Solicitada

La inseguridad nuestra de cada día
Como ahora al oficialismo frenteamplista defensor de casos perdidos no le alcanza con propiciar la inacción y falta de coacción –ni que hablar de la falta de legislación y bloqueo de todo endurecimiento de penas que proponga la oposición–, se pretende intimidar al ciudadano que actúa en defensa propia, en forma justa y cumpliendo todos los requisitos que exige la ley en la búsqueda de mantenerse dentro de ésta.
Mientras tanto al que rompe con todo, incluso la propiedad privada que encuentra a su paso por el solo hecho de exteriorizar su violencia, se lo ampara y se manda a no actuar, al punto de contenerse hasta cuando son grafiteados los propios agentes en una falta total de respeto a la autoridad policial. Se quejan que los jueces imponen penas mínimas, sin embargo cuando se pretende endurecerlas a través de la legislación, toda iniciativa es bloqueada por su mayoría parlamentaria.
El legislador oficialista legisla en contra del ciudadano recto con una ley de armas que lo perjudica. Como si esto fuera poco, el ministro junto a sus jerarcas departamentales, aplican mano dura contra este ciudadano, efectuando acciones por encima de lo legislado para negar la tenencia con la exigencia del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Arma (THATA). Esto trae como consecuencia la exigencia in situ de que entregue las propiedades que posee en el término de 48 horas.
De no hacerlo, se lo denuncia ante fiscalía por tráfico de armas de acuerdo a las especificidades de esta ley, y de persistir la negativa, desacato y posible allanamiento de su domicilio en busca de sus armas registradas, transformándolo en un delincuente más por el solo hecho de haber querido hacer las cosas bien.
De hecho el principal jerarca en lo departamental que tanto salía a hablar verborrágicamente en los medios, hoy ni siquiera concede entrevistas para hablar de temas como la tenencia y porte de armas que pretende tramitar gran parte de la población, y que por supuesto, no son precisamente delincuentes, sino todo lo contrario. Se interpone en forma autoritaria desde esta oficina cualquier denuncia por más que se haya archivado judicialmente o ni siquiera formalizado ante el juez, como suficiente para trabar el trámite. Esto no es lo que especifica la ley que de por sí ya es bastante castradora de los derechos civiles.
Lo que la ley exige es presentar certificado de buena conducta y no se puede aplicar otro criterio para satisfacer al partido oficialista, que pretende, como lo expresa claramente en su proyecto de gobierno para la próxima magistratura, de ganar las elecciones, la eliminación de todas las armas registradas en manos de civiles.
No así de las no registradas, ya que los delincuentes las cargan incluso dentro de la misma cárcel y nos enteramos cuando ocurre algún ajuste de cuentas, como sucedió, por citar un ejemplo entre tantos, cuando el asesinato del “Rambo” por una 9 mm a manos de otro presidiario.
Seguramente nadie quiere quedar mal parado como el Inspector Layera, que cuando dio su punto de vista enfrentando las políticas gubernamentales oficialistas, debió rectificarse y callarse la boca, con la amenaza de pedir su renuncia por parte de legisladores oficialistas como el Sr. Castillo.
Javier Pizzorno, edil del Partido Nacional.