Con la creación de una nueva fiscalía de homicidios y otra que atenderá los delitos sexuales, a once meses de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal, se demuestra en los hechos no solamente una explosión de los casos en Montevideo, sino que el personal asignado no daba abasto.
Y es que tampoco eran tantos. El único fiscal para los homicidios en Montevideo es Juan Gómez, que actúa junto a las adjuntas, Mariela Muniz y Alana Eccher, además de dos adscriptas, Andrea Graña y Natalia Colotuzzo. Son cinco técnicos que deben ocuparse de asesinatos, suicidios y algunos siniestros en la capital del país.
El Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior da cuenta de un incremento de 9,5% de los casos ocurridos en 2017 en comparación a 2016 y en el transcurso de este año contabiliza 304 casos, de los cuales 161 ocurrieron en Montevideo.
Por su parte, el Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas (Fundapro) –que responde al Partido Colorado– señala que en los primeros siete meses de 2018 fueron asesinadas 248 personas. Entre el 1º de enero y el 31 de julio hay 212 días, por lo tanto, un asesinato ocurre cada 20 horas. El informe define el hecho como un “récord histórico”.
Y si se contabilizaron 152 asesinatos entre enero y julio del año pasado, entonces es un 63% de aumento con respecto al período anterior. Incluso en el Interior, se contabilizaron 61 homicidios en 2017 y 116 en el mismo período considerado entre enero y julio. Eso es un aumento del 90%.
La mayor cantidad de casos ocurrió en Canelones (34), seguido por Maldonado (16), Rivera (9) y Salto (8). En mayo hubo más muertes vinculadas al crimen y la cifra se disparó a 43, pero en promedio se contabilizan 35 asesinatos mensuales o más de uno por día.
Si se considera el año móvil de julio 2017 a julio 2018, se confirmaron 379 homicidios o una tasa de 11 cada 100.000 habitantes. O para tener una idea comparativa: Nueva York –donde viven más de 8,5 millones de personas– cerró el año 2017 con una tasa de homicidios de 3,4 cada 100.000 habitantes.
Y aunque debemos compararnos con nosotros mismos, la realidad desbordó cualquier reflexión ante un aumento de la criminalidad que, ciertamente, no estaba incluido en los cálculos iniciales del nuevo código.
La fuerte carga de estrés y la necesidad de estar presente en la escena del crimen, empujaron a la decisión de crear una nueva fiscalía. Gómez decía en todas las entrevistas que este delito iba en franco crecimiento, con la aparición de casos de sicariato y un nuevo perfil en el escenario delictivo. Sin embargo, ocurrió como siempre: primero se cambia un sistema y luego se definen los recursos. Ahora esperan que la Rendición de Cuentas defina la contratación de 40 abogados que apoyarán la labor de los fiscales.
Paralelamente, de acuerdo al último informe del Ministerio del Interior, el total de homicidios no aclarados es de 50,5% y aclarados de 49,5%, entre el 1º de enero y el 30 de junio. Las edades de las víctimas tampoco son datos menores, si se tiene en cuenta que en el 77% de los casos tenían entre 18 y 28 años y el 62% entre 29 y 38 años. O que en la mayoría de los casos (58%), la víctima no tenía antecedentes penales. Es una realidad que echa por tierra el argumento basado en los casos de ajustes de cuentas entre criminales para explicar, casi siempre, el origen de este incremento.
A pesar del “efecto noviembre”, definido por el ministro Eduardo Bonomi para aclarar sobre los aumentos de los delitos a partir de la puesta en práctica del nuevo código, el equipo conformado por cuatro personas que lidera un fiscal se encuentra con una sobrecarga de trabajo que resulta obvia. Como sea, pasó casi un año y la labor extenuante del fiscal no provocó una reacción temprana de quienes deben tomar decisiones. Porque si hay una naturalización de la violencia, entonces empecemos a contarla desde arriba. Y no es menos cierto que los medios de comunicación se hicieron eco de la protesta ciudadana porque las vías de comunicación oficialista hacen agua por todos lados.
Para tener una idea, el Ministerio del Interior gasta $500.000 por mes en Unicom, la unidad de Comunicación ministerial. Sin embargo, a mediados de junio, su director informó a través de un blog personal sobre el incremento de la violencia bajo el título “Ultraviolentos”.
Allí se refería a los “datos objetivos” que confirmaban “una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro” y anunciaba que “este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia”. Hubiese sido un gran título para la web ministerial, pero sería políticamente incorrecto.
Cualquiera puede informarse a través del canal ministerial en Youtube. Allí encontrará acciones diarias, inauguraciones varias, algo de droga y narcotráfico. Pero los homicidios son prácticamente inexistentes. La fuerza política siempre se ha quejado que “no comunica bien” sus logros. Es bueno recordar que hasta hace unos meses se contabilizaban 925 periodistas dentro del Estado. Y si no ingresó ninguno más, igual hablamos de casi mil personas que ganan un sueldo para informar sobre lo que hace el organismo donde se encuentran empleadas. Pero, si los datos cruciales y que lideran el interés ciudadano como es la inseguridad figuran en un blog personal y desde allí se difunden, la gran pregunta es para qué existen tantos comunicadores para una función que una persona realiza a través de una red social.
Es preocupante para la opinión pública –y negativo para la propia fuerza política– que no se desglosen los datos crudos porque allí veríamos con mayor claridad dónde ocurren la mayoría de los asesinatos. Pero eso pasa una vez al año, cuando se dan a conocer las cifras globales correspondientes al año anterior.
Hasta ahora, y bajo estas formas de comunicación, el delito –sobre todo los asesinatos– seguirán naturalizados y conformarán una compleja trama de difusión oficialista. Por eso, los medios de comunicación o “el mayor partido opositor”, al decir de Bonomi, seguirán en lo suyo.
La trama compleja de comunicar el delito
