El relevo del General Guido Manini Ríos de su cargo de Comandante en Jefe del Ejército ha puesto nuevamente en el tapete la discusión sobre el papel que las Fuerzas Armadas deben cumplir en nuestro país e incluso si deben existir como tales o al menos en la forma en la cual están organizadas actualmente.
La Historia ha demostrado que, en los últimos años, las Fuerzas Armadas han sido atacadas desde posiciones ideológicas aparentemente enfrentadas, pero que sobre esta temática terminan convergiendo y haciendo realidad el refrán según el cual “los extremos se juntan”. En efecto, por un lado existen diversos representantes de la izquierda nacional en los cuales continúa vigente un resquemor y rechazo obsesivo y enfermizo hacia los militares, basados en la participación y responsabilidades de algunos de sus efectivos durante la última dictadura militar (1973-1985), cuando desconocieron el poder civil y asumieron potestades no previstas por la Constitución. Por el otro lado, se encuentran quienes desde posiciones teóricas en el campo de conocidas doctrinas económicas extranjeras abogan por minimizar o hacer desaparecer la institución militar. A estas posiciones claramente definidas y muy activas desde el punto de vista de su discurso público se suman discursos de otros colectivos que incluyen a grupos pacifistas u organizaciones de derechos humanos, las cuales cuentan en la mayoría de los casos con un fuerte financiamiento internacional de entidades o personas cuyos objetivos finales no están siempre claros.
A pesar de que un tema tan importante para el país se debate en un escenario tan cargado de intereses más o menos declarados o de cegueras ideológicas irreductibles, resulta importante entender que las Fuerzas Armadas constituyen un pilar fundamental de la Defensa Nacional, una obligación pero también un derecho al cual no puede renunciar ningún Estado.
En efecto, de acuerdo con la ley 18.650, promulgada durante la primera presidencia del Presidente Tabaré Vázquez, la Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población. Según la norma mencionada, la Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las leyes. Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.
La normativa vigente determina que corresponde a la política militar de defensa establecer la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y de soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa. En este marco, las Fuerzas Armadas (compuestas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya) tienen a su cargo la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.
En esa misma línea, la referida ley 18.650 dispone que las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz y bajo la autorización expresa del ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental. Todos los uruguayos –y especialmente los sanduceros– hemos sido testigos de la valiosa ayuda que los efectivos militares prestan a la comunidad en ocasión de las inundaciones que sufre nuestra ciudad o incluso en otros hechos como el tornado que azotó a la ciudad de Dolores en el año 2016 o la instalación de un puente militar Acrow sobre el arroyo Agua Sucia en el departamento de Durazno, en febrero del presente año. La lista de tareas que las Fuerzas Armadas realizan en ayuda a la comunidad son variadas y todas muy valiosas e incluso algunas, como la recolección de basura, es un “clásico” que forma parte del paisaje de Montevideo durante el mes de diciembre de cada año, cuando la “casta sindical” del Pit Cnt decide adelantar sus vacaciones de verano, confiados en que los soldados (que no cobran horas extras, ni pueden hacer paro ni tampoco gozan de la impunidad que otorga el tan mentado “fuero sindical”) vendrán a “salvarles la petisa” y a cumplir, en silencio pero con dignidad y fuerte reconocimiento público, una tarea que tendría que ser cumplida obligatoriamente por los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, cuyos sueldos superan en mucho a los ingresos mensuales de los efectivos militares. Resulta muy ilustrativo del espíritu revanchista que reina en algunos integrantes del Frente Amplio que tres ediles (dos del Partido Socialista y uno del MPP) de los siete que esa fuerza política posee en la Junta Departamental de Soriano, se negaron a ingresar a sala durante el homenaje a los militares que participaron de las tareas de auxilio en Dolores.
No menos importancia tienen las tareas de patrullaje y control de fronteras que cumplen diversos efectivos de las Fuerzas Armadas, a pesar de las notorias limitaciones de medios técnicos (aviones, barcos, etcétera) que sufren y que en muchos casos incluye algo tan elemental como el combustible para los medios de transporte.
Otras acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas incluyen las misiones de paz en el exterior promovidas por los organismos internacionales de los que Uruguay forma parte (por ejemplo, Naciones Unidas).Tampoco resulta justo ni conveniente desconocer el impacto social que las Fuerzas Armadas representan para nuestro país, tanto como fuente laboral como de otras prestaciones tales como los servicios de salud, cuya principal institución es el Hospital Militar.
¿Qué pasaría si se recortan o suprimen esos beneficios o incluso la propia actividad militar? Los efectivos militares deberían enfrentar la desocupación y una mayor marginación social y económica de la que sufren actualmente. Así las cosas, debemos preguntarnos si la defensa nacional (obligación primaria de cualquier Estado) y las múltiples tareas adicionales que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas no resultan suficientemente importantes para justificar, por sí sola, su existencia.
El artículo primero de la Constitución Nacional (esa a la cual estamos sometidos todos los uruguayos sin distinciones) prevé que “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”. De la lectura de esta norma queda claro que los militares son tan ciudadanos como cualquier otro y forman parte de la asociación política a la cual hace referencia nuestra Carta Magna.
Atacar a las Fuerzas Armadas o a sus integrantes por el sólo hecho de pertenecer a las mismas supone crear divisiones donde no deben existir, porque los militares tienen una tarea encomendada por la Constitución y por la legislación vigente y en tanto sus actos se apeguen a la misma, la misma no debe ser objeto de cuestionamientos, porque todos somos uruguayos y como expresó el General José Artigas “nada debemos esperar sino de nosotros mismos”.