El sector industrial de la alimentación atraviesa un momento difícil debido a la incidencia de factores como costos altos, poca productividad, fuerte ingreso de productos importados y pérdida de competitividad, según análisis que da a conocer El Observador. Los casos de La Spezia y de Molino Florida –que se presentó a concurso de acreedores– son ejemplos actuales críticos y generan señales de alerta en las empresas.
“Toda la industria de la alimentación espera que haya un vuelco a partir de un accionar del Estado que permita una baja de costos y también de cargas sociales para salir del momento difícil que se atraviesa. Están cerrando empresas, hubo casos en el sector lácteo, en la molinería, y seguimos trabajando para tratar de mejorar estándares productivos”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), Carlos Fábregas.
El integrante de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya), Nelson Más, indicó que esa empresa ya se había presentado a concurso antes, pero el recurso había sido denegado por falta de documentación. Finalmente, el viernes pasado se aceptó el pedido de la empresa que ingresó en concurso voluntario de acreedores.
“La intención del empresario, por las buenas o por las malas, es liquidar el molino porque no tiene más ganas de seguir en actividad. Ofreció que el sindicato se hiciera cargo si queríamos”, señaló el dirigente. En la compañía trabajan, entre personal administrativo y de fábrica, unos 80 empleados. A este caso se suma Molino Dolores, que cerró a principios de año y reabrió este mes con la llegada de un síndico. En esa empresa ahora cumplen funciones 120 trabajadores, mientras otros 200 se encuentran en el seguro de paro.
En tanto, el lunes 25 trabajadores ocuparon la casa central de la fabricante de pastas La Spezia, que desde hacía algunos días ya no producía. La firma se encontraba en concurso de acreedores desde agosto del año pasado. Este mes, el síndico designado Mario Soca determinó el cierre definitivo de la compañía. Cuando ingresó a concurso la empresa tenía un activo menor U$S 1 millón y deudas mayores a U$S 2 millones. Entre los deudores figuran el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, bancos y un porcentaje menor corresponde a los trabajadores. El dirigente Leonardo Saldías informó que a los trabajadores se les deben salarios vacacionales, aguinaldos y licencias no gozadas desde 2015.
EMPLEADO DE SANABRIA CONFIRMÓ IRREGULARIDADES
Un exempleado de Cambio Nelson confirmó ante la Justicia que la operativa de la empresa no se ajustaba a las normas contables del Banco Central, al tiempo que agregó que numerosos empresarios y políticos tenían negocios con Francisco Sanabria Barrios, quien se encuentra prófugo de la Justicia, publicó “El País”. El hombre declaró ante el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli del juzgado penal de Maldonado. También lo hizo una exempleada del estudio particular de Sanabria Barrios, ejecutivos de Red Pagos —a quien el cambista debió entregar varios bienes en pago de sumas que había retenido— y otros testigos.
El exempleado confirmó al juez y al fiscal de la causa que la operativa de Cambio Nelson no se ajustaba a las normas vigentes para las instituciones financieras de este tipo.
Además, agregó que numerosos políticos y empresarios aprovecharon la falta de controles imperantes en Cambio Nelson para realizar diversas operaciones financieras. El exempleado aportó detalles y los nombres de los empresarios y políticos que operaban en el cambio al amparo de la falta de controles. En oportunidad de concurrir al Parlamento el 16 de marzo a explicar el alcance de los controles efectuados por la autoridad monetaria sobre Cambio Nelson, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, había asegurado que en la contabilidad de la empresa se produjeron “desvíos de la información contable” y responsabilizó de ese hecho a los “profesionales encargados de transmitir al Banco Central del Uruguay la compilación de los estados contables, ya que lo hacían en claro apartamiento de las normas”.
Entonces, Bergara admitió que “probablemente uno pueda sospechar de la intencionalidad (de esos profesionales) de ocultar lo que ese apartamiento efectivamente ocultaba, que era la presencia de saldos acreedores y deudores, que en última instancia era lo que hubiera dado la señal al Banco Central de que se estaban haciendo transacciones no autorizadas”.
Para este jueves fueron citados a declarar el presidente del Banco Central cuando se autorizó la operativa de Cambio Nelson, el contador Humberto Capote, quien formó parte del grupo de asesores legales y contables de la empresa. También se presentará la escribana Paula Sanabria, hermana del cambista prófugo. Según pudo saber El País, el juez Souto intenta probar que Sanabria Barrios incurrió en insolvencia societaria fraudulenta, delito previo al lavado de activos. De ser así, el caso pasaría a Crimen Organizado.
150 MILLONES DE DÓLARES PARA CAMINERÍA RURAL
En el marco del proyecto de inversión aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asciende a 600 millones de dólares, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) acordó destinar las dos primeras operaciones, por 75 millones cada una, a rehabilitar y mantener caminos rurales productivos, mejorar y fortalecer la gestión fiscal y los servicios de los gobiernos departamentales. Las dos primeras operaciones se enfocarán en la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales productivos y en fortalecer la gestión fiscal y los servicios de los gobiernos departamentales. Estos proyectos están enmarcados en las dos líneas de crédito aprobadas para Uruguay por un total de 600 millones de dólares.
INAUGURARON PRIMER PUNTO DE RECARGA PARA AUTOS ELÉCTRICOS
Quedó inaugurada en Punta del Este la primera estación del Sistema de Alimentación de Vehículos Eléctricos (SAVE) como parte de la estrategia conjunta de UTE y Ancap para promover el transporte eléctrico. La inauguración contó con la presencia de la presidenta de la Distribuidora Uruguaya de Combustibles S. A. (Ducsa) y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), Marta Jara, y del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.
Para su uso, cualquier propietario de un vehículo eléctrico cargará energía mediante una tarjeta que UTE proporcionará a tales efectos. En caso de no tener la tarjeta, la estación de Punta del Este brindará una para habilitar la recarga. Una vez que este proyecto esté consolidado, cada usuario será un cliente móvil de UTE y podrá cargar su auto. Pagará el servicio a fin de mes con su factura domiciliaria o una factura independiente. Un auto con una batería de 22 kilovatios por hora recarga completamente en 60 minutos si la batería está totalmente descargada. La carga completa tiene un costo de 60 pesos (equivalente a 1,5 litros de nafta) y una autonomía de 180 kilómetros.
Jara sostuvo que en este proyecto no se ve esta iniciativa como una amenaza, sino una oportunidad para prepararse para el futuro. Agregó que detrás de ambas empresas públicas, hay una visión de una matriz energética diversificada, más robusta y amigable con el medioambiente, más soberana e independiente del mercado internacional de combustibles fósiles. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, informó que la primera etapa de la Ruta Eléctrica (también llamada ruta verde) incluirá desde Colonia hasta el Chuy, pero tendrá un despliegue en todo el país con puntos de recarga cada 60 kilómetros. La próxima fase se desarrollará en el litoral, aprovechando la demanda del canal de transporte a través de los puentes internacionales hasta Montevideo. Recordó que Uruguay tiene una flota de autos eléctricos conformada por 60 camionetas del servicio técnico de UTE, a los cuales se suman 20 taxis y un ómnibus en Montevideo. Asimismo, indicó que en Montevideo hay puntos de recarga adicionales en el Palacio de la Luz y se inaugurarán cuatro puntos más en Joanicó para abastecer a los taxis.