Una mujer y una menor resultaron con lesiones leves tras protagonizar un siniestro de tránsito en la intersección de Lucas Píriz y Juncal, donde colisionaron las motocicletas en las que se desplazaban.
Una de las conductoras se retiró inicialmente del lugar, aunque posteriormente se presentó ante la Policía. De acuerdo con la información recabada, la motocicleta Mondial, matrícula ICQ 706, circulaba por Lucas Píriz en dirección al Este ocupada por una mujer y una menor.
En tanto, por Juncal hacia el norte circulaba una motocicleta Yumbo GS 125, matrícula ICW 1038. Por causas que procuran establecerse, ambos vehículos entraron en colisión. Luego del impacto, la conductora de la Yumbo se retiró del lugar llevándose su motocicleta. Una ambulancia de SIET concurrió para asistir a las personas involucradas. Tanto la conductora como la menor presentaban politraumatismos leves y fueron evaluadas en el lugar, recibiendo posteriormente el alta sin necesidad de traslado.
Minutos después, una mujer se presentó manifestando ser la conductora de la segunda motocicleta y explicó que se había retirado del lugar ya que había extraviado su libreta de conducir y que contaba con la correspondiente denuncia.
Personal de Seccional Segunda y de la Brigada de Tránsito trabajó en el lugar y constató además que ambas motocicletas carecían de seguro y las conductoras no contaban con libreta de conducir, por lo que se procedió a la incautación de los rodados, mientras continuarán las actuaciones tendientes a establecer las responsabilidades correspondientes por el siniestro.
Seis hombres y dos mujeres fueron condenados por delitos vinculados al suministro de estupefacientes. La investigación demandó semanas de inteligencia y trabajo de campo y culminó con seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de Paysandú. La Policía destacó la coordinación con Fiscalía y señaló que cuatro de los lugares intervenidos funcionaban como puntos de venta de droga.
El procedimiento, denominado Operación Cerrojo, fue desarrollado por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y el Área de Investigaciones, y permitió incautar cocaína, pasta base y marihuana, además de un arma de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares, equipos de comunicación radial y otros elementos vinculados con la actividad investigada.
La investigación comenzó a partir de información sobre posibles maniobras de suministro y comercialización de drogas y fue avanzando con tareas de vigilancia y recopilación de evidencias. Finalmente, la Justicia autorizó seis allanamientos simultáneos.
Fueron detenidas ocho personas –varias de ellas con antecedentes penales– entre las cuales se encuentra un árbitro de fútbol local. En los allanamientos se incautaron dosis de cocaína, marihuana y pasta base, además de 3.957 pesos en efectivo, un revólver calibre .22 sin numeración visible con 12 cartuchos, tres balanzas de precisión, 16 teléfonos celulares, cuatro equipos de comunicación radial y una moto.
OCHO CONDENADOS
Luego de las actuaciones cumplidas ante la Sede Letrada en lo Penal de 8.º Turno, la Justicia dispuso la formalización y condena mediante proceso abreviado.
Q.D.G.A. y Q.J.G.S. fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, con dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Jorge Moisés Gómez Acosta recibió una pena de tres años y seis meses de penitenciaría, también por un delito continuado de suministro de estupefacientes. Kevin Alejandro Fleitas Ojeda, poseedor de antecedentes penales, fue condenado por un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego, en calidad de reincidente, a dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Carolina Noemí Barreto Silva fue condenada como autora de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a dos años y cuatro meses de penitenciaría.
En tanto, R.M.F.M. y J.M.P.L. fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndoseles dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Respecto de R.B.A., la Justicia dispuso el aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena, por lo que permanecerá bajo arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico. La situación será revisada por el juez de Ejecución en un plazo de 60 días.
“UN TRABAJO LARGO Y TENDIDO”
Durante una conferencia de prensa en Jefatura, las autoridades destacaron especialmente el trabajo previo que permitió llegar a los allanamientos. Estuvieron presentes el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, acompañado por el director de Coordinación Ejecutiva, Leonardo Haiache; la fiscal titular de Cuarto Turno, Cecilia Irigoyen, y la fiscal adjunta María José Graziani.
El jefe de Policía explicó que la operación comenzó aproximadamente un mes y medio antes de los procedimientos, con trabajo en territorio, tareas de inteligencia y análisis de información. Ese proceso permitió reunir elementos suficientes para que la Fiscalía solicitara las medidas judiciales correspondientes y se concretaran los seis allanamientos de forma simultánea.
