Hace unos días asistimos a toda clase de declaraciones en conjunto, oficialismo y oposición, condenando el atentado sufrido por la fiscal general de Corte.
Seguramente deben de haberse reunido narcos y delincuentes en general a ver en la prensa cual si fuera un partido de fútbol festejando el gol, pero no precisamente preocupados por los inoperantes de siempre. Dejando la ironía de lado, ¿alguien me puede explicar qué cambió de entonces a la fecha? Seguramente se mejoró, o al menos eso quiero pensar, la protección de la fiscal de corte, que no es poco, pero no es mucho. Doña María y don José seguirán con los mismos problemas de inseguridad, rogando porque sus hijos no caigan en las adicciones, o sean lastimados o muertos por arrebatarles un celular que terminará en una boca de droga por algunos gramos de pasta base. Mirando para todos lados cuando circulan por las calles o ingresan a su domicilio día y noche, ya que los delincuentes no se esconden en la oscuridad ni los paran las cámaras del ministerio.
Las cárceles siguen siendo el mismo desorden, donde se capacitan delincuentes y se violan DDHH por ellos mismos mientras se mira para otro lado, para lavarse las manos de responsabilidades, ya que en cuanto se trata de imponer orden las organizaciones internacionales de DDHH, bancadas por este mismo Estado, salen a castigarlo pero sin presentar solución de tipo alguno para solucionar los derechos quebrantados del ciudadano honrado, que sale a ganarse el pan cada día por quienes han tomado como trabajo la acción de delinquir.
El nuevo sistema judicial permite arreglos entre fiscalía y defensa que reducen aún más las penas. Penas que son cursos de aprendizaje para escalar en la cadena delictiva. No se puede, o no se debería aplicar este sistema para delincuentes pesados. Porque una cosa es una persona que cometió un error, y mató en un siniestro de tránsito o en un acto impulsivo por defenderse, y otra es el que lo hace premeditadamente o en la acción de una rapiña. Estos últimos deberían permanecer los años que le toquen en la soledad de un calabozo sin ver la luz del sol más que unos minutos al mes, (para lo que hay que construir nuevas, pequeñas y bien repartidas cárceles), absoluta y totalmente incomunicados. Así el día que salieran valorarían su libertad y lo pensarían dos veces antes de volver a perderla. Seguramente saldrán los defensores de casos perdidos a decir que es inhumano, y a dar soluciones mágicas como desarmar a la población civil o sacar militares a las calles. Los militares a lo sumo deben proteger las fronteras, por agua, tierra y aire, pero no están especializados para manejarse dentro de las calles de la ciudad. Falta especialización para nuestra policía, más aún para que los militares asuman una función que no es la propia.
Sí deben de desplegarse en la mayor cantidad posible a lo largo y ancho de nuestras fronteras para evitar el trasiego de droga, contrabando, y armas que no son las que este gobierno pretende de alguna forma eliminar o limitar, más aún de lo que ya están. Las armas legales que se encuentran en manos de civiles con sus papeles en orden no son las peligrosas, ¿o se puede pensar que alguien va a salir a delinquir con un arma registrada, después de pasar por el psicólogo, el médico, certificado de buena conducta, práctica de tiro, recibos de sueldo de un año que certifican su continuidad laboral? A lo sumo podrá haber algún incidente aislado de algún otro tipo, que para la cantidad de armas que hay en manos de civiles, es ínfima e insignificativa. Suceden muchas veces, más problemas dentro del personal policial, por no tener los cursos de apoyo y especialización necesaria y no por esto vamos a desarmar a la Policía. Por el contrario, lo que se necesita es más especialización y apoyo psicológico para una actividad que es altamente estresante.
Pero lamentablemente les tengo una muy mala noticia, esto va a empeorar. Así que disfrutemos el día de hoy, porque como decía Mafalda, “Ya vendrán tiempos peores”.
Javier Pizzorno edil del Partido Nacional
