El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) denunció la situación de un efectivo de la Dirección Nacional de Bomberos, que cumplía funciones en el destacamento local, quien sufrió una lesión lumbar en un acto de servicio hace tres años. “Es uno de los tantos casos de funcionarios lesionados en actividad. A este efectivo lo pasaron a junta médica y, después de cobrar el 65% del sueldo, le quitaron su salario y perderá todo. Hasta su casa”, dijo el dirigente nacional del SUPU, Alejandro Álvarez.
Explicó que “quedará fuera del sistema porque la junta no se expidió sobre la situación sanitaria del trabajador, a pesar de los trámites realizados por el sindicato ante Asuntos Internos y el Ministerio del Interior. Incluso en la Institución de Derechos Humanos para que intervenga en su situación”.
Mientras tanto, el funcionario no percibe sus ingresos y es incierta una resolución. “Hay casos que demoran más de un año en expedirse. Si se lesionó en un acto de servicio, deben revisarle su lesión y hacerle un seguimiento o cambiar sus funciones a tareas administrativas”, dijo Álvarez. Según el dirigente, “no pueden dejarlo sin cobrar. Las instituciones están en conocimiento del tema y saben que este funcionario no puede retornar a las tareas que hacía antes”.
Álvarez relató que, tras constatar su situación, “lo enviaron al Hospital Policial en ómnibus cuando tiene una lesión importante en una de sus vértebras. Ocurrió cuando la manguera de agua lo impulsó hacia atrás y golpeó su columna contra las barandas de metal del camión bomba”. Resaltó que “La Dirección Nacional de Bomberos no se preocupa por la situación sanitaria de sus funcionarios.
Es un tema que deberán solucionar los mandos medios y no está relacionado con el cambio de las autoridades en la próxima administración. Entonces, como las autoridades están informadas del tema y no se hacen cargo, lo hacemos público”, concluyó.
