En una ceremonia que tuvo lugar en el Liceo N° 35 de Montevideo, el Instituto “Alfredo Vásquez Acevedo”, asumieron las nuevas autoridades de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Manuel Oroño como nuevo director general, y Sandra Peña como subdirectora. En sus discursos de asunción, ambos jerarcas han delineado sus principales desvelos respecto a la gestión que afrontan y, de la mano, sus prioridades para este período al frente de la conducción de los liceos del país; un subsistema que arrastra problemas serios desde décadas, que se han profundizado y en el que las cosas que se han ensayado no se han mostrado como soluciones efectivas.
Basta ver los datos que en el mes de diciembre presenta el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) sobre el ausentismo crónico, que no es más que la punta de un complejo iceberg, pero que no deja de ser una referencia.
“El problema de la inasistencia se acentuó tras la pandemia de COVID-19, pero ya existía desde antes. En 2019 la tasa de asistencia anual de primer a sexto grado fue de 88,6%, aunque solo un poco más del 50% de los alumnos logró una tasa de asistencia superior al 90% de los días de clase. En los años posteriores, la tasa promedio de asistencia ha ido disminuyendo progresivamente. En 2022 desciende 2 puntos porcentuales (86,6%) y en 2023 1/2 punto (86,1%). Para 2024, que se toma aparte porque los datos son de marzo a agosto, es de 84%. Si la tendencia del presente año se mantiene, la asistencia anual será menor que en 2023. A la hora de estudiar la ausencia crónica, la situación empeoró en el período, pasando del 46,1% del alumnado en 2019 al 59,3% en 2023. Esto refleja un incremento de 13,2 puntos porcentuales, un aumento del 28,7%. En 2024 la mayoría de los alumnos de primer a sexto año (66,3%) presentan ausentismo crónico, ya sea frecuente (38,9%) o severo (27,4%)”.
Quienes asumen el desafío de llevar adelante las políticas públicas de enseñanza en secundaria no desconocen estas problemáticas. Oroño, por ejemplo, procede del sector sindical, de ocupar la presidencia de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, pero deberá entender que su rol ahora es otro. En su mensaje de asunción expresó que “precisamos llenar de democracia la educación. Tenemos que revitalizar todos los organismos de participación. Impulsaremos decididamente la incorporación a todas las tareas que son de Secundaria, tanto a ATES —Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria— como a Fenapes, porque mejorar las condiciones del trabajador de la educación significa mejorar las condiciones de aprendizaje de todos los estudiantes. De este modo, impulsaremos la apertura de todas las comisiones bipartitas, en particular de la Comisión de Salud Laboral”.
Agregó a continuación un comentario sobre su preocupación respecto a la afectación que sufren muchos trabajadores con respecto a la salud mental a causa de la sobrexplotación y la auto explotación “en la cantidad de horas que se le dedican a las tareas. Tenemos que aliviar eso y ese será también uno de nuestros desvelos”.
No se puede desconocer que el del profesor es un rol clave dentro del esquema de funcionamiento de los liceos, como de cualquier institución de enseñanza, decisivo incluso podría decirse y hasta se entiende el sesgo por el rol sindical que viene de cumplir el jerarca y hasta que se quiera enviar un mensaje, una guiñada a sus antiguos compañeros de lucha, pero la solución no puede empezar por allí.
Oroño adelantó que pretende “revitalizar la participación a nivel general, no solamente con los docentes y los trabajadores, sino especialmente con los estudiantes; son más de 220.000 estudiantes en todo el país”, a los que quiere darles el espacio, y anunció que próximamente se realizará el Congreso Nacional de Educación con “la más amplia participación de todas y de todos”, y que se instalarán comisiones que tendrán el cometido de estudiar reglamentaciones del subsistema que datan de la dictadura “con el cometido de proceder a su derogación” —si ya saben que hay que derogarlas quizás no sea ni tan necesario integrar las comisiones—.
Anunció asimismo que pretenden fortalecer la descentralización por medio de los inspectores regionales. “Esto significa hacer un esfuerzo grande, pero en el sentido de darle poder de decisión a los territorios, a la regiones, para que puedan intervenir con conocimiento de causa y que realmente podamos construir un Uruguay de todos y no solamente desde una visión montevideana”, y en el mismo sentido anticipó que una vez por mes realizarán sesiones extraordinarias en el Interior para tomar “contacto directo con las comunidades en esos lugares, no solamente para escucharlos sino también para elaborar colectivamente propuestas y proyectos que podamos impulsar en esos lugares que a veces están tan alejados de donde se decide”, puntualizó.
Al cerrar su intervención volvió a referirse a los profesores, cuya profesión pretende fortalecer, así como buscará promover la libertad de cátedra, uno de los asuntos sobre los que eternamente se discute y que ha sido motivo de disputas constantes, tal vez desde la Guerra Fría o incluso antes, y que también formó parte de la alocución de Peña, a su turno.
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, tomó luego la palabra y refirió al “conjunto de desafíos importantísimos” con que asumió el Consejo, que para ser afrontados requerirá de hacer cosas diferentes “y tener conflictos por eso, porque ensanchar derechos produce conflictos. No hay forma de ensanchar derechos sin conflictos. Esta es una administración que quiere comprarse esos problemas con los actores de lo educativo, de la sociedad, con el mundo del trabajo, con los temas de ambiente, con los temas de qué es lo curricular y qué no es lo curricular”, detalló.
A la vista de las palabras de Oroño, solo queda la preocupación sobre los derechos de quiénes es que se pretende ensanchar y si esto se ajusta a las prioridades que el momento reclama. Y que no está mal pretender ampliar derechos, pero hubiese gustado asimismo escuchar más sobre pretender que se cumplan también las obligaciones.