(Por Horacio R. Brum. Buenos Aires)
Como un caso único en América Latina y pocos en el mundo, Uruguay y Argentina comparten muchos lazos de su identidad histórica, para bien o para mal. Aunque los uruguayos nacionalistas se empeñen en negarlo, el texto de las leyes de la Independencia de 1825 indica que en esa época quisimos incorporarnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina. A lo mejor, ése no fue más que un recurso de los miembros de la Asamblea de La Florida para obtener el apoyo en la guerra contra el imperio del Brasil, pero lo cierto es que, en otro hito histórico compartido, allí podría estar el punto de partida del endeudamiento externo argentino, un mal que se renueva en estos días con otro préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un año antes de la asamblea independentista, el gobierno de Buenos Aires contrajo su primera deuda con una institución del exterior: el banco inglés Baring Brothers. Nominalmente, el préstamo era de un millón de libras esterlinas y estaba destinado a impulsar el desarrollo del país, mediante el mejoramiento de las vías de comunicación, la construcción de un nuevo puerto y la fundación de ciudades en el interior. Sin embargo, entre deducciones varias y pagos a los gestores, solamente llegaron a estas costas 560.000 libras, la mayor parte de ellas en letras de cambio manejadas por comerciantes nacionales y británicos. Estos hicieron maniobras para importar mercaderías con ese dinero y el sobrante se gastó en la guerra contra el Brasil, en apoyo de los orientales. En 1828, cinco meses antes de la Convención Preliminar de Paz del 8 de octubre firmada con el imperio brasileño, que aseguró la existencia independiente de Uruguay, se suspendieron los pagos a la casa Baring, en el primer default, de la historia del endeudamiento argentino. No obstante, al igual de lo que ha hecho el FMI durante varias décadas, Baring siguió otorgando créditos y los funcionarios ingleses visitaban periódicamente la capital argentina (al igual que lo hacen los del Fondo) para arreglar refinanciaciones y ver qué posibilidades había de recuperar todos los capitales. A tal extremo llegó la situación, que en 1843 el dictador Juan Manuel de Rosas propuso al gobierno de Londres la cancelación de las deudas con la renuncia a las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Cabe recordar que Rosas ayudó a desatar la Guerra Grande uruguaya, por su apoyo a Manuel Oribe en la disputa por la presidencia con Fructuoso Rivera.
Baring fue apenas uno de los bancos privados europeos y estadounidenses con que Argentina se endeudó en numerosas oportunidades, al punto de que el presidente Carlos Pellegrini, frente a la gran crisis provocada en 1890 por las especulaciones bursátiles dijo: “No tenemos nada, si no pagamos, seremos inscriptos en el libro negro de las naciones insolventes”.
El FMI se creó en 1945, para apoyar la recuperación de las naciones afectadas por la Segunda Guerra Mundial; Argentina se hizo miembro en 1956 y dos años más tarde comenzó a pedir créditos. Con 21 acuerdos y más de 300 programas implementados en seis décadas y media, este país encabeza la tabla de los deudores latinoamericanos. En enero pasado, la Secretaría de Finanzas del gobierno informó que, entre lo adeudado a organismos y bancos extranjeros y lo que se debe a los acreedores nacionales, la deuda pública bruta total superó los 466.000 millones de dólares, con un crecimiento anual desde 2024 del 26%.
El viernes 12, al día siguiente de la noticia de que la inflación había aumentado más allá de lo esperado por el gobierno, el presidente Milei se dirigió a la nación en tono triunfalista, para anunciar la concesión de otro préstamo del FMI, por 20.000 millones de dólares. Según lo dicho por el mandatario, esa suma es parte de un paquete de créditos concedidos por otras entidades internacionales y bancos privados extranjeros, que llega a los 32.000 millones de la divisa norteamericana. Por otra parte, en la misma semana había sido renovado el acuerdo con China, para tener una línea de crédito con el banco central de Pekín por 5.000 millones de dólares. Así, Argentina va en camino de superar su propio récord de endeudamiento, para pasar de los 500.000 millones.
No obstante, Milei habló de una nueva era de progreso y crecimiento e hizo un anuncio para captar rápidamente el favor de una población largamente acostumbrada a pensar en dólares: el fin del cepo cambiario, la prohibición de adquirir libremente los billetes y, para las empresas extranjeras, de repatriar las utilidades. La “letra chica” de este anuncio relativiza su beneficio; hasta ahora, las personas naturales sólo podían comprar 200 dólares mensuales (por eso existe un dinámico mercado paralelo del llamado “dólar blue”). Se levantó ese límite para las compras mediante cuentas bancarias, pero quienes deseen hacer la transacción en efectivo solamente podrán adquirir cien dólares por mes. En cuanto a las empresas internacionales, no podrán enviar al exterior más que sus ganancias de este año y si desean sacar lo acumulado durante los años de la prohibición, lo tendrán que hacer en unos bonos del gobierno. Mientras los titulares de los medios replicaban la frase oficial del “fin del cepo”, los economistas independientes más confiables, como Marina Del Poggetto, aclararon que el gobierno “…no está saliendo del cepo, está dando mayor flexibilidad a las personas humanas. Para las empresas el cepo se mantiene bastante en sintonía”.
En cuanto los usos de los fondos del FMI, el organismo impuso la condición de que una parte se emplee en anular el rojo en el balance del Banco Central, cuyas reservas tienen un déficit estimado, porque el gobierno no divulga la cifra exacta, de entre 8.000 y 10.000 millones de la divisa estadounidense. Un porcentaje irá a amortizar los intereses cobrados por el propio Fondo, y otra imposición de éste es que los recursos no pueden usarse para controlar el mercado de cambios, en el que las autoridades venían haciendo subir la cotización del dólar gradualmente. En la Casa Rosada nadie quiere hablar de una devaluación brusca: el ministro de Economía Luis Caputo, en sus declaraciones a los medios, prefirió el término “flotación”. Sin embargo, ya durante el fin de semana posterior al discurso presidencial en el ambiente económico se decía que el cumplimiento de otra obligación del acuerdo con el FMI, la instauración de una banda de precios del billete verde de entre 1.000 y 1.400, era en los hechos una devaluación del 30%. El lunes 14, el primer día de la apertura parcial del cepo, la depreciación osciló entre el 12 y el 13 por ciento.
El mismo día, en un indicio de que el modelo económico de Javier Milei depende fuertemente del ingreso de dólares a las arcas fiscales, el mandatario advirtió a los agricultores que debían vender sus cosechas, porque en julio volverán a subir los impuestos por las exportaciones. En el campo tenían la esperanza de que la reducción de llamadas retenciones, hecha en enero, se mantendría hasta desaparecer, pero dentro de dos meses el impuesto a la exportación de soja, por ejemplo, pasará del 26 al 33 por ciento.
Unos años atrás, un columnista del diario financiero estadounidense escribió que Argentina es un “dólaradicto” y el FMI es el narcotraficante que le da la droga. Queda por verse si el presidente Milei, quien prometió romper con un pasado ominoso, puede curar esa adicción.