(EL OBSERVADOR)
El directorio del Partido Nacional enviará a su Comisión de Ética, el caso que involucra al edil de Maldonado Rodrigo Blás quien usó su inmobiliaria, Blás Propiedades, para evadir parte de los impuestos que correspondían a la venta de terrenos de la empresa de la que él mismo es apoderado, Javipark SA, por lo que la DGI lo sancionó con una multa de US$ 1,9 millones, correspondiente a cuatro veces el monto evadido.
La presidenta del directorio, Beatriz Argimón, propondrá este lunes al órgano de dirección de la fuerza política que los antecedentes de Blás se entreguen a la comisión de ética para ser investigados. “La comisión se encargará de reunir material, hacer una evaluación y aconsejar al directorio sobre qué medida se debería tomar”, dijo Argimón a El Observador.
Blás, principal dirigente de Luis Lacalle Pou en el departamento, presentó un recurso contra la multa. Sin embargo, el líder del sector Todos indicó que el caso “debe ir a la comisión de ética del partido”. Ya lo hablé con la presidenta y con él”, señaló a El Observador. Respecto a las posibles medidas a adoptar, Argimón sostuvo que se decidirá a partir del informe, por lo que no se llevará a cabo ninguna medida en esa la evaluación.
En la resolución emitida el 6 de julio por la Dirección de Rentas, se responsabiliza a Blás “por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación”, según publicó el semanario Brecha. A su vez, la DGI sancionó al empresario por colaborar en la maniobra de Blás a su esposa; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, a Darwin Correa, edil nacionalista; y a dos escribanas que son funcionarias municipales.
El organismo de contralor impositivo constató que los profesionales mencionados evadieron cerca de US$ 500.000 correspondientes al pago de IRPF e IVA. Según lo establecido por la DGI, desde Javipark SA se utilizó la inmobiliaria Blás Propiedades para ingresar los inmuebles que se vendían, por un precio menor más allá de lo pactado entre las partes. Además, se entendió la existencia de un acuerdo extrajudicial donde se le solicitaba al comprador –a cambio de beneficios– mantener la reserva sobre el contenido real de las negociaciones. Un grupo de cuadernolas que se encontraban en la inmobiliaria del edil nacionalista y fueron incautadas durante la investigación, fueron claves para determinar el fraude ya que ahí estaban registrados los precios que se declaraban y los que se cobraron realmente. Las maniobras confirmadas se ejecutaron durante el período en que Blás era edil por la lista 23, entre 2011 y 2014.