Las políticas contra la pobreza que se han desarrollado en nuestro país, como así también por regla general, cuando se han instrumentado, han respondido a fundamentaciones ideológicas que varían entre el asistencialismo con buenas intenciones y/o propósitos electorales a fin de maquillar por un tiempo la realidad, y otros intentos paralelos, afines a la búsqueda de que los grupos más sumergidos desde el punto de vista socioeconómico encuentren alternativas para generarse mayores ingresos y crecer asimismo en la educación y la capacitación, por mencionar extremos.
En realidad, de lo que se trata es de que esta salida de la pobreza, cuando se logre, se fundamente en la sustentabilidad, y este es precisamente el eje de los fracasos que se han dado tanto en nuestro país como en el mundo cuando la izquierda ha llegado al poder, y se encaminan políticas asistencialistas que dependen de los recursos que el Estado detrae de los sectores reales de la economía, por lo que en realidad lo que se hace es festejar una ilusión que dura lo que un lirio.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza en personas se ubicó en torno a 9,8% en el segundo semestre de 2023, en el marco de la última evaluación formulada al respecto. Frente al segundo semestre del año anterior (9,1%) y de 2019 (9%), las variaciones se ubican dentro del margen de error. La misma conclusión se desprende al considerar la dinámica frente al primer semestre de 2023, cuando la estimación puntual fue 10,4%.
En términos anuales, la incidencia de la pobreza fue 10,1% (aproximadamente 348.000 personas), lo que implica que se mantuvo estable frente al año anterior (dado que la diferencia también se sitúa dentro del margen de error). No obstante, si se considera 2019 como punto de referencia, el incremento de la pobreza fue de 1,3 puntos porcentuales.
Al desagregar las cifras por grupos de edad, la pobreza entre los menores de seis años cerró el año en 20,1%, cuatro décimas por encima del nivel que tenía en 2022 (19,7%; estable en términos estadísticos) y 3,1 puntos porcentuales por arriba del registro correspondiente a 2019 (17%). En este último caso, el salto es relevante.
De esta manera, la pobreza en los niños duplica la medición para el promedio de la población, lo que revela que Uruguay, de acuerdo a datos de la Cepal, es el país con el perfil más infantilizado de pobreza de la región (no con la tasa mayor de pobreza infantil, pero sí con la diferencia más alta frente al promedio general). Además, la incidencia de la pobreza infantil es más de nueve veces mayor con relación al otro extremo de la distribución etaria (2,2% fue la incidencia en mayores de 65 años).
Por otra parte, la desagregación de la información según otros criterios evidencia también otro tipo de vulnerabilidades. La incidencia de la pobreza es mayor en hogares con referente femenino (8,8%) que en aquellos con referente masculino (4,8%), y es significativamente más alta para las personas que se autoidentifican de ascendencia afro/negra (19,5%).
Para contextualizar estos datos, corresponde señalar que el crecimiento acumulado de la economía fue de casi 3% entre 2019 y 2023. De hecho, la pobreza viene oscilando en torno a estos valores desde hace varios años.
También debe destacarse la intermitencia de entrar y salir del mercado de trabajo o de la formalidad, y los problemas conexos de inserción de esas personas, a la vez que es clave contar con políticas de empleo para combatir la pobreza, más allá de las transferencias desde el Estado,
En 2023, la economía creció 0,4%, en gran parte debido a la disminución en la producción agropecuaria provocada por la sequía. Se espera que el crecimiento de la economía se recupere en 2024, alcanzando el 3,2%, lo que por supuesto todavía está por verse. Dicho crecimiento estaría impulsado por las exportaciones y por el consumo privado, respaldado por mejoras en el mercado laboral y una inflación dentro del rango meta del Banco Central del Uruguay.
Sin embargo, en una mirada retrospectiva de más largo plazo, debe tenerse presente que el crecimiento ha experimentado una desaceleración desde 2015, en un contexto de normalización de los precios de los productos básicos (commodities), la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, y choques climáticos como la sequía severa que afectó al país entre octubre de 2022 y agosto de 2023. A pesar del contexto desfavorable, Uruguay mantuvo una gestión fiscal prudente anclada en la regla fiscal, y presenta los márgenes soberanos más bajos de la región, según el Banco Mundial.
A pesar de su estabilidad económica y social, persisten importantes disparidades, explicadas por limitaciones estructurales que dificultan el cierre de las brechas de desarrollo. Actualmente, según el banco, se estima que el 6% de la población vive en situación de pobreza, utilizando la línea internacional de pobreza de US$6,85 por persona por día, diferentes a los parámetros propios comparativos del INE para esta medición.
Es por supuesto muy difícil traducir en una estadística la dura realidad que enfrenta cada hogar que se encuentra bajo la línea de pobreza, cualquiera sea el contexto, pero de lo que se trata, en una visión macro, es de saber dónde se está parado para promover políticas que tengan en cuenta esta realidad y sobre todo generar consensos en el sistema político para llevar adelante políticas que se sostengan más allá de un período de gobierno, de forma que la continuidad lo haga sustentable.
Y este es el punto: es impensable, y va contra todo sentido común, que la política se limite a las transferencias de recursos desde el Estado, para encontrarse que cuando se terminan los recursos, como fue el caso tras el cierre del ciclo de bonanza por los altos precios de los commodities hasta 2015, ya el Estado no cuenta con el dinero que obtenían de la comunidad para sostener estas políticas voluntaristas.
La respuesta, como pie para la sustentabilidad de las políticas, debe ser la búsqueda de condiciones para crear más riqueza mediante inversiones de capitales de riego, con la consecuente creación de fuentes de empleo y reciclaje de recursos en el tramado socioeconómico. Ello permite desarrollar acciones dirigidas al autosustento de los grupos en esta situación, con creación de oportunidades laborales y el componente cultural de capacitación y educación, así como de promoción de hábitos de trabajo y salida de contextos culturales muy negativos para las nuevas generaciones.
Es decir, haciendo hincapié en el valor del esfuerzo y las capacidades del individuo para superar las adversidades, en lugar de promover la mano tendida para hacer del pobrismo una permanente fuente de votos para sustento electoral.
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