Más recaudación, pero ¿cuando se va a cuidar el gasto?

Tras largos cabildeos, procesamientos de datos e instancias de diálogo internas, el equipo económico de gobierno llegó a una definición en la estructura básica del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, que contiene, como es norma, un análisis e información sobre cómo se han ejecutado los gastos e inversiones en el período, así como la proyección de los mismos parámetros para continuar su gestión.
Puede decirse, sin temor a equívocos, que no cabía esperar elementos muy diferentes a los presentados esquemáticamente y los que han trascendido, porque responden a la continuidad de la tarea gubernamental que se ha venido desarrollando durante los tres gobiernos de izquierda, con matices en cada administración. Pero dentro de ciertas prioridades que más allá de la línea de trabajo, sobre todo han cedido a presiones de grupos corporativos que lejos de resignar una porción de la torta, han logrado que no se toquen sus beneficios e incluso incrementarlos, aún a costa del resto de los uruguayos, que son los que pagan estos gastos adicionales sin retorno.
En campaña electoral el gobierno había dicho que no subiría impuestos, pero trajo a la mesa de esta Rendición decisiones como aumentar la tasa consular para bienes importados y gravar los juegos de azar para mantener el equilibrio fiscal y otorgar más recursos para la educación. Estos aspectos fueron delineados por el ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, en conferencia de prensa realizada luego de la reunión con la bancada de senadores y diputados del oficialismo.
Haciendo un repaso de la historia cercana, debe tenerse presente que ante el elevado déficit fiscal, primero se cambió la forma de liquidar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y luego se incrementó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para salarios superiores a los $ 50.100.
“No es el camino que hubiéramos preferido seguir, pero es lo que marca la realidad, y sobre todo las restricciones en gastos e ingresos”, señaló Astori en la reciente conferencia de prensa que ofreció junto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, para dar a conocer estos elementos.
Astori señaló que se trató de evitar impuestos a las personas y a la actividad económica: “Estamos haciendo esta propuesta que no nos gusta, pero es necesario para mantener el equilibrio fiscal”, reflexionó.
En resumen, la Rendición de Cuentas 2018 supone un incremento de gastos de 172 millones de dólares, de los cuales 100 millones fueron diferidos el año pasado y aprobados por el Parlamento en 2016. La educación recibirá un aumento de U$S 62 millones, que se suman a los 46 millones ya previstos, lo que totaliza 108 millones de dólares, que se destinan a incrementos salariales.
De los U$S 172 millones de incremento, 112 necesitan financiación extra mediante el impuesto a los juegos de azar, la aplicación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a las utilidades de la Banca de Quinielas y el aumento de la tasa consular que se cobrará de forma transitoria hasta el 2020. Este tributo aumenta tres puntos para las importaciones extra Mercosur y un punto para los países del bloque. Astori aseguró que la medida no alcanza los bienes del capital, petróleo o servicios.
Dijo también que de todas formas, aunque se encarecen las importaciones, “el efecto que puede tener el impuesto a importaciones, además de muy pequeño, tiene la compensación del abaratamiento del tipo de cambio en el país. Si nosotros tuviéramos el más mínimo indicio de que esto puede perjudicar a la producción, no lo haríamos, sin duda. Estamos absolutamente seguros de que no va a tener efectos negativos”.
Pero el punto es que igualmente se adoptó, a despecho de una marcha atrás en la apertura comercial que se pregona, y ello se hizo porque se ha “rascado” en todos lados para seguir aumentando el presupuesto, que parece no tener límites. Paralelamente el Poder Ejecutivo anunció que se vendieron bonos en moneda nacional por unos mil doscientos millones de dólares para tomar nuevo endeudamiento, y por lo tanto un compromiso que deberá pagarse por las futuras generaciones.
La búsqueda de más recursos por endeudamiento sin dudas obedece a que es preciso hacer frente a gastos que tienen que ver con costos fijos muy importantes, que se adoptaron en período de vacas gordas por los altos precios internacionales de las materias primas como si este escenario fuera a durar toda la vida.
“Tenemos un problema fiscal. Es absolutamente claro que es nuestro principal motivo de preocupación”, reconoció Astori. En 2017 se piensa llevar al déficit a 3,3% del PBI, en 2018 la meta será 2,9%, para llegar al final del período al 2,5% del PBI, de acuerdo a las estimaciones optimistas del equipo económico.
El crecimiento del gasto en jubilaciones (U$S 100 millones) y del déficit de la Caja Militar hace necesaria la aprobación del impuesto a las jubilaciones del sector, dijo el ministro a la bancada.
Más allá de números y prioridades, surge claramente que en el área de la educación se definen incrementos salariales sin la contrapartida de resultados, por lo que se está lejos de tender a revertir el proceso de deterioro que se registra ya desde hace años en esta área, y solo se vuelca más dinero para acallar reclamos, que igualmente seguirán existiendo indefinidamente.
Y sobre todo, mientras se han buscado fuentes de recaudación por todos lados, no se ha puesto énfasis en una mejor gestión de los dineros públicos, en los resultados a obtener sobre el dinero que se destina masivamente a sectores en los que se gasta alegremente como si fuesen bienes de difunto, porque igualmente, los recursos van a aparecer –se detraen compulsivamente– desde los sectores privados de la economía, que generan la riqueza.
Es decir que está pendiente, como desde hace tanto tiempo, la contrapartida del Estado en limitarse en los gastos y buscar la eficiencia de la gestión.
Esta gestión es piedra angular para todo gobierno, en tanto administra recursos que aportamos todos los uruguayos. Los que precisamente pagamos los salarios a los jerarcas y todos los funcionarios públicos, aunque la realidad desmienta la teoría.