El déficit fiscal volvió al 4,8% del Producto Bruto Interno, según informó a principios de este mes el Ministerio de Economía, y se mantiene en el peor nivel de los últimos 30 años. El resultado de las cuentas públicas empeoran y si bien Uruguay registró una menor recaudación de la DGI en los últimos meses; las empresas públicas mejoraron sus resultados.
Sin embargo, el déficit preocupa porque es la condición fundamental para mantener el grado inversor y esta característica define menores tasas de interés para gestionar sus créditos ante los organismos multilaterales. Las medidas impuestas por el gobierno, tales como el tarifazo a comienzos de este año o “el espacio fiscal igual a cero”, anunciado por el ministro de Economía Danilo Astori, no alcanzaron para su freno, sino todo lo contrario.
Tampoco sirvió el “aumento acotado del gasto”, dispuesto en la última Rendición de Cuentas, la resolución de no reponer vacantes en el Estado, la revisión de gastos o el tope presupuestal en organismos estatales. Igualmente, el déficit trepó y las medidas no alcanzaron, a pesar del viraje en su discurso. Porque el ministro nunca habló de ajuste, sino de “consolidación” fiscal para explicar las razones que lo llevaban a subir los impuestos. Pero siempre, echando mano a las tarifas públicas de los entes autónomos, como una variable de ajuste que no le dio resultado en el último período. No obstante, él insistía.
Con la última rendición, el gobierno proyectaba un déficit de 2,8% y alcanzar la meta, el próximo año, del 2,5%. Pero nada de esto cumplirá, sino que probablemente el déficit llegue al 5% al final de este año.
En realidad, sus consecuencias son previsibles y notorias. Nadie puede negar un descenso en la actividad comercial, una situación delicada en el ámbito del trabajo y su afectación en los puestos laborales, además de un descenso en las inversiones. Los problemas de competitividad y rentabilidad, también presionan en el crecimiento de la economía. Porque el Estado sigue gastando igual y mal, a pesar de una situación deprimida que se reitera en los últimos meses y porque, además, debe enfrentar sus compromisos internacionales con el pago de la deuda externa que creció aproximadamente dos mil millones de dólares anuales, solo de intereses.
Esa deuda que paga hoy, es la que decía que no había que pagarla (y entrar en default), el partido socialista que era la bancada más numerosa dentro del Frente Amplio durante la crisis del 2002 y en forma más ambigua, el entonces líder frenteamplista, Tabaré Vázquez. Pero hoy se paga, y con creces. Los propios sindicatos de los entes públicos, como AUTE, reclaman contra la presión fiscal sobre las tarifas residenciales y sus efectos en las capas medias de la sociedad.
Con este escenario deberá batallar el próximo gobierno, al que le tocará adoptar las medidas antipáticas concernientes. A su vez, deberá lidiar con el discurso correspondiente a la última campaña electoral, donde todos se comprometieron a no tocar los impuestos como variable de ajuste. Astori ya lo había prometido en noviembre de 2014 y claramente vimos que no cumplió.
En ese entonces era vicepresidente y había dicho “con total precisión y claridad” que “no habrá más impuestos” si el Frente Amplio ganaba la segunda vuelta electoral a fines de ese mismo mes de noviembre. También recordaba que “los cambios que puede haber en el futuro en el sistema tributario serán todos en beneficio del contribuyente”, porque –además– “sería un inconveniente” el incremento de la carga tributaria en relación al producto, según decía unos días antes de las elecciones.
Astori se comprometía a mejorar el sistema tributario “en todas sus expresiones” y “a seguir intentando lo contrario” a una suba de impuestos, en caso de acceder al Ministerio de Economía y Finanzas en un tercer gobierno frenteamplista. El 30 de ese mes ganó el Frente Amplio, Astori retornó a Economía, y cualquiera puede juzgar lo ocurrido en los últimos cuatro años.
Desde hace tiempo que Uruguay enfrenta bajas perspectivas de crecimiento y un creciente déficit fiscal. La duda está en la posibilidad y capacidad del próximo equipo para construir los consensos que le permitan resolver sobre las reformas que deberá poner en práctica para frenar el gasto público.
La candidata a ministra de Economía en un posible gobierno de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, dijo en agosto del año pasado que “parte de la herencia” del actual gobierno sería la posibilidad de perder el grado inversor. El aún presidente del Banco Central, Mario Bergara, salió al cruce y aseguró que “Uruguay no está ni cerca” de esa posibilidad. Por lo tanto, “hacer ruido respecto a que estamos al borde de perder el grado inversor nos parece extremadamente irresponsable e injusto. Y lo peor de todo es que se desconsidera lo que esto implica”, decía Bergara.
El pasado 27 de junio, Fitch emitió una actualización de la calificación otorgada en octubre del año pasado y si bien mantiene el grado inversor, pronosticó un panorama negativo para Uruguay, el cual podría llevar a una baja en la calificación si no se toman medidas. Entre los tres principales problemas detalló: “no lograr reducir el déficit fiscal, ni mejorar el endeudamiento del gobierno en relación al PBI, “persistencia del lento crecimiento de la economía” y “erosión de las reservas internacionales en poder del Banco Central del Uruguay”. Dicho sea de paso, en los últimos meses el Central ha tenido que aguantar al dólar e intervenir con la venta o la compra ante los vaivenes de un escenario regional sensible.
La canadiense DBRS reconoce “algunos signos de fatiga” y dos desafíos fundamentales con el escaso crecimiento proyectado y el creciente déficit fiscal. Y, palabras más o palabras menos, Standard & Poor´s advierte por el déficit y la trayectoria de la deuda que se incrementa gradualmente en un contexto de crecimiento moderado. O sea, nos avisan con tiempo.
Por el momento, hay una gran mayoría sumamente preocupada por ocupar un lugar en las listas y no perder su sillón en cualquiera de las cámaras. Por ahora, solo importa lo que pasará en octubre.