(EL OBSERVADOR)
La sala de salud mental del Hospital de Artigas se inauguró en 2014, pero todavía nadie durmió en alguna de sus ocho camas y la razón es que ni un solo psiquiatra trabaja en el centro más al norte del país de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“Para que se entienda la penosa situación por la que pasan los usuarios con estas patologías (psiquiátricas), para ser vistos por un especialista deben ser trasladados a la ciudad de Rivera. El viaje se hace por la República Federativa del Brasil, transportando pacientes de ambos sexos, muchas veces agresivos, sin acompañantes y en condiciones totalmente irregulares de traslado, poniéndose en riesgo o peligro inminente no solo la vida de estos sino la de los trabajadores de ASSE que actúan en el procedimiento”. Este reclamo –al que accedió El Observador– forma parte de una carta que la comisión interna de funcionarios del Hospital de Artigas elevó el 16 de agosto de 2018 al presidente de ASSE, Marcos Carámbula, solicitándole que tomara “medidas de urgencia” para “reencauzar el servicio sanitario”.
Los cuestionamientos sobre la atención a la salud mental que el mayor prestador de salud brinda se intensificaron días pasados, cuando las tres sociedades de psiquiatría del país –Asociación de Psiquiatras del Interior, Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia– emitieron un comunicado porque consideran “ineludible” dar a conocer el “duro panorama” al que se enfrentan. Las asociaciones plantearon que la falta de especialistas en psiquiatría es una carencia de la que históricamente padeció Uruguay, pero que es incluso más grave en los centros de salud públicos.
En Montevideo, en tanto, los psiquiatras tienen peores condiciones de trabajo y cobran menos que sus colegas que trabajan en el mutualismo, según las asociaciones. El centro que más preocupa es el Hospital Vilardebó, que está desbordado de pacientes.
La directora técnica del Hospital Vilardebó, Paula Sarkissian, aseguró en enero de este año que desde que se implementa el nuevo Código del Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre de 2017, ingresaron demasiados pacientes judiciales y el centro de salud “colapsó”. Asimismo, aseguraron que los medicamentos que indican no siempre están disponibles en ASSE, el sistema está sobrecargado y eso lleva a que los pacientes no puedan seguir de forma estricta el tratamiento que les indican.
