Connotados ministros del Poder Judicial han coincidido en las dificultades que se afrontan para la aplicación de la Ley de Violencia de Género, sobre todo a partir de la falta de dotación de recursos presupuestales para contar con la infraestructura de recursos humanos y material que se necesita para más o menos poder encarar con un perfil adecuado la instrumentación.
Tenemos así que por un lado cuestionamientos orientados en este sentido del ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavilla, uno de los seis ministros del Tribunal de Apelaciones de Familia, que aborda temas tan variados como la tenencia de niños, las obligaciones legales de sus padres o tutores, casos de violencia doméstica y situaciones de menores de edad en infracción con la ley.
Sin embargo, los 950 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) requeridos para la creación de juzgados especializados en violencia doméstica tal cual lo ordena la norma no fueron considerados en esta Rendición de Cuentas, pese a que es estimado como un mínimo por el Poder Judicial.
En entrevista con El Observador, Cavalli señaló dificultades notorias para aplicar esta norma desfinanciada, cuando existe desde hace ya muchos años un contexto de crisis de la familia en Uruguay y debilidades del sistema procesal que atiende a las víctimas de violencia doméstica.
En cuanto al papel de las organizaciones feministas, evaluó que “el gran talón de Aquiles de los movimientos feministas es que no han sabido reflexionar científicamente cómo deberían ser los procesos de protección de los derechos a nivel de la Justicia. En un juicio se puede tratar a las personas como sujetos de protección o como objetos de protección. Para nuestra justicia las víctimas de violencia doméstica son objetos”.
Cavalli reflexionó que “cada 14 minutos hay una denuncia de violencia de género. Esos son 40 mil denuncias anuales. La ley prevé además otro tipo de violencia, como por ejemplo gritarle a una mujer que sea árbitro de fútbol, por lo que se va a agregar una cantidad de denuncias que ahora no existe. Pero además van a ser competentes en casos de abuso sexual infantil. Estimamos unas 120 mil audiencias anuales. Cada juez puede hacer cuatro diarias, y además se necesitan peritos, psiquiatras y psicólogos. ¡Es descomunal! Es muy cara, habría que darle un presupuesto enorme. Por eso miro con mucha reserva que sea aplicable. Habrá que hacer lo mejor posible”.
A su vez el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, puntualizó respecto a la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de la ley de violencia basada en género aprobada en 2017, que para su correcta implementación son necesarios fondos presupuestales “para que tenga impacto en la realidad”.
Dijo que “se nos hace enormemente complejo funcionar, mantener el funcionamiento, y no le digo nada de crear nuevas sedes a los efectos de, por ejemplo, implementar la ley de violencia contra la mujer basada en género”.
El diputado nacionalista Pablo Abdala, que impulsa la postergación de la ley de violencia de género, o al menos el capítulo 5 que es el que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares en beneficio de las mujeres que sufren ese tipo de violencia, señaló a El País que “tal como están planteadas las cosas, eso es letra muerta”.
El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en marcha la ley deben crearse más de 500 cargos, que serían para trabajar en 33 juzgados nuevos que precisan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos. Además entiende que hay que reforzar el Instituto Técnico Forense (ITF). Por su parte, la Fiscalía de Corte solicita para poder hacer frente a la demanda que le genera el nuevo CPP, la suma de $440 millones.
Esta ley atiende varios tipos de violencia contra las mujeres: la física, la sexual, la sicológica, la originada en prejuicios sobre la orientación sexual o la situación económica, la simbólica, la obstétrica, la laboral, el acoso sexual callejero, la política, la mediática, doméstica, la femicida, la comunitaria y la institucional.
Esta sola mención de una gama de “violencias” aparece como un delirio febril que abre mil y una opciones para denunciar a la pareja o quien sea, y habilitar la denuncia e indagatoria policial y judicial, lo que da cuenta de una especie de paranoia que flaco favor le hace a la causa de la justicia y pretendida igualdad de género, porque su inviabilidad y extensión hace que vaya hasta contra el espíritu de la ley, si es que era ese.
Y decimos si es que era, porque lo que han hecho los legisladores del oficialismo fue recoger los postulados de determinadas organizaciones feministas de corte fundamentalista, que se han dedicado decididamente al activismo, a las manifestaciones, a destratar a quien piensa distinto, a estigmatizar, desacreditar o insultar a quien hasta tenga un matiz significativo con sus posturas, por cierto extremistas. El más reciente caso fue el llamado telefónico de líderes de organizaciones feministas a Canal 5 Sodre para pedir que se cesara a una periodista por el tratamiento que dio al caso judicial de la niña que fue devuelta a España, contrariamente a la postura de la madre. Sin embargo, ninguna organización se disculpó ni desautorizó a sus voceros por este acto de intolerancia, no sea cosa de menoscabar su postura de considerarse dueñas de la verdad absoluta, y así lo han logrado plasmar en esta ley.
La norma fue aprobada a todo vapor, luego de largo tiempo de debate interno en el Frente Amplio, con la presencia de representantes de estas organizaciones, y presentada para aprobarse en el plenario de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre del año pasado, ya sobre el cierre del período, porque “había” que hacerlo y no se podía esperar más.
El tema ni siquiera fue tratado en comisión, según denuncian diputados nacionalistas, y por lo tanto no se pudo considerar detalladamente la iniciativa y por lo menos “aterrizarla” en varios de sus delirios.
Uno de los resultados es que se invierte la carga de la prueba, y así quien está señalado en estas denuncias de género tiene que hacer al revés, eso es, probar que es inocente porque es sospechoso de antemano, a lo que se agrega la imposibilidad material de atender y hasta definir con precisión todas estas “violencias” que responden en su identificación a los postulados de los extremismos de algunas de estas organizaciones feministas a ultranza.
Bueno, el punto es que se hizo lugar por el Frente Amplio a la ley, pero todo indica que incluso desde el oficialismo se hizo una especie de “concesión” a estos grupos, para encuadrar en lo “políticamente correcto”, en la política “inclusiva” pero sin voluntad política a la vez de impulsarlo con entusiasmo.
Así se ha dejado al Poder Judicial, como en tantos temas, sin recursos y con la presión de (mal) instrumentar lo que ya viene torcido de origen, y todo indica que en el corto plazo la ley necesitará de correctivos para dotarla de alguna racionalidad que permita hacerla cumplir en sus aspectos positivos.