Sánchez destacó el trabajo de todo el equipo de la Brigada Departamental Antidrogas y la coordinación mantenida con la Fiscalía de Cuarto Turno, además del apoyo brindado por el GRT y otras unidades policiales.
Remarcó que no se trató de un procedimiento aislado, sino de parte de una línea de trabajo que la Policía viene desarrollando contra el micro y el macrotráfico de estupefacientes.
INFORMACIÓN SOBRE EL SUMINISTRO
La fiscal de Cuarto Turno, Cecilia Irigoyen, explicó que detrás de los seis allanamientos hubo una importante tarea de preparación y coordinación. Señaló que para ejecutar seis procedimientos de manera simultánea se requiere una logística importante. Según explicó, la investigación se desarrolló aproximadamente entre abril y el 31 de julio, período durante el cual la Policía fue reuniendo elementos probatorios.
Uno de los aspectos destacados por la fiscal fue el trabajo realizado previamente con personas que habían adquirido sustancias. Explicó que en el marco de la investigación fueron identificados consumidores que habían sido entrevistados y que algunos de ellos aportaron información respecto de las personas a las que les habían comprado droga.
Aclaró que en algunos domicilios no se encontraron sustancias durante los allanamientos, pero igualmente existía una investigación previa que permitía vincular a determinadas personas con el suministro. Puso como ejemplo uno de los domicilios donde fueron detenidas tres personas y donde se produjo una de las principales incautaciones, con más de 50 gramos de cocaína y marihuana. También explicó que el dinero encontrado en algunos de los lugares investigados era otro elemento que permitía observar la modalidad del microtráfico.
Irigoyen también se refirió a una de las principales dificultades que enfrenta la investigación de los delitos vinculados al suministro de drogas: la necesidad de transformar la información obtenida en evidencia que pueda ser presentada ante la Justicia.
Explicó que muchas personas que aportan información solicitan que su identidad sea mantenida en reserva. Sin embargo, esa reserva presenta dificultades a la hora de llevar adelante un juicio oral, ya que no es posible presentar como testigos a personas cuya identidad permanece reservada.
Por ese motivo, señaló que los investigadores necesitan reunir “más evidencia, más que suficiente” para poder sostener una acusación sin depender exclusivamente del testimonio de una persona.
CUATRO BOCAS FUERA DE FUNCIONAMIENTO
El jefe de Policía precisó que, de los seis lugares allanados, cuatro funcionaban como bocas de venta de droga, por lo que la operación permitió desactivar esos puntos de comercialización. La incautación más importante se produjo en un domicilio donde se encontraron más de 50 gramos de cocaína, además del revólver calibre .22 con munición.
También fueron incautados diversos elementos tecnológicos que ahora serán sometidos a análisis, entre ellos teléfonos celulares, equipos de comunicación y cámaras, algunos de los cuales eran utilizados para controlar los lugares donde se desarrollaba la comercialización. Sánchez consideró que la intervención permitió desarticular una estructura de importancia dentro de lo que es el microtráfico en el departamento.
La fiscal insistió en la importancia de que la población aporte información cuando conozca la existencia de posibles puntos de venta de drogas. Recordó que existe el teléfono 0800 2121, donde se pueden realizar denuncias de manera anónima. Explicó que, si la información permite comprobar la existencia de una actividad ilícita, la Fiscalía puede solicitar al juez las medidas necesarias para profundizar la investigación, entre ellas tareas de vigilancia y otros procedimientos autorizados judicialmente.
Un adolescente de 15 años falleció en la noche del martes como consecuencia de un siniestro de tránsito en la ciudad de Young. Según la información policial, el hecho se registró próximo a las 22:30, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental comunicó un siniestro en la intersección de las calles Montevideo y Rincón, protagonizado por un camión con zorra y una motocicleta.
Según pudieron saber efectivos de Seccional Sexta y de la Unidad de Respuesta Policial de la Zona Operacional II, el camión circulaba por calle Montevideo en dirección al sur y, al llegar a Rincón, colisionó con la moto que se desplazaba por esta última arteria hacia el oeste. A raíz del impacto, el motociclista –oriundo de San Javier– cayó y quedó debajo de la zorra del camión, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Una ambulancia concurrió a la escena y el médico a cargo constató el fallecimiento del adolescente.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente de la escena y de los vehículos involucrados. Al conductor del camión se le practicó una prueba de espirometría, cuyo resultado fue negativo, y se constató que llevaba la documentación en regla.
