Los datos proporcionados por la presidente del Observatorio de Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social, Jimena Pardo, indica que en nuestro país son 892 las personas mayores de 100 años con pasividades del organismo, de las cuales el 83,3 por ciento son mujeres y el 16,7 varones, en tanto que de acuerdo al período considerado en el estudio –siete años a partir de 2017–, la persona más longeva fue una mujer de 117 años.
La relatividad del estudio implica que puede haber alguna otra persona de esa edad que haya quedado fuera del radar eventualmente, al no recibir pasividades del BPS, pero en todo los caso deberán sobrar los dedos de las manos para contarlas y por lo tanto con una influencia estadística prácticamente nula.
La mirada de la jerarca del observatorio pone énfasis en el aspecto de la prestación previsional y desde este punto de vista señala que las expectativas de vida promedio a partir de los 65 años se han incrementado significativamente, al pasar de 15 a 20 años en mujeres y de 12 a 16 años en hombres, lo que traducido a los cobros de pasividades, se llega a que en el caso de las mujeres centenarias, más del 40 por ciento cobraron prestaciones del BPS entre 30 y 49 años y los hombres entre 30 y 39 años, a la vez que la persona que cobró más años lo hizo durante medio siglo exactamente.
Es decir, que en este análisis se conjugan aspectos socioeconómicos que son parte de la ecuación y dilema de hierro de nuestro sistema previsional, tanto en lo que refiere a las pasividades como prestaciones en general servidas por el BPS, como por la infraestructura que debe acompasar estas expectativas para que no se trate solo de edad, sino que el envejecimiento se haga con una calidad de vida que no implique padecimientos ni desarraigo de las personas de la tercera edad que han ido perdiendo posibilidades de valerse por sus propios medios, lo que requiere de parte del Estado una mayor demanda de recursos materiales y humanos, entre otros aspectos.
Lo expresa Pardo al mencionar que la información que proporciona en la nota sirve para enfatizar que el proceso de envejecimiento requiere preparación del Estado con las jubilaciones, pensiones, sistemas de cuidados y las prestaciones de salud para esta etapa de la vida.
Otro aspecto directamente relacionado pasa por el hecho de que del concepto de envejecimiento sanitario se pase a otro que implica vivir esta etapa lo más plenamente pasible, y este es precisamente el nudo gordiano: el de no disponer de las personas mayores como prácticamente desechos en vida, arrumbados en hospicios o residenciales de dudosa calificación, para vivir sus últimos años de vida en condiciones que dejan mucho que desear, por decir lo menos.
La presidente del observatorio resume que “tenemos desafíos en materia previsional y en materia de calidad de vida de las personas que cada vez llegarían a más edad”.
Más allá del relevamiento aludido, tenemos como elementos a considerar en esta problemática los datos del último censo de población y vivienda realizado en nuestro país, los que han reafirmado que Uruguay sigue la tendencia de países desarrollados en materia poblacional, con retroceso de su población y significativa caída en la tasa de reemplazo –menos nacimientos que defunciones– pero dentro de carencias propias que no las tienen en el Primer Mundo.
Así, un dato primario indica que prácticamente el 96% de la población de Uruguay vive en centros urbanos, contra 87,6% en 1985 y 41% en 1908, y encima, para dar una idea de la real distribución poblacional, tenemos que más de la mitad de los habitantes se concentra en un radio de 30 kilómetros a partir del centro de Montevideo.
A la inversa, estas cifras indican que ha seguido en retroceso el porcentaje de población rural, porque en el interior profundo solo reside el 4 por ciento de la población uruguaya, sobre lo que es pertinente hacer igualmente algunas consideraciones.
Nuestro país no escapa a la tendencia global, desde que por ejemplo la reducción de la población en el campo es un proceso típico que cumplieron todos los países de elevada producción de excedentes agrícolas, pero con diferencias, porque se mantiene una fuerte presencia de familias campesinas en zonas históricas del mundo de extrema pobreza, donde igualmente hay gradualmente un proceso de despoblación rural, que es distinto al de Uruguay.
Cuesta poco inferir que esta tendencia al plantearse en una economía de un país subdesarrollado, donde los recursos resultan siempre insuficientes, plantea un gran desafío y lo que es peor, al no ser atacada con respuestas valederas, por su gravedad e irreversibilidad se proyecta en todo el tramado socioeconómico del país hacia el futuro.
Más allá de la problemática de distribución territorial, debemos tener en cuenta además que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En este sentido, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 a una estimación de 1,23 nacidos, en tanto la tasa de mortalidad se sitúa en 9,3. Y si bien el envejecimiento de la población es una manifestación de desarrollo muy bienvenida, porque refleja la caída de la mortalidad y el mejor control de la fecundidad en los hogares, al mismo tiempo este proceso genera demandas que sistemas como los de salud, jubilaciones o educación pueden no estar preparados para responder, dado el crecimiento de las necesidades de financiamiento de la población dependiente y la tendencia declinante en la población en edad activa.
Estamos por lo tanto ante convergencia de tendencias que no resultan positivas si las evaluamos objetivamente, y esta es una problemática que desde hace mucho tiempo debería tener respuestas desde el sistema político, todavía en procura de consenso para medidas de mediano y largo plazo, cuando tenemos estructuras debilitadas por el paso de los años, de cuando el Uruguay era otra cosa y la pirámide demográfica también muy distinta.
Al haber aumentado sustancialmente las expectativas de vida de la población, tenemos que cuando además de sostener a los que han aportado al sistema de previsión durante toda su vida laboral, se agregan políticas que apuntan a mitigar los efectos de la pobreza durante la vejez, sea trabajador, haya ahorrado o no, lo que significa que hay que dar pensión a una persona que no ahorró, en lo que se denomina pensiones no contributivas.
Por lo tanto, aparece aquí el factor de financiar un primer pilar no contributivo, que se paga con impuestos, destinado a quienes no cotizaron durante su vida activa o quienes lo hicieron por muy poco tiempo.
Y con menos trabajadores y con más personas en la tercera edad, la ecuación cambia sustancialmente, con sistemas de solidaridad y reparto que comienzan a hacer agua por falta de recursos, y la reciente reforma de la seguridad social, con sus defectos y aspectos positivos, evidentemente no dará, ya desde el principio, para cambiar la pisada en este aspecto.
Por lo tanto, urge analizar la problemática desde una perspectiva realista, dejando de lado los voluntarismos, para encarar seriamente acciones de fondo, por encima de la mirada cortoplacista y de parche para seguir tirando. Es que quiérase o no, el sistema ya es una bomba de tiempo, y es preciso contar con planteos contundentes desde el sistema político que indiquen que por lo menos se tiene más o menos claro el rumbo de lo que se va a hacer para tener sostenibilidad, cuando por regla general las urgencias del presente y el futuro inmediato ocupan toda la atención, los desvelos y los recursos siempre insuficientes.
