Con una sensación de déjà vu

El 19 de diciembre de 2016 se paralizó la petroquímica Carboclor, ubicada en la localidad bonaerense de Campana, cuyo paquete accionario pertenece en un 74% a Ancap (el resto corresponde a inversionistas que operan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires) –adquirida a través de la firma Ancsol en el año 2000–, ante un fuerte desmoronamiento de sus acciones y las deudas bancarias que ascendían a más de 300 millones de dólares.
La empresa se había fundado a finales de la década de 1960 y se dedicaba principalmente a la producción de solventes y negocios logísticos, con decenas de trabajadores que tomaron vacaciones forzosas y más de un centenar de despidos que se constataron en los últimos meses. El mayor negocio de Ancap en Argentina tuvo décadas de ganancias multimillonarias, pero los últimos balances arrojaron pérdidas sustanciosas y a las malas decisiones empresariales se sumaron los vaivenes del mercado argentino. Las fuertes regulaciones del gobierno kirchnerista, sumadas a los cambios en las reglas de juego de las políticas energéticas, prohibieron la comercialización de algunos productos industriales, como por ejemplo el MTBE, que es un componente de alto octanaje que elabora naftas sin plomo.
Ante una situación imposible de revertir, el gobierno uruguayo resolvió su cierre y “concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria”, según reza el comunicado final de la empresa, cuya área nuclea a unos treinta operarios.
Sin embargo, el panorama se oscureció con el cambio de las administraciones, porque el expresidente de Ancap, Daniel Martínez, reconoció que Carboclor fue un “excelente negocio” para el ente petrolero uruguayo. De hecho, Ancap rechazó ofertas en 2007 porque consideraba que la firma argentina tenía un “valor estratégico” y se convertía en la única empresa con un puerto propio en ambos márgenes del Plata, con operaciones calculadas en 100 millones de dólares.
Para tener una idea del valor empresarial de la petroquímica propiedad de Ancap, hay que recordar que, por ese entonces, se empezó a negociar su venta a través de José Luis Manzano –exministro de Interior del gobierno de Carlos Menem acusado de corrupción– con propuestas que rondaban los 70 millones de dólares. Finalmente se abandonaron las transacciones ante denuncias parlamentarias por falta de licitaciones y llamados internacionales de precios.
Seguidamente, Ancap tuvo que acordar con Pdvsa el cierre de una red de estaciones de servicio que nunca dieron ganancias, con la inyección de millones de dólares enmarcado en un negocio efectuado a finales de la década de 1990 bajo el nombre Sol Petróleo, durante el pleno proceso de ampliación de la refinería de La Teja. Con el paso de los años, la contracción de la demanda interna, la caída de los precios internacionales y el porcentaje de etanol en el corte de las naftas presionaron también a Carboclor, que no mostró signos de recuperación y su producción empezó a decaer, con una pronunciada disminución del ingreso de las materias primas en Campana. Es decir que, nuevamente, el Mercosur no sirvió para cambiar el escenario en el mercado de los combustibles, aunque todos sus integrantes estaban de acuerdo con las necesarias transformaciones.
Es así como Carboclor se presentó a concurso preventivo de acreedores a finales de 2016 ante el Ministerio de Trabajo argentino y en mayo su directorio resolvió el cierre de las dos plantas de solventes, con el desembolso de unos 5 millones de dólares para el pago de despidos de 137 empleados.
Con dicho procedimiento, la empresa se aseguraba la facultad de desvincularse de trabajadores con el pago de la indemnizaciones que equivalen a la mitad de lo que corresponde por las leyes bajo condiciones normales. Es decir que, si parafraseamos una máxima utilizada por el Pit Cnt, a esta crisis “nuevamente la pagaron los trabajadores”. Sin embargo, habrá que esperar por las reacciones de los despedidos que, en caso de impugnación favorable a sus intereses, Ancap tendría que realizar una nueva capitalización.
En el período comprendido entre 2003 y 2017, la petroquímica lleva una pérdida acumulada de 45 millones de dólares, olvidada por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, cuando decidió comenzar a hablar acerca de su desempeño al frente de la empresa pública y hacia la interna partidaria, que ha resultado más lapidaria que la propia oposición.
“La única empresa que da pérdida en Ancap es el cemento”, dijo a la periodista Blanca Rodríguez, en Canal 10, pero el resumen de los resultados negativos se extiende –además de la empresa instalada en Campana– a Alcoholes del Uruguay, CABA S.A., Gas Sayago y no ha publicado los registros contables de Ancsol, entre otras. Por eso, esta sensación de déjà vu o historia ya conocida del Estado como empresario es protagonizada por sus trabajadores y familias que a fines de julio pasado fueron desalojados por unos 500 efectivos de la Infantería bonaerense, tras la ocupación de las instalaciones de la planta. El sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas divulgó una solicitada donde reclama a la empresa que “violó todas las leyes” y consideró que los despidos son “ilegales”, ante “el silencio cómplice del Ministerio de Trabajo”.
“Otra vez la Justicia y el brazo armado de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires son manipulados en favor de los poderosos empresarios que aún sin razón se obstinan en someter inescrupulosamente a los trabajadores”, finaliza el documento impreso en los principales diarios de circulación provincial.