Es una deuda histórica la falta de control del Estado sobre sus funcionarios, entre otros aspectos. El último informe de la Organización Nacional del Servicio Civil (ONSC), bajo la nueva administración, llevó adelante un relevamiento que arrojó luz sobre esas ausencias de fiscalizaciones. Y cuando las hubo, se cumplieron con una desidia que es mejor no interpretar y que explican las bases de la confrontación existente entre lo público y lo privado.
Si más de 20.000 funcionarios accedieron a licencias médicas por encima de los 90 días entre 2018 y 2020, se trata de cifras relevantes y habla de ausencia de controles; al menos sanitarios. Porque si están bajo juntas médicas, es importante conocer sus diagnósticos para tener certeza si pueden volver a sus funciones.
Son personas que provienen desde diversos ámbitos y solicitan licencias con una frecuencia que hace dudar sobre la veracidad de sus patologías. Y la gran pregunta pende sobre estos cuestionamientos: ¿el Estatuto del Funcionario Público es únicamente un bastión al que se accede para reclamar derechos o allí constan, además, los procedimientos de actuación ante eventualidades tales como enfermedades extendidas en el tiempo?
Es de manual, al menos en el ámbito privado, que cuando un trabajador se enferma debe asistir al médico, quien resolverá un tratamiento acorde a la patología –tanto física como psicológica– a fin de evaluar si es conveniente que siga desempeñando sus funciones. Porque las empresas deben continuar con su producción y resolver si alguien más ocupa ese sitio.
En el Estado, un jerarca no está obligado y, a la luz de estos resultados, eso no ocurría. El nuevo Presupuesto, como ya informáramos, equipara la función pública con la privada, donde un trabajador no percibe su pago por faltar tres días y a partir de allí, el Banco de Previsión Social abona el 70%, obliga al jerarca a pedir un dictamen de las juntas médicas y baja el tiempo para pasar a los trabajadores a estos servicios.
De acuerdo al informe de la ONSC, la lista está encabezada por los funcionarios de ANEP –en su mayoría docentes– siguen los trabajadores de la salud y del Ministerio del Interior. Son tres lugares que mantienen más del 10% de su personal certificado. En el caso de los docentes, en su mayoría por estrés y patologías psiquiátricas. Sin embargo, existen otros ámbitos con muy bajas certificaciones a pesar del compromiso y el perfil del destinatario de los servicios, como el caso del INAU. Por eso, las comparaciones siempre desembocarán en la duda de los abusos. Porque no es tan difícil de comprobar, sobre todo en las ciudades del Interior como Paysandú, que mientras un funcionario está certificado en el Estado, continúa con su trabajo privado. Y porque el multiempleo es una realidad que confronta con esas certificaciones pero conspira contra la tan manida equidad.
Siempre otro trabajador estará recargado y deberá cumplir la labor por dos. Es así como la desigualdad, también conocida por los sindicatos, no es denunciada. Nadie dejará de ser clasista por demostrar una injusticia, pero eso también es permitido por las organizaciones sociales que saben y no hacen nada.
Entonces, todos forman parte del descontrol estatal porque, de última, los contribuyentes van a pagar igual el salario de todos. Aunque la gran mayoría de los trabajadores provenga del ámbito privado.
Esa sea, quizás, una de las razones por las cuales el discurso sindicalista no llega a la mayoría de la clase trabajadora que tiene que cumplir sus funciones igual, porque los descuentos duelen más en el bolsillo. A diferencia de los públicos, que no lo padecen.
Esa situaciones no son descubrimientos nuevos. Y es posible comprender, al menos ahora, que la quita de privilegios los motiva a salir a los medios de comunicación a protestar. Pero así como la crónica refiere a la falta de controles en sus propios funcionarios, también podemos incluir los demás recursos económicos y tecnológicos que, luego de años, salen a la luz.
Así como no se controló el déficit fiscal, tampoco se cuidaron los dineros públicos e invirtieron en infraestructura innecesaria, con el fin de fagocitar a una opinión que reclamaba obras. Sin embargo, alcanza una somera recorrida por el país para ver las necesidades existentes, al menos al norte del río Negro.
Es así que, cuando lleguen los anuncios de controles, será clave observar de dónde vienen las reacciones. Porque también en la educación y en la salud se necesita a los mejores, parafraseando a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tras argumentar sobre los incrementos salariales a los directores de los entes.
Si están allí, entonces no habrá cuidado y nadie deberá sentirse intimidado porque no hacen nada incorrecto. Aquellos incumplidores hasta ahora no le daban explicaciones a nadie, porque ese “nadie” no controlaba lo que debía. Y porque eso forma parte del gasto público, cuyos recursos faltan en educación y salud, de acuerdo con los reclamos de los propios trabajadores, que reconocen la existencia de inversiones escasas en los últimos años.
Porque si los privados se ajustan y atraviesan por semejante esfuerzo, provocado por el coronavirus a nivel mundial, con mayores consecuencias laborales y sociales, ¿cuál es el motivo para que el espectro público no lo haga?
Tal vez, aquí y solo desde aquí, la clase trabajadora en su globalidad podrá a sentarse a discutir en igualdad de condiciones.