La Fiscalía Letrada de turno dispuso la realización de pericias a los vehículos, el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia y la indagatoria del conductor del camión.
Ocho personas fueron condenadas en el marco de la operación Cerrojo, un procedimiento antidrogas desarrollado en distintos puntos de Paysandú que permitió desarticular varios puntos de venta de estupefacientes e incautar cocaína, pasta base, marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros efectos vinculados a la actividad ilícita.
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas de Paysandú, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT) y del Área de Investigaciones, como resultado de una investigación basada en tareas de inteligencia y trabajo de campo para detectar maniobras relacionadas con el microtráfico en la capital departamental.
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de detenciones y seis allanamientos simultáneos en diferentes viviendas. Durante los procedimientos fueron incautadas dosis de cocaína, marihuana y pasta base, además de 3.957 pesos en efectivo, un revólver calibre .22 sin numeración visible con 12 cartuchos, tres balanzas de precisión, 16 teléfonos celulares, cuatro equipos de comunicación radial y una motocicleta.
En total fueron detenidas ocho personas, varias de ellas con antecedentes penales. Tras la audiencia en la Sede Letrada en lo Penal de 8.º Turno, la Justicia dispuso la formalización y condena mediante proceso abreviado.
Q.D.G.A. y Q.J.G.S. fueron condenados como autores de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, con una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
J.M.G.A. fue condenado como autor del mismo delito, con una pena de tres años y seis meses de penitenciaría.
K.A.F.O. fue condenado por un delito continuado de suministro de estupefacientes en reiteración real con un delito de tenencia de arma de fuego, en calidad de reincidente, con una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
C.N.B.S. fue condenada como autora de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, con una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría.
Asimismo, R.M.F.M. y J.M.P.L fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, en calidad de autor, imponiéndosele como pena dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Respecto de R.B.A., la Justicia dispuso el aplazamiento excepcional del cumplimiento de la pena, por lo que permanecerá bajo arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico. La medida será revisada por el Juez de Ejecución en un plazo de 60 días.
Una sanducera fue condenada por su participación en una estafa mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”, por la que una mujer de 79 años, residente en Young, fue engañada y despojada de 21.400 dólares.
Todo comenzó cuando la víctima recibió en su domicilio de calle José María Sosa una llamada telefónica de un desconocido, quien le aseguró que su hijo había protagonizado un siniestro de tránsito en el que había atropellado a una mujer embarazada y que, como consecuencia, se encontraba detenido. Convencida de que la historia era verdadera, la mujer entregó los 21.400 dólares a una desconocida que llegó hasta su domicilio y posteriormente se retiró en una motocicleta.
Poco después, llegó el verdadero hijo de la víctima y le explicó que se encontraba trabajando y que nunca había sido detenido. Al comprobar que había sido víctima de una estafa, la mujer realizó la denuncia policial.
La Unidad de Investigaciones de Young inició las actuaciones y, mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, logró identificar el vehículo utilizado y establecer la vinculación de varias personas con el hecho. Se realizaron allanamientos en Paysandú, aunque inicialmente no fue posible ubicar a la mujer investigada, quien quedó requerida por la Justicia. Posteriormente fue detenida por efectivos policiales de Paysandú y trasladada a Young.
El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, explicó que quienes cometen este tipo de estafas suelen construir sus relatos a partir de información que las propias víctimas proporcionan involuntariamente durante la llamada. Señaló además que los 21.400 dólares no pudieron ser recuperados, debido al tiempo transcurrido entre la estafa y la detención.
Finalmente, el Juzgado Letrado de 1.º Turno de Young condenó a la mujer, identificada por las iniciales M.M.T.R., como coautora penalmente responsable de un delito de estafa. La sanducera fue condenada a diez meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, por lo que no deberá ingresar a prisión pero deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia durante ese período.
La Justicia Penal formalizó la investigación contra un hombre por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados en perjuicio de una menor de edad. El imputado deberá cumplir una serie de medidas limitativas durante 120 días, mientras continúa la investigación del caso. Las actuaciones se encuentran a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, a partir de una denuncia radicada en setiembre de 2024, relacionada con hechos de naturaleza sexual en perjuicio de una menor. Desde el inicio de la investigación, la Policía adoptó las medidas de protección correspondientes, procurando preservar la integridad y privacidad de la víctima y coordinando las actuaciones con las autoridades competentes. A medida que avanzó la investigación, los efectivos reunieron elementos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y posteriormente de la Justicia Penal. Con esos elementos, se dispuso la formalización de la investigación respecto del indagado. Como parte de las medidas cautelares impuestas por el plazo de 120 días, el hombre tiene prohibido mantener cualquier tipo de comunicación o relación con la víctima, así como acercarse a ella en un radio de 500 metros. Asimismo, la Justicia dispuso su vigilancia mediante la utilización de un dispositivo de rastreo electrónico, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas establecidas. La investigación permanece en curso, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y reunir nuevos elementos que permitan avanzar en el proceso judicial.
Un procedimiento realizado por efectivos del GRT-PADO durante tareas de patrullaje preventivo culminó con la detención de tres personas y la incautación de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. Tras las actuaciones de la Brigada Departamental Antidrogas y la intervención de Fiscalía, dos de los involucrados fueron condenados a 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo por un delito de suministro de sustancias estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló el pasado 7 de agosto, cuando personal policial que efectuaba recorridas por calle Benito Chain observó un automóvil con tres ocupantes. Los efectivos realizaron un seguimiento hasta interceptar el vehículo en Zorrilla de San Martín y Benito Chain.
Una vez detenido el automóvil, fueron identificados sus ocupantes: una mujer de 31 años y dos hombres de 36 y 29 años. Durante el registro se incautó dinero en efectivo. Con la participación de personal policial femenino, se registró a la mujer, encontrándose entre sus pertenencias un envoltorio con sustancia de color blanco y otros 29 envoltorios de similares características.
Las pruebas realizadas por la Brigada Departamental Antidrogas determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 29,45 gramos: un envoltorio contenía 22,44 gramos y los otros 29 totalizaban 7,01 gramos.
Puesta en conocimiento la Fiscalía de Cuarto Turno, los tres involucrados fueron conducidos ante la sede fiscal. La Justicia Penal de Cuarto Turno dispuso la formalización y posterior juicio abreviado para dos de los detenidos.
Rocío Puglia Martínez, de 31 años, fue imputada y condenada como autora de un delito de suministro de sustancias estupefacientes, con una pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Pedro Alejandro Martínez Pérez, de 36 años, fue imputado y condenado como coautor del mismo delito, recibiendo igual pena de 18 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El tercer detenido, un hombre de 29 años, no fue alcanzado por las condenas comunicadas en la resolución judicial.
La Ulosev inició una campaña de concientización sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, con una intervención en Bulevar Artigas y avenida España. El director de Tránsito, Gastón Berretta, aportó un dato preocupante: “Hay más de 15 espirometrías positivas todos los fines de semana en nuestra ciudad” y anunció que los controles serán “más exhaustivos y mucho más rigurosos”.
La campaña adquiere particular relevancia en agosto por la proximidad de la Noche de la Nostalgia. Berretta recordó que en Uruguay rige la tolerancia cero al volante: cualquier concentración superior a 0,0 gramos por litro inhabilita para conducir. El consumo genera “pérdida de los sentidos y del control” con consecuencias que pueden derivar en siniestros con personas lesionadas o fallecidas. “Lo que no se debe hacer es conducir cuando uno haya consumido alcohol”, subrayó.
La agenda de actividades se extenderá durante todo agosto: el miércoles 13 en el Liceo Nº8, el 17 en Plaza Artigas por el Día Internacional del Peatón, el 19 en UTU y el lunes 24 –víspera de la Noche de la Nostalgia– con tres equipos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. El cierre será el miércoles 26 en el Liceo Nº6.
Un siniestro de tránsito se registró minutos antes de las 18 de la víspera en la intersección de Zorrilla de San Martín y Éxodo, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron, dejando como saldo un hombre con lesiones. Según la información recabada, éste se dirigía a bordo de la motocicleta PX 125 F, matrícula ICV 8111, por Zorrilla de San Martín en dirección al norte. Por su parte, un automóvil Peugeot, matrícula JYP 6434, era guiado por otro hombre por Éxodo hacia el Este, al cual el birrodado — que tenía preferencia de paso — impactó en el paragolpe delantero derecho. Como consecuencia, el motociclista presentó politraumatismos y debió ser trasladado a un centro asistencial para su valoración y atención médica.
Al lugar concurrieron efectivos de Comisaría Primera y personal de Movilidad Urbana, quienes trabajaron en la zona mientras se asistía a los involucrados.
La violencia del choque quedó evidenciada en el estado en que terminó la motocicleta. La PX 125 F quedó tendida sobre el pavimento prácticamente desarmada en su parte delantera, con la horquilla desprendida y una rueda separada del resto de la estructura. También se registraron importantes daños en el manillar, las carcasas, entre otras; mientras que varias piezas y fragmentos quedaron esparcidos sobre la calle a varios metros del punto de impacto.
Quienes acertaban a pasar por el lugar se mostraban sorprendidos al observar los daños provocados por la colisión y varios se acercaron para consultar cuál era el estado de salud del motociclista.
Un joven sanducero de 20 años falleció en un siniestro de tránsito fatal en la víspera en Salto, en el kilómetro 487,100, sobre el bypass de ruta 3, a pocos metros del lugar donde horas antes había ocurrido otro accidente con consecuencias mortales. En base a los datos recabados por medios salteños, el hecho ocurrió pasadas las 13, en las inmediaciones del ingreso al barrio Artigas, cuando una mujer de 20 años circulaba en una motocicleta Lifan 200 por el bypass en dirección al norte. Al llegar a la entrada del barrio Artigas, habría colocado el señalero e iniciado una maniobra para ingresar al barrio. En ese momento fue impactada por otra motocicleta, una Honda 125, conducida por Paul Rivas, de 20 años, que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, el segundo birrodado habría cruzado de senda y terminó colisionando frontalmente contra un camión con matrícula paraguaya, conducido por un hombre. Una unidad médica asistió a ambos motociclistas. La conductora de la primera moto sufrió politraumatismos y debió ser trasladada hacia un centro asistencial. En tanto, debido a las lesiones sufridas, Rivas falleció en el lugar, lo cual fue constatado por el personal médico actuante. La Fiscalía de Turno dispuso las actuaciones correspondientes, entre ellas pericias mecánicas de los vehículos, relevamiento fotográfico, intervención de Policía Científica y demás actuaciones de rigor. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salto y Policía Caminera, junto con los equipos de emergencia, mientras se desarrollaban las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia. Por su parte, el repentino deceso del joven generó varias demostraciones de pena y afecto en redes sociales, donde se indicó que era conocido por estar vinculado a las actividades turfísticas de la zona.
Minutos después de las 18 horas se registró un siniestro de tránsito en la intersección de 18 de Julio y Carlos Albo, donde colisionaron dos automóviles. Pese a la violencia del impacto, afortunadamente ninguno de los dos ocupantes resultó con lesiones de entidad. Según la información recabada, por Carlos Albo hacia el sur circulaba el auto Chevrolet Joy, matrícula IAF 4536, conducido por un hombre. Al llegar a la citada intersección fue sorprendido por el auto BMW 325i, matrícula IAH 3077, que circulaba por 18 de Julio hacia el oeste e impactó sobre su lado izquierdo, en la puerta trasera.
El impacto fue de considerable violencia y provocó daños en ambos vehículos, así como hizo efectuar un giro al Chevrolet, que terminó con el motor orientado hacia al oeste. En las imágenes tomadas en el lugar se pudo observar el frente del BMW severamente dañado, mientras que el otro rodado también reportó desperfectos. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el BMW habría sido visto circulando por la calle preferencial a alta velocidad momentos antes del choque.
Pese a la violencia de la colisión, ambos conductores pudieron salir por sus propios medios de los vehículos y no presentaron lesiones que requirieran de sus traslados a un centros asistenciales. En el lugar trabajó personal de Seccional Segunda, además de una unidad de ARP.
Un hombre resultó lesionado en la tarde de la víspera tras protagonizar un siniestro de tránsito en la zona de Juncal e Instrucciones del Año XIII, cuando circulaba en la motocicleta Pulsar 125 cc, matrícula ICW 1652.
De acuerdo con la información primaria, el motociclista se desplazaba por Instrucciones del Año XIII hacia el oeste cuando, por causas que se procuran establecer, esquivó un móvil policial –que se dirigía por Juncal al sur– al que rozó, por lo que perdió el dominio del birrodado y cayó en una cuneta.
Al lugar concurrió una ambulancia de SIET, cuyo personal asistió al conductor, diagnosticándole politraumatismos leves y traumatismo en uno de los dedos de la mano. Posteriormente fue trasladado a un centro de emergencia para una valoración médica. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera y del GRT.
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) abrió un llamado para cubrir 223 vacantes de Operador Penitenciario I en unidades de todo el país. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de agosto y deben realizarse exclusivamente de forma online a través del formulario habilitado por el Ministerio del Interior. Quienes resulten seleccionados y aprueben la formación inicial en el Cefopen accederán a un cargo efectivo con una remuneración nominal de $63.937 mensuales (valores enero 2026). Durante el período de formación percibirán un salario mínimo nacional.
Los requisitos excluyentes incluyen haber aprobado el ciclo básico de Educación Secundaria o UTU, residir en el departamento para el que se postula, no registrar antecedentes penales ni anotaciones policiales incompatibles con la función, tener al menos 18 años al cierre de la inscripción y no mantener otros vínculos laborales con la Administración Pública ni percibir pasividades. También se requiere cédula vigente, credencial cívica y haber sufragado en las últimas elecciones.
Los operadores penitenciarios cumplen 40 horas semanales en turnos rotativos y mantienen contacto directo con las personas privadas de libertad. Sus funciones abarcan conteos y controles de internos, vigilancia durante actividades educativas y laborales, prevención de situaciones de violencia, inspecciones y coordinación con personal policial ante incidentes que comprometan la integridad física de los internos.
La Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) realizó una nueva Escuela de Seguridad Ciudadana, para el abordaje del consumo problemático de sustancias, las diversas modalidades de violencia y la prevención de delitos de estafa. El equipo técnico asistió en esta ocasión al Auditorio Municipal de Guichón, y en la apertura, la encargada departamental, Oficial Principal Lic. Natalia Cuevasanta, presentó la metodología de trabajo, funciones y cometidos de PCOP, destacando su labor educativa, preventiva y de proximidad con la comunidad. En representación de la Junta Nacional de Drogas, Valeria Aguilar expuso sobre el consumo de drogas y otras adicciones, con abordaje en riesgos y daños, consecuencias e importancia de su prevención. En cuanto a la temática de la violencia, el equipo informó sobre sus diferentes modalidades, mecanismos de denuncia, así como canales de atención y prevención disponibles. El PCOP desarrolló el taller denominado “Convivencia y Autocuidado”, en la promoción de hábitos de respeto, responsabilidad y cuidado personal como herramientas fundamentales para la prevención de situaciones de riesgo. Cuevasanta resaltó la “activa participación e interés de los asistentes, quienes realizaron consultas e intercambiaron experiencias con los expositores, además de realizar trabajos en grupos, con un cumplimiento satisfactorio de los objetivos propuestos”. Al finalizar la instancia, se entregaron 31 certificados de participación en la Escuela de Seguridad Ciudadana.
La Justicia Penal condenó a un hombre de 35 años como autor de cuatro delitos de hurto en régimen de reiteración real, imponiéndole una pena de cinco meses de prisión efectiva. Según informó Jefatura de Policía, el procedimiento que permitió esclarecer los hechos comenzó el pasado 24 de julio, cuando personal policial concurrió a la intersección de Ciudad de Young y avenida Soriano tras recibir un llamado de vecinos que alertaban sobre un hombre que caminaba por la zona transportando varios bultos en actitud sospechosa. Al arribar al lugar, los efectivos avistaron al individuo denunciado, quien, al percatarse de la presencia policial, emprendió la fuga mientras arrojaba los objetos que llevaba consigo. Tras una breve persecución fue detenido cuando intentaba ocultarse debajo de un vehículo estacionado. El hombre fue identificado como Ángel Dionisio Budéz González, poseedor de antecedentes penales. Durante el procedimiento, la Policía incautó una caja de herramientas con diversos efectos en su interior, los cuales fueron posteriormente reconocidos por un damnificado como parte de los objetos sustraídos de un taller mecánico de la zona, cuyo hurto fue denunciado poco después. La investigación, llevada adelante por personal policial bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Segundo Turno, permitió además vincular al ahora condenado con otros hechos delictivos denunciados previamente. Entre ellos se encuentran el hurto de lámparas y juguetes desde el fondo de una vivienda, la sustracción de herramientas, botas de goma, sábanas, camperas y otros efectos desde un aserradero ubicado en la zona este de la ciudad, así como el robo de dinero en efectivo de un taller automotriz. Finalizadas las actuaciones y conducido ante la sede judicial competente, la Justicia Penal dispuso la condena de Budéz González como autor de cuatro delitos de hurto en régimen de reiteración real, imponiéndole una pena de cinco meses de prisión.
