En enero de 2025, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) presentó una denuncia penal, con destino a la investigación de “hechos que podrían calificar de delito de trabajo forzado y de delito de responsabilidad penal empresarial”, durante la construcción del Anillo de Transmisión Eléctrica de 500 kV entre Tacuarembó y Salto, a cargo de la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation).
La obra ocupó a más de 700 trabajadores, de los cuales unos 500 son extranjeros, en su mayoría chinos y ecuatorianos. En la denuncia, el sindicato constató “violación a las normas de seguridad y prevención”, al tiempo que solicitó la investigación del caso como posible “trata de personas”.
Un año y medio después, en la audiencia de formalización que tuvo lugar este lunes a las 13.30, resultaron imputados tres ingenieros de origen chino que ocupan cargos gerenciales en CMEC por reiterados delitos de violación a la Ley N° 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial.
La investigación, a cargo del fiscal Carlos Motta, tomó testimonios y diligenció pruebas, a fin de comprobar accidentes laborales, a raíz de la falta de elementos de seguridad y condiciones laborales de los trabajadores. Machado descartó los delitos de trata de personas y explotación laboral de los trabajadores. Sin embargo, fueron responsabilizados por “un total de 46 incumplimientos”, de acuerdo al sindicato. Los tres gerentes chinos fueron imputados con ocho meses de libertad a prueba.
La denuncia
Richard Ferreira, presidente del Sunca a nivel nacional, señaló que “a partir del trabajo de la Fiscalía, se logró la condena a tres representantes de la empresa CMEC por reiterados incumplimientos a la ley de responsabilidad empresarial, en el sentido que puso en riesgo la vida de trabajadores. La justicia actuó en función de la denuncia de la organización sindical y nuestra intención es que se corrija en tiempo real cualquier situación para no tener que lamentar ningún accidente de trabajo”.
Reconoció que, “más allá de que no se constató responsabilidades en accidentes fatales”, se encontraron incumplimientos a la mencionada ley. “En ese sentido, la justicia determinó la condena de 8 meses que se efectuará con libertad a prueba por un acuerdo abreviado entre los denunciados y la Fiscalía. Eso determinó las penas alternativas con trabajo comunitario”, señaló a EL TELEGRAFO.
Ferreira resaltó que la denuncia se presentó sobre una empresa que “sistemáticamente incumplió la normativa de seguridad e higiene y que trabajó para el Estado (UTE). CMEC llegó a tener más de 60 expedientes en la Inspección General de Trabajo, producto de los reiterados incumplimientos. Es una señal importante que da la justicia”.
De acuerdo al dirigente, “hubo otras circunstancias similares, no solamente en la construcción, sino que hay sentencias contra empleadores en distintos sectores. Nos parece que en este caso, la actuación de la justicia es un hecho trascendente para que este tipo de conductas empresariales no pasen sin pena ni gloria”.
Ferreira relató que en el caso de CMEC se constataron varias irregularidades. De hecho, “la condena es por 46 circunstancias de incumplimiento”. Entre estas, constataron daños físicos, con accidentes laborales que ocasionaron lesiones y pusieron en riesgo la vida o la salud de esos trabajadores.
“Si bien hubo incumplimientos al Decreto 125 –de Salud e Higiene que rige en la industria de la construcción– se constataron otros incumplimientos que la justicia entendió que no eran delitos. Cuando presentamos la denuncia pusimos sobre la mesa esta política empresarial que intentaba desconocer la normativa y, en consecuencia, ponía en riesgo la vida de los trabajadores”, agregó.
Varias denuncias
Aclaró que, además de CMEC, el sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo a “cualquier empresa que incurre en estas situaciones, más allá de ser extranjera o nacional. En los registros figuran las denuncias realizadas así como en el ámbito en la Dinatra”.
El presidente del Sunca enfatizó que “en las últimas semanas se ha cuestionado y han escrito editoriales hablando de la conflictividad en la industria de la construcción. Pero no se dice el origen de esa conflictividad. Podemos demostrar que más del 90 por ciento de los conflictos en el último período en la industria, son por incumplimientos de las empresas y acá no podemos hacer distinción”.
En la denuncia presentada por el Sunca ubicaron la presencia de trabajadores chinos y ecuatorianos “en situaciones inhumanas, con malas condiciones de las viviendas y de alimentación. La justicia investigó la documentación, como los pasaportes y no encontró irregularidades. Pero, en definitiva, entendemos la necesidad de investigar la forma en que ingresaron al país y sus condiciones de residencia”.
Una Fiscalía especializada
El sindicato sostiene un histórico reclamo para la creación de una Fiscalía especializada en accidentes y siniestros laborales y que las investigaciones se realicen de oficio sobre muertes y lesiones graves, para agilizar el proceso judicial.
Ferreira comparó que “para que la fiscalía de Paysandú llegara a esta conclusión, le llevó un trabajo de un año y medio aproximadamente. Eso refuerza nuestro planteo de la necesidad de una fiscalía especializada para dar celeridad a la investigación y que pueda actuar de oficio. Pueden haber cientos de casos de incumplimiento a la Ley de Responsabilidad Empresarial, que si el Sunca no denuncia, la justicia no se entera”.
Concluyó que “este es un ejemplo concreto sobre el reclamo de una fiscalía, tal como existe para otro tipo de delitos, y que le permita tener una presencia en los lugares de trabajo para que se cumpla con la normativa de cada sector”.
La empresa
En enero del año pasado –y al día siguiente de la publicación de la denuncia del sindicato en EL TELEGRAFO– en un comunicado emitido por China Machinery Engineering Corporation, rechazaba “enfáticamente cualquier denuncia o acusación sobre condiciones de trabajo forzoso en la obra. La empresa cumple con la normativa vigente en Uruguay y mantiene su firme compromiso de atender a los estándares de calidad exigidos en el contrato de adjudicación de obra”.
Entonces, definía la obra “de alta complejidad” y, por tanto, “debida y permanentemente fiscalizada por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de los principales organismos promotores de la obra, quienes velan por el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Explicaba que, “como responsable de la obra ha mantenido un relacionamiento permanente fluido y respetuoso con el sindicato desde el inicio, lo que permitió alcanzar numerosos acuerdos destinados a mejorar las condiciones de trabajo en todos los frentes de obra”.
CMEC, filial principal de Sinomach, “se encuentra entre las 500 empresas más importantes del mundo” y “está comprometida con el desarrollo y la continuidad de los trabajos en el marco de un esquema de relaciones laborales basadas en el diálogo y entendimientos que aseguren el respeto más amplio de los derechos de todas las partes en la obra”, rezaba el comunicado.
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