El senador Jorge Larrañaga defendió a través de una cadena nacional la reforma constitucional denominada “Vivir sin miedo”, a plebiscitarse en las próximas elecciones nacionales. El líder de Alianza Nacional impulsó la reforma en mayo de 2018 y aseguró que su propuesta “no limita ningún derecho”, ni “impide” la adopción de otras medidas en materia de seguridad.
“Si no se han hecho es porque quienes debían hacerlas no han sabido o no han querido hacerlas”, aseguró en el mensaje. De esta manera, dedstacó otro tipo de medidas, como “mejorar la política de rehabilitación, las políticas sociales, las políticas penitenciarias y las políticas educativas”.
La reforma constitucional prevé la creación de una Guardia Nacional y dotarla de 2.000 militares, la creación de la cadena perpetua revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la regulación de los allanamientos nocturnos. En su mensaje aclaró que, de resultar aprobada en octubre, será “obligatoria y de aplicación inmediata”. “Si se aprueba por mandato de la gente, se aplica o se aplica”, afirmó el senador y recalcó que el ciudadano es el “dueño” de la reforma.
“Muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco”, afirmó. Respecto a la dotación de una guardia, Larrañaga recordó que en 2011 el Poder Ejecutivo –bajo el gobierno de José Mujica– trasladó a 300 militares al Ministerio del Interior y reiteró que en varios países de Europa funciona una guardia de este tipo.
“¿Alguien que está siendo apuntado con un arma por un delincuente tendrá reparos en que sea un militar el que lo proteja? Increíblemente, sí. Para algunos sí. Son los mismos que nos trajeron hasta acá, hasta la debacle que hoy padecemos”, dijo Larrañaga. El argumento para crear la figura de la reclusión permanente revisable está vinculada con la rehabilitación de estas personas. “Suelen tener personalidades que hacen extremadamente difícil o imposible su recuperación” y, de aprobarse, aplicaría a un elenco limitado de delitos graves. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), además, sería la encargada de revisar la pena.
El senador explicó en la cadena que la prohibición de los allanamientos nocturnos es un “rezago” de la Constitución de 1830 y que esas horas son aprovechadas por los delincuentes para gestionar las bocas de drogas. También consideró que es “lógico” que quienes cometen delitos graves no puedan acceder a beneficios para salir antes de prisión.
