Más de 12.000 niños de entre 0 y 3 años se incorporaron a servicios públicos de educación y cuidados desde 2015

20180000/ Pablo La Rosa - adhoc FOTOS / Uruguay / Montevideo Tatiana Perez Gallo y Gustavo Retamoza hacen uso de el sistema del sistema de Becas de Inclusión Educativa generados en el Sistema Nacional de Cuidados. De esta forma Justin Retamoza de 7 meses se integra al caif de Florida. Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS

(PRESIDENCIA)
En casi tres años de implementación, el Sistema Nacional de Cuidados permitió el acceso de más de 12.000 niños de entre 0 y 3 años a los servicios de ANEP, INAU, Casas Comunitarias de Cuidados, espacios de cuidados y educación para hijos de estudiantes, además de centros de educación y cuidados coordinados con sindicatos y empresas, según informe del Sistema de Cuidados.
El INAU abrió desde 2015 unos 52 centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) y realizó ampliaciones edilicias en 73. Actualmente, el instituto llega con sus programas a más de 57.000 niños de todo el país y uno de los objetivos del Sistema de Cuidados a 2020 es garantizar la oferta universal para todos los niños de tres años con la incorporación de 8.000 cupos nuevos.
También se inauguraron cuatro Casas Comunitarias de Cuidados y otras nueve se abrirán en el segundo semestre de 2018. Este servicio de cuidados desde los 45 días de vida hasta los dos años, inclusive, se brinda por un cuidador en su hogar o en un espacio comunitario y está dirigido a quienes residen en territorios con insuficiencia en la oferta de servicios públicos de cuidados o donde no sean compatibles con el tiempo destinado al trabajo o estudio de las personas referentes. Están en funcionamiento cuatro espacios de cuidados y educación para hijos de estudiantes de los liceos de Young, también en Canelones, en Montevideo en el barrio Cerro y en Chuy. Estos centros tienen el objetivo de promover la corresponsabilidad de género en las tareas de educación y cuidados en la infancia, a través del apoyo a la trayectoria de estudiantes de enseñanza media con hijos de hasta cinco años. Asimismo, el Sistema Nacional de Cuidados inauguró seis centros de educación y cuidados en coordinación con sindicatos y empresas, en Tacuarembó, Salto, Florida, Paysandú, Canelones y Colonia, a los que asisten 229 niños.
El informe sostiene que casi 3.000 personas se formaron para la atención a la primera infancia en 2017, de las cuales 1.010 cursaron la formación básica en primera infancia y 456 están asistiendo actualmente, 75 personas se formaron para trabajar en Casas Comunitarias de Cuidados, mientras que la carrera de Maestro en Primera Infancia fue culminada por 1.766 personas. Se diseñó el portal primerainfancia.uy, que facilita a las familias información georreferenciada sobre las propuestas de los centros de cuidados y educación para la primera infancia, tanto públicos como privados. Al Sistema Nacional de Cuidados se puede acceder a través de su portal web www.sistemadecuidados.gub.uy, por el teléfono 0800 1811 o *1811 por celular de Antel.

CONMEMORARON MUERTE DE ESTUDIANTES

(EFE)
Se realizó una marcha en Montevideo para homenajear a los tres primeros mártires estudiantiles uruguayos: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos, asesinados en 1968.
“Nosotros conmemoramos esta fecha todos los años en el entendido de que es la mejor manera de conmemorar la muerte de tantos mártires, que son más de 40, asesinados por luchar en defensa de la educación pública”, aseguró a Efe el secretario de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Mauro Conti. Arce, estudiante de Odontología y militante de la FEUU, fue herido de muerte el 14 de agosto de 1968 por un grupo de policías en el marco de una marcha estudiantil. De esta manera se convirtió en el primer mártir estudiantil, aunque ese mismo año le siguieron De los Santos y Pintos.

CONDENADO A TRES AÑOS POR ABUSO SEXUAL

(EFE)
Un hombre de 60 años fue condenado a tres años de cárcel por abusar sexualmente de una joven discapacitada de 19 años en La Paloma, informaron fuentes policiales. Según expresó en un comunicado la Jefatura de Policía de Rocha, el abusador, que no presentaba antecedentes penales, también deberá realizar una “reparación patrimonial” para la víctima.
En tanto, el portal local La Paloma Hoy, publicó una carta que la madre de la joven envió a la comunidad de Testigos de Jehová a la que el hombre de iniciales C.R.M.S. pertenecía, donde asegura que él se volvió cercano a la familia gracias a que formaba parte de dicho grupo religioso. Además, el abusador conocía a la joven desde que era niña y solía cuidarla junto a su esposa, por lo que estaba en pleno conocimiento de las capacidades de la joven. En el texto la madre subrayó que luego de notar un cambio de humor y alejamiento en su hija, la llevó a realizarse estudios y allí los doctores constataron el abuso psicológico, físico y sexual que presentaba.
El hombre fue condenado por la Justicia por ser responsable de “reiterados delitos de abuso sexual agravados”.

PROMULGARON MODIFICACIONESSOBRE HOMICIDIO

(PRESIDENCIA)
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19645, que modifica los artículos 310, 310 bis y 312 del Código Penal. El texto añade como “circunstancia agravante muy especial” los homicidios contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz de o en relación con su ocupación. “El que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona será castigado con dos a doce años de penitenciaría”, determina el nuevo texto del artículo 310 del Código Penal, que sustituye al que indicaba prisión por entre veinte meses y doce años.
También se deroga el artículo 310 bis, que consideraba agravante especial del delito la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima, siempre que fuera cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de funciones, o en razón de su calidad de tal. Se sustituye por la modificación en el artículo 312, numeral 9, que determina como “circunstancia agravante muy especial” el hecho de que el delito sea ocasionado contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que “fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal”. En ese caso se aplicará la pena de penitenciaría de quince a treinta años.