidad de trabajo.

Para la realización de este trabajo, el Ineed se nutrió del análisis documental provisto por la Anep y de treinta entrevistas en profundidad. También utilizaron los datos extraídos de una encuesta realizada a docentes de los centros María Espínola en 2024, que tuvo una tasa de respuesta del 80%.
El informe se enfocó en cinco centros María Espínola de Montevideo y en tres del Interior. Cuatro de ellos pertenecen a Secundaria y los cuatro restantes a la UTU.
Fedora Carbajal, del área técnica del Ineed, brindó los detalles, indicando que entre 2021 y 2025 se incorporaron 60 centros María Espínola, de los cuales más del 80% trabaja con población de los quintiles 1 y 2. Asimismo, en este período la matrícula se incrementó de 1.742 a 7.900 estudiantes aproximadamente.

El estudio se enfoca en la gestión estructurada con base a proyectos institucionales, uno de los componentes de la propuesta educativa. “Este aspecto se basa en el trabajo sobre un proyecto desarrollado para el centro educativo y en la autoevaluación institucional, donde el facilitador cumple un rol fundamental. El facilitador fue creado para apoyar a los centros en la elaboración, gestión y evaluación de proyectos durante 3 años”, explicó.

De este modo, la referente explicó que cada centro tiene el cometido de elaborar e implementar su proyecto institucional, realizar autoevaluaciones anuales y diseñar e implementar planes de mejora basados en los resultados. El facilitador es el encargado de guiar todas las etapas, apostando a que las opiniones de los directores y docentes sean incorporadas en la autoevaluación de los proyectos. Lo facilitadores reconocieron la importancia del proceso de trabajo, con relación a la construcción de confianza y a la clarificación del rol. Asimismo, percibieron que la articulación con la unidad de gestión de centros fue positiva, ya que en las reuniones de coordinación encontraron espacios de acompañamiento necesarios con un enfoque horizontal y complementario.

Respecto a la percepción del acompañamiento de los facilitadores, más del 70% de los docentes la valoraron de manera constructiva. “El apoyo a los proyectos institucionales fue considerado de manera positiva y la documentación y sistematización de acciones también, ya que permitió apostar a una cultura de colaboración y registro y redundó en la mejora de la gestión de los directores”, indicó.
Los docentes entrevistados también destacaron que los facilitadores propiciaron espacios de intercambio colaborativo.