Ante las dificultades que aparecen para su próxima instrumentación, el senador Jorge Larrañaga, junto al diputado Nicolás Olivera, solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) una prórroga en la aplicación de la guía de carga electrónica (Sictrac).
A través de una nota dirigida al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, Larrañaga y Olivera plantearon la necesidad de analizar la inminente puesta en práctica del Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas, solicitando una prórroga en su aplicación, prevista para el próximo 18 de febrero.
En la nota, los legisladores de Alianza Nacional señalaron el impacto que la medida supone para el sector, donde además se da la particularidad de que sólo una empresa cuenta con la habilitación para prestar el servicio de información y control a través de dispositivos electrónicos.
Al respecto, la nota expresa que “es pertinente atender a dicha situación, solicitando en tal sentido una prórroga de los plazos de exigibilidad del sistema”.
Teniendo en cuenta la proximidad de las fechas, tanto el senador Larrañaga como el diputado Olivera entendieron oportuno y necesario anticipar cualquier efecto adverso o privilegio que pueda suponer un riesgo para el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector, o que implique distorsionar el mercado regulado por el principio de la libre competencia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 18.159 (Defensa y Promoción de la Libre Competencia).
En definitiva, plantearon la conveniencia de considerar estos extremos, permitiendo que los sujetos obligados y todas las empresas interesadas en prestar el servicio puedan llegar en igualdad de condiciones a la implementación del nuevo sistema, sin arriesgar la pérdida de fuentes laborales o exclusiones del mercado.
Además de la postura de los legisladores nacionalistas, han surgido inquietudes sobre este tema desde el agro, habida cuenta de que en este ámbito también se plantea el cuestionamiento al Sistema Integrado de Control de Transporte de Carga por considerar que es una medida “con fines únicamente recaudatorios” y que podría afectar al sector productivo del país.
En este sentido, voceros del movimiento Un Solo Uruguay dijeron que el Sictrac consiste en la colocación de un chip en los vehículos pesados que servirá para el control de los movimientos y facturación, lo que tendrá un costo importante que los pequeños transportistas no pueden cubrir.
El valor es de $15.000 por año en mantenimiento, más la colocación del sistema, que tiene un costo más elevado, lo que resulta oneroso para los empresarios más pequeños.
Cuestionaron asimismo integrantes del grupo las políticas de control que ejerce el Estado y su proyección negativa por mayores costos para el sector productivo, sin aportar beneficio alguno, a la vez de destacar que existen otros mecanismos, como las balanzas, que permiten que el Estado controle a los camiones de carga.
