El actual panorama del empleo en Paysandú es sombrío y desalentador. A la situación en Fricasa se le ha sumado la de Paycueros, lo cual complica aun más una realidad que tardará en mejorar, si alguna vez lo hace. Ante ello, el desafío de los actores políticos (incluyendo a quienes se desempeñan al frente de la Intendencia Departamental) es aportar esfuerzo e ideas para crear nuevas fuentes de trabajo genuino, sustentable y sostenible el cual, como sucede en todo el mundo, viene siempre de la mano de las inversiones del sector privado.
Es cierto que la creación del empleo por parte del sector público puede ser una solución momentánea, pero se trata tan solo de un parche para superar una solución puntual tal como ha sucedido desde la crisis económica del año 2002 bajo distintas denominaciones y mecanismos y que hoy se conoce como “Jornales Solidarios”, un mecanismo que a veces es señalado por falta de transparencia, clientelismo político y corrupción. Es un error conceptual de grandes dimensiones pensar que el departamento podrá lograr mejorar la situación laboral de sus habitantes con este tipo de programas. Lo único que sucederá es que esas soluciones “a las apuradas” se seguirán dilatando en el tiempo sin atacar los problemas de fondo. Los partidos políticos y sus “punteros” barriales lo saben muy bien y por eso defienden con uñas y dientes ese tipo de planes, los cuales siempre van a necesitar financiarse a través de nuevos impuestos que como siempre pagará “Juan Pueblo”, con endeudamiento o con menor calidad y cantidad de obras y servicios. Es claro, pues, que no se trata de inventar puestos de trabajo financiados por el Estado sino de crear puestos de trabajo reales a través de la captación de la inversión privada.
En efecto, tal como señalara en al año 2019 el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, “No hay empleo sin inversión y no hay inversión que no genere consecuencias directas e indirectas sobre el nivel y composición del empleo”. Asimismo, el jerarca repasó que “se necesitan medidas de estímulos a la inversión”. Por esta razón “Uruguay tiene un sistema de regímenes de estímulo en cuyo seno hay medidas concretas para aumentarla”. Entre ellas, el ministro enumeró “la ley de inversiones, el régimen de Participación Público – Privada (PPP), Zonas Francas, Parques Industriales, Aeropuertos y Puertos libres, admisión temporaria que permite aprovechar las ventajas de una integración real desde el punto de vista productivo en la región”. Todo esto “se complementa con programas de apoyos sectoriales”. Un año antes, en 2018 Astori fue claro en sus declaraciones: “Uruguay debe impulsar las inversiones del sector privado” expresó durante un encuentro con empresarios en la ciudad de Buenos Aires.
En los últimos días, el candidato a intendente departamental Jorge Larrañaga Vidal ha propuesto la creación de una zona franca en Casa Blanca y el desarrollo del turismo en esa localidad, idea que recoge un planteamiento realizado por el edil departamental Marcelo Tortorella en el año 2022. Sobre la iniciativa de Tortorella nuestro editorial de la época señaló lo siguiente: “resulta de vital importancia una moción presentada en la Junta Departamental por el edil nacionalista Marcelo Tortorella, quien propuso la realización de un llamado a expresiones de interés para la construcción y explotación con destino a zona franca, puerto logístico fluvial y/o planta de hidrógeno verde en un predio propiedad de UTE (concretamente el padrón rural 10.050 en el Departamento de Paysandú, zona de Casa Blanca), solicitando el pase y estudio de este planteo por la comisión pertinente. De acuerdo con el edil departamental, ‘UTE es propietaria del citado padrón ubicado al sur de Casa Blanca con costa al río Uruguay. Dicho predio tiene una extensión de 92 hectáreas con 1.000 metros de costa sobre el río, donde además el calado natural es de 10 metros (33 pies), contando además con acceso y conectividad vial a la Ruta 3 General Artigas a la altura de paraje Cangüé’. El representante nacionalista recordó que ‘dicho padrón fue expropiado en la década del ‘90, con el propósito de instalar allí una central de ciclo combinado, proyecto que fue luego desestimado, quedando ese muy importante activo inmobiliario estratégico, que cuenta además con una conexión física subfluvial con Argentina para transporte de gas, que perfectamente podría aprovecharse en el proyecto de recibirse el interés de inversiones nacionales y/o extranjeras’”. La experiencia acumulada por nuestro país en casi 100 años de existencia de las zonas francas uruguayas, sumado a un régimen jurídico con importantes beneficios tributarios y la seguridad jurídica que caracteriza a nuestro país otorgan a un proyecto de esas características un importante punto de partida que es valorado por quienes están dispuestos a invertir sus recursos. Desde esa zona franca en Casa Blanca no solo se podría realizar la carga y descarga de mercaderías, sino también diversas operaciones logísticas e incluso la prestación de servicios globales para diferentes regiones del mundo, tal como sucede con los call centers que muchas veces están localizados en América Central, España o India.
Para concretar la mencionada iniciativa, la Intendencia Departamental debería crear una Comisión pro Zona Franca, tal como sucedió hace muchos años con el comité que impulsó y obtuvo la construcción del puente internacional General José Artigas entre las ciudades de Paysandú y Colón. La Intendencia Departamental no puede seguir de espaldas a los ciudadanos que desde sus empresas y por el bien del departamento quieren aunar sus esfuerzos para iniciar un camino cierto y duradero del desarrollo departamental. Se les debe convocar junto a otras fuerzas del departamento y escuchar sus opiniones sobre este tema, porque en esto no existen los iluminados y una buena comunicación con la sociedad civil es fundamental.
Para finalizar estas líneas, una vez más debemos volver al entonces senador Danilo Astori quien, en octubre de 2004, durante un desayuno de trabajo, organizado por su sector político, Asamblea Uruguay, expresó que “sin inversión privada, no puede haber más trabajo y mejores salarios”, de acuerdo con lo recogido por el diario La República. Han pasado más de 20 años desde ese lejano 2004, pero hay algo que debemos aprender más temprano que tarde: Paysandú no se salvará creando puestos de trabajo con dineros públicos, sino con inversiones privadas sostenibles y sustentables que generen trabajo decente de calidad para los habitantes de este departamento.
