Mientras algunos gobernantes latinoamericanos ingresan a las cárceles con el avance los juicios por el caso Odebrecht –una investigación de EE.UU. contra la constructora brasileña, en la que detalla el pago de coimas a funcionarios de gobiernos de una docena de países–, otros esperan que el Congreso los salve de su destitución, como podría llegar a ocurrir el próximo jueves en Perú contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así, como la suerte del mandatario está echada, cabe recordar que por la misma causa el expresidente Ollanta Humala está en prisión preventiva y Alejandro Toledo es buscado por la Justicia.
Por Ecuador marchó a prisión el vicepresidente, Jorge Glas, y en Brasil, el caso ha dejado a más víctimas, pero en un capítulo que desveló el mayor acto de corrupción –al menos de la historia moderna brasileña–, porque con el Lava Jato se descubrieron sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener sustanciosas licitaciones en Petrobras.
El expresidente Lula da Silva se desvive por demostrar su inocencia, pero la Justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para la edificación de su instituto en San Pablo y si le ofreció un apartamento a su familia. También recibió una condena de nueve años y medio por aceptar un lujoso tríplex en un balneario y ahora, en una segunda instancia judicial, se confirmará si va a prisión y queda fuera de las próximas elecciones presidenciales.
Mientras tanto, el director de la empresa en cuestión, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 20 años de cárcel, que se redujeron a 10, y el martes próximo pasará a cumplir prisión domiciliaria por colaborar con la Justicia. El empresario delató a ocho ministros del presidente Michel Temer, un tercio del Senado y 40 diputados.
Nicolás Maduro no fue sometido a juicio porque la justicia partidista que impera en su país descartó una investigación, donde acusa a la constructora del desembolso de 98 millones de dólares en coimas. En Panamá, están involucrados dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, tres ministros y el exdirector general de Pemex. En Argentina, el exnovio de la diva Susana Giménez, Jorge “Corcho” Rodríguez, recibió casi 11 millones de dólares desde una offshore armada en Uruguay como pago de coimas que venían de la multinacional brasileña y por otro lado, el gigante de la construcción pagó subcontratistas, con fondos oscuros, para efectuar el soterramiento del tren de Sarmiento, que comenzó en tiempos de Néstor Kirchner. En Uruguay, la conexión pasó por el exresponsable de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Andrés Norberto ‘Betingo’ Sanguinetti.
Por aquellos lares, estimaron que el papel del uruguayo fue clave para el desembolso de comisiones con la “construcción de entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, señalan las investigaciones. Incluso la policía andorrana describe, en un documento solicitado por el juez que investiga la influencia de Odebrecht en el Principado, que Sanguinetti “era perfecto conocedor de las operaciones que se efectuaban”. Aún la clave “Uruguay” en este entramado de corrupción no se ha descifrado, pero la investigación del Departamento de Estado de EE.UU. calcula que la firma transfirió unos 17 millones de dólares a una sociedad vinculada con una casa de cambio y otros valores parecidos a empresas creadas para el blanqueo de capitales, desde algún lugar de la Ciudad Vieja.
Incluso estiman que un millón de dólares (de un total de 14 millones de la divisa estadounidense) que recibió Glas entre 2012 y 2016 se pagó desde una empresa uruguaya, que tenía una cuenta en un banco austríaco. Claro que a Glas no lo hundió ningún uruguayo, sino el exsuperintendente de la constructora en Ecuador, José Conceiçao Santos. En medio de estos cuestionamientos se encuentra Petrobras, que es investigada a raíz de la adquisición de Gaseba y Conecta, al tiempo que el ente petrolero brasileño anunció que el año próximo comenzará un laudo arbitral en Uruguay por las pérdidas ocasionadas con dicha compra.
Los tentáculos de la corrupción se extendieron hasta uno de los promotores del juicio político y posterior destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, tras cobrar una coima por encima de 1,5 millones de dólares. De acuerdo con las investigaciones, una parte de ese dinero resultó blanqueado en Suiza por una sociedad anónima que abrió un abogado desde un estudio en Uruguay y hoy se encuentra investigado por las consecuencias del caso Lava Jato en nuestro país junto con otro asesor legal, dos corredores de bolsa uruguayos y dos cambistas brasileños.
Por eso, mientras leemos en las noticias internacionales que las ramificaciones de la trama Odebrecht parecen no tener fin, debemos cuestionarnos cuánto alcance y responsabilidad tuvo Uruguay, que recibía fondos por blanqueo de capitales desde diversos puntos de continente, pero principalmente de Brasil y Argentina.
Los papeles secretos del mayor escándalo latinoamericano hicieron palanca en Montevideo para retener coimas, que se recibían desde distintos gobiernos. Pero la trama se vuelve difusa ante el periplo que cumplía el dinero, con escalas y negociados en varios países, como Colombia, Chile, Panamá o México. Es decir que el alcance de su poder era inmedible y sus resultados, impredecibles; aunque varias piezas caen de a poco y demuestran que la corrupción no se sostiene en el tiempo.
Y como todo final tuvo un comienzo, cuando una de estas transacciones llegó al West Fargo, de Estados Unidos, entonces empezó la investigación del FBI y la confesión de los directivos de la multinacional brasileña, que fue nombrándolos de a uno. En Uruguay –hasta el momento– solo Sanguinetti tuvo que concurrir a la justicia internacional por este macrocaso y mientras los responsables de uno de los mayores desfalcos de la historia marchan presos en otros países, en Uruguay aún gozan de fama, porque son bufetes prestigiosos que se manejan con total impunidad.
La clave uruguaya en el entramado Odebrecht
