Un hombre de 34 años fue enviado a prisión luego que su hija denunciara la tenía como “pareja” y la obligaba a mantener relaciones sexuales.
De acuerdo con información recogida por EL TELEGRAFO, la madre de la víctima (ahora de 16 años) se presentó en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género y denunció que el depravado había abusado de la adolescente cuando tenía 13 años. Los hechos ocurrieron cuando la menor vivió en el domicilio de su progenitor, ya que sus responsables legales estaban separados. Narró que su padre comenzó a ser cada vez más posesivo, no le gustaba que tuviera amigos y armó una estrategia para que tanto la madre como la abuela no la aceptaran de vuelta, hablándoles mal de su comportamiento.
Los abusos empezaron cuando el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y la obligaba a ser su pareja. Tan así que, además de someterla sexualmente, le indicaba que al llegar del liceo debía cocinar, ordenar la casa y estar con él. Además de hacerla andar desnuda dentro de la casa y revisar su celular insistentemente.
El hombre –en su declaración ante la Fiscalía– negó las acusaciones. Pero luego de reunida más evidencia –entre ellas el relato de la menor en cámara Gesell y pericias psicológicas– terminó por admitir los abusos.
Llevado a la Justicia, luego de alcanzar un acuerdo para tramitar un juicio abreviado con la Fiscalía, H.D.DLS.M fue condenado como autor de reiterados delitos de violación, por lo que se le impuso la pena de 2 años de prisión efectiva; 4 meses de libertad vigilada consistente en arresto domiciliario en horas nocturnas (de 20 a 7); y 4 meses de presentación ante la comisaría de su domicilio. Asimismo, se le prohibió todo contacto, relación y comunicación de cualquier tipo con su expareja e hija por el plazo de 8 meses, y no acercarse a una distancia menor a 100 metros al domicilio, lugar de estudio o trabajo de las mismas por igual plazo. También se dispuso la pérdida de su patria potestad, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por el plazo de 10 años.