Ya basta

El 21 de noviembre de 2008, el entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro reconocía que las excusas para enfrentar la inseguridad ciudadana eran una forma de “eludir el toro que no queremos agarrar por las guampas”. En una columna escrita en La República bajo el título “Ya basta”, enumeraba que “la culpa” era adjudicada a un cuadro de fútbol, al estado de las canchas, a la ministra que ejercía en aquel momento la titularidad de la cartera de Interior, Daisy Tourné, los rapiñeros, los almaceneros, la pasta base, las cárceles, la cumbia villera, el Mides, la Colonia Berro, la violencia por televisión y un sin fin de protagonistas de nuestra sociedad, donde se puede encontrar hasta el nombre de Marcelo Tinelli.
Sin embargo, destacaba que la exministra le solicitaba a la población que se desarmara, no importaba si era una “sensación o si es inseguridad lisa y llana”. Definía que, hace una década, era “un gravísimo problema” que los delincuentes no iban a aceptar para ellos.
De acuerdo con Fernández Huidobro, la propuesta de la ministra “sería buena” si viniera acompañada por una Policía con muy buenos sueldos, “digamos de nivel bancario”, armamento, vehículos, ropa, tecnología y “mucho más numerosa”.
También reconocía que para que eso ocurriese, ninguna corporación ni persona pagaría los impuestos acordes al reclamo efectuado y en caso de reprimir “como es debido, levantará de inmediato un inmenso coro de las más variopintas fuentes”.
Según el exlegislador, “nadie quiere soportar ‘costos políticos’”, menos “un mando medio, y mucho menos uno de más arriba”.
Tamaño acto de sinceramiento, hace diez años, se completaba con un autoanálisis de la fuerza política que integró toda su vida: “desde la oposición criticamos siempre, implacablemente, toda represión”. No obstante, “con extrañísima esquizofrenia aplaudíamos toda represión, hasta las más infames, provenientes de gobiernos autodeclarados de izquierda”. Cualquier parecido con las últimas realidades vividas en Venezuela y otros cercanos, ya no resultan una coincidencia. Por eso criticaba a Tourné, quien pedía a la población que se desarmara, mientras por aquellos años se observaba un incremento sostenido de los hechos delictivos. Y como no podemos juzgar a Fernández Huidobro como una figura opositora a la izquierda, sino como un exdirigente con luces y sombras –al igual que todos los que pasaron por la historia de la política uruguaya, salvo que arremetan con el discurso políticamente correcto– no dejan de sorprender algunas conclusiones.
Según el exministro, “no hay más remedio por ahora que armarse. Porque cuando el Estado falla; cuando falta; cuando resigna porque no tiene más remedio; o cuando es superado, la ciudadanía tiene pleno derecho a defenderse”. Reconocía llanamente –a pesar de que hoy vale un Perú que otros lo hagan– que las comunidades atraviesan por cambios sociales “nunca vistos hasta ahora” y que debía impedirse que Uruguay se transformara en un “Estado Fallido”, para evitar ejemplos como México o Colombia. También en este párrafo, cualquier parecido con las últimas declaraciones de un jerarca policial, resultan una brutal sincronía.
En los días siguientes, varios legisladores admitían que usaban armas y otros pensaban en adquirirlas. Pero tal verdad, planteada así al desnudo, dejó por el camino algunas reflexiones comparativas con una región que vive realidades similares y nadie explicó si la cantidad de armas en manos de civiles ayudó a bajar la delincuencia.
En los últimos días se supo que aumentan los vecinos de Toledo que resolvieron patrullar las calles, mientras explican que están hartos de la violencia de la delincuencia y el incremento de los asaltos a mano armada.
Al tiempo que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, exige a los residentes de esa zona que suspendan el patrullaje vecinal y argumenta que “está mal” porque “no es recomendable”, se suman nuevos asistentes a la “ronda vecinal”. O como la exministra Tourné, cuando solicitaba el desarme y se minimizaba el discurso que, por supuesto, se atribuía a la “manija” de los medios de comunicación.
Mientras se escucha el exhorto oficialista, los vecinos ven resultados y aseguran que ya no se registran rapiñas en la tarde e incluso recaban datos para entregar a la Policía que ayude a aclarar algunos ilícitos. Ingresan a la totalidad de los barrios existentes en Toledo sin armas de fuego y con la mira puesta en arrestos ciudadanos.
En tanto las autoridades alertan desde siempre –hace 10 años y ahora– sobre la peligrosidad de las armas, es innegable que se incrementan los sistemas de seguridad, basados en mejores tecnologías. Y aunque no hace falta rigor científico para comprobarlo, alcanza con transitar la ciudad para ver más rejas al frente de los hogares, cámaras de seguridad o cercas electrificadas.
Paralelamente se amplía la venta de elementos de autoprotección como gas paralizante o picanas y la contratación de servicios de monitoreo y alarmas. En todo caso, los testimonios son claros y no apelan a la difusión repetida en los medios comunicación como un factor generador de miedo, sino a las experiencias personales de robos o rapiñas. Y en cualquier esquema, siempre resaltan que a pesar de las lesiones recibidas o el perjuicio patrimonial, preservaron la vida.
Aunque el resultado final de los patrullajes vecinales –en cualquier zona del país– sea incierto en caso de enfrentarse al narcotráfico, es una demostración clara del fracaso de las políticas de seguridad y de la lentitud en las reacciones. Porque no es responsabilidad de los habitantes de un país hacerse cargo de la seguridad interna, y porque hubo mucho tiempo perdido en echar culpas, tal como lo declaraba Fernández Huidobro hace una década. El problema es que si algo pasara en el patrullaje, el “costo político” que mencionaba el exministro será difícil de resolver; porque aquí –como en otros casos– sobran los argumentos para decir “ya basta”.