A mediados de este mes, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción el proyecto de ley de gestión integral de residuos promovida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y redactada en el marco de un proceso de tres años de trabajo que involucró a más de 60 representantes y de 28 organizaciones.
La iniciativa apunta a la gestión y tratamiento integral de los residuos domiciliarios e industriales minimizando su generación para que la disposición final sea la última alternativa, a la vez que promueve la puesta en valor de los mismos a través de la reutilización y el reciclaje.
Además del complejo asunto que representan en la mayoría de los casos los residuos industriales, es un hecho que los residuos urbanos constituyen un problema histórico para la gestión ambiental. En particular, hace años se viene reclamando una solución integral para la disposición final de los residuos domiciliarios.
Si bien varios departamentos tienen experiencias en cuanto a diferentes sistemas de gestión a nivel local, también se presentan diferentes situaciones problemáticas y es claro que muchos de ellos se han discontinuado o no funcionan como se esperaba.
Por otra parte, hasta ahora ha sido imposible la existencia de acuerdos que comprendan la actividad de las distintas intendencias en este tema. He ahí parte de la importancia de contar con una herramienta legal de carácter general que comprenda también este aspecto.
En este sentido, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que se trata de “una de las leyes más importantes desde el punto de vista ambiental” puesto que aborda “un problema general que uno lo ve a distintos niveles”, agregando que los gobiernos departamentales necesitan más “herramientas” para la gestión de residuos.
El proyecto, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propone también una estrategia de economía circular que propicie el reciclaje de residuos, potencie nuevas formas de negocios y genere empleos formales.
De esa manera aborda dos temas centrales que seguramente incidirán en las posibilidades de éxito de un plan nacional de residuos –y por ende se convierte en uno de sus mayores desafíos– como la generación de nuevos instrumentos, tanto institucionales como económicos y financieros, que permitan avanzar hacia la mejora de la gestión y, por otro lado, contempla la inclusión social en esta área.
Uno de los objetivos centrales es posicionar los residuos como recurso, reconociendo sus posibilidades de generar valor y empleo, disminuyendo así los índices de disposición final.
Esto implica generar las condiciones ambientales adecuadas para cada etapa del proceso de gestión y avanzar hacia la formalización y la sustentabilidad económica del sector residuos, minimizando la generación en origen frente a cualquier alternativa y, a la vez, promoviendo la reutilización y la valorización del residuo a través del reciclado u otras formas.
Uno de los aspectos importantes del proyecto es que las empresas que ponen en el mercado elementos que luego se transforman en residuos, se hagan responsables de su reciclaje o reutilización.
En este sentido, el proyecto establece que todo generador de residuos de cualquier tipo será responsable de la gestión en todas las etapas, por lo que deberá asumir los costos totales del tratamiento de los desechos.
Por otra parte, busca atender las distintas fracciones de residuos, entre ellas la de plásticos y envases de un solo uso, tan comunes en nuestra vida cotidiana pero también altamente contaminantes para el medio ambiente.
El proyecto de ley avanza también hacia un nuevo modelo de gestión, en base a que se entiende que hoy en día la clasificación de los envases plásticos está básicamente en el sector privado y que éste ha demostrado ser ineficiente para esa tarea. “Después de 10 años de responsabilidad extendida de envases, no han recolectado más del 3% de lo generado y declarado por el sector. Por lo que entendimos que era el momento de proponer un cambio en el modelo de gestión”, señaló Nario.
Además, se otorgará un fideicomiso a los gobiernos departamentales para que los residuos recogidos puedan ser reutilizados en emprendimientos nacionales y que no se vayan al exterior como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.
Esta “estatización” del sistema de reciclado así como la aplicación de una tasa del Impuesto Específico Interno (Imesi), a pagar por el fabricante o importador para financiar la gestión de residuos, son los aspectos más polémicos del proyecto de ley. En este sentido, los cálculos realizados indican que las empresas pasarán de pagar 4 millones a 80 millones de dólares al año, cosa que la Cámara de Industrias advierte que se traspasará al precio de los productos, aunque la mayoría son de la canasta básica.
Frente a esta posición, el proyecto de ley defiende e introduce tributos ambientales para promover cambios de conductas, tal como ha ocurrido con la ley que obliga a cobrar por el uso de bolsas de nylon. El objetivo final es promover el uso de envases que tengan mejores procesos de reciclaje y sean ambientalmente más amigables.
Actualmente nuestro país recolecta menos del 4% de los residuos que podrían ser reciclados. Considerando solo los plásticos, es el 16% de la basura que se genera en el país –unas 450 toneladas por día– y apenas se recicla la décima parte, mientras que aproximadamente 420 mil toneladas ingresan al territorio nacional por año.
Por otra parte, en muchos departamentos persisten los basureros a cielo abierto, mientras que en otros los sistemas de gestión de residuos presentan problemas sistemáticamente. Por donde se lo mire, se trata de un problema ambientalmente perjudicial e insostenible en el mediano y largo plazo.
El modelo de producción y consumo lineal que genera residuos en forma indiscriminada, está en revisión en muchos países del mundo en los que hay experiencias de gestión y valorización de residuos. Esto no quiere decir que deban ser trasplantadas a Uruguay, pero es innegable que ya es hora que tengamos un sistema de gestión de residuos eficiente.
La ley que está en discusión ha tenido un largo proceso de elaboración, intercambio y consulta. Quizá no sea la mejor y puede ser mejorable, pero es claro que se necesita un normativa que sustente la gestión de residuos en el país y que por otra parte, de contarse con ella, debería ser incluida en el próximo presupuesto nacional.
Los intereses en juego también están claros y habrá que ver con qué cambios emerge finalmente de la discusión parlamentaria. No obstante, es innegable su necesidad así como la posibilidad de aplicación en el corto y mediano plazo. → Leer más