(INFORMATIVO URUGUAY)
La firma del acuerdo de cielos abiertos entre Uruguay y Argentina significó un gran avance en materia de conectividad para el país, que perdió gran parte durante la pandemia; sin embargo, el próximo objetivo es avanzar en otro pacto con Brasil para seguir fomentando su expansión.
La semana pasada Uruguay firmó un acuerdo de cielos abiertos con Argentina, lo que entusiasmó al gobierno para ir por otro objetivo: Brasil. “Es un gran objetivo que tenemos por delante”, aseguró el director general de transporte aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Daniel Olmedo.
En ese sentido, el jerarca recordó que Uruguay tiene acuerdos con otro países como Chile, y Paraguay y otros convenios parciales como es el ejemplo de Ecuador. “Estamos en un punto muy austral y con un tránsito de pasajeros no muy importante”, explicó Olmedo, quien aseguró que estas características le impiden al país ser un destino “atractivo” para otros países que no sean los de la región.
El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, remarcó que el tratado entre ambos países permite a todas las aerolíneas volar libremente entre los aeropuertos de Argentina y Uruguay, un cambio que el jerarca denominó como “sustancial”.
Entre los beneficios, destacó la mejora de la conectividad, a través de la mayor oferta de servicios y frecuencias por parte de las aerolíneas que operan entre ambos países. “Se abre un panorama bastante auspicioso”, destacó Olaizola, quien recordó que Uruguay tiene tratados de cielo abierto con Chile y Paraguay.
A pesar de los avances, el subsecretario lamentó que todavía queda mucho por recuperar desde la pandemia. “El año pasado se logró un 20% de recuperación. De todas formas todavía estamos a 200.000 pasajeros abajo de lo que teníamos en 2019”, explicó.
Respecto al acuerdo, y en relación con este objetivo, el jerarca resaltó que una vez que Uruguay tenga reacondicionados todos los aeropuertos del Interior, será un mejor panorama para recuperar más pasajeros.
DENUNCIAN QUE CELULAR DE PENADÉS FUE ACTIVADO ESTANDO INCAUTADO
(EL PAÍS)
El celular de Gustavo Penadés fue incautado en el marco de la investigación por explotación sexual de adolescentes que tiene al exsenador como principal protagonista. El dispositivo permanece bajo la custodia de la Policía. La defensa del senador, a cargo de los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, denunció ante Fiscalía que el celular fue activado y utilizado para contactar a personas agendadas en el celular de Penadés.
La denuncia fue presentada el pasado 14 de mayo ante la jueza Marcela Vargas, que respondió que la responsabilidad era del Ministerio del Interior. El 23 de mayo se publicaron los chats de Penadés con Pablo Iturralde, que llevaron a la renuncia del presidente del Partido Nacional.
Tras estos hechos, la fiscal de Corte Mónica Ferrero ordenó una investigación administrativa por posibles filtraciones. Mientras, la defensa de Penadés presentó un segundo escrito para que la situación sea investigada.
Según los escritos de los abogados, el celular fue prendido y se le envió un mensaje a una mujer conocida de Penadés.
ASTESIANO INTENTARÁ REVOCAR SU CONDENA
(LA DIARIA)
El exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano consultó con el abogado Ignacio Durán para analizar la posibilidad de revocar la condena que acordó con la entonces fiscal Gabriela Fossati en febrero de 2023, según informaron fuentes judiciales.
En los próximos días Astesiano se reunirá con su abogado para ver concretamente cuál es la situación desde el punto de vista jurídico, dado que todo el proceso de negociación del acuerdo y las presiones que denuncia el exjefe de seguridad ocurrieron cuando el representante era Marcos Prieto, por lo que Durán desconoce los pormenores de ese proceso.
Una de las posibilidades sobre la que podrían trabajar, según señalaron las fuentes, es la presentación de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, pero aún resta determinar si eso es viable desde el punto de vista jurídico.
En Uruguay las condenas por acuerdo abreviado no son apelables ante un tribunal superior, porque se parte de la base de que las partes acuerdan por voluntad propia, por lo que una vez firmado el acuerdo, la sentencia de condena queda firme. En la práctica, el mecanismo –al que se llega en el entorno del 86% de los casos que llegan a la Justicia– es cuestionado por diferentes actores del sistema de justicia, principalmente por el desconocimiento que tienen los condenados sobre esa vía procesal, las renuncias que implica y la forma en que la fiscalía le presenta al imputado la condena hipotética que tendría si no acepta el acuerdo, además del uso de una eventual prisión preventiva si deciden ir a juicio